Por Roberto Santa Cruz.- Hasta antes de la pandemia, el derecho al acceso a internet se entendía principalmente como un derecho adjetivo, es decir como un vehículo para garantizar o promover el ejercicio de otros derechos, como la libertad de expresión, derecho a la información, algunos derechos civiles relacionados con el comercio y el principio de libre circulación de los bienes.
Hoy, y luego que la crisis sanitaria desnudara la desigualdad y segregación, las distancias físicas y las carencias de conectividad del país se hacen más evidente, y el derecho al acceso a internet como un derecho social, se plantea como una necesidad que el estado debiera garantizar de manera universal.
La situación es de público conocimiento. Las personas enfrentadas a una serie de cambios «obligados» han debido adaptarse y evolucionar con de manera vertiginosa, sin distinción alguna de clase o poder económico, exigiéndoles estar virtualmente conectados, ya sea por temas laborales o educaciones, sin dejar de lado las relaciones sociales o diversas actividades lúdicas.
En estos tiempos de cambio cada vez más exigentes, en donde se habla de la brecha digital entre las distintas generaciones, brecha digital entre clases sociales, brecha digital entre las zonas con buena, mala o nula cobertura, el acceso a internet resulta ser vital para la vida de todo ser humano. Más de 4.100 millones de personas tienen acceso a internet en el mundo, y durante el 2020, este número ha crecido en un 15%.
En el año 2020, existieron más de 30.000 millones de dispositivos conectados a internet en Chile. El 90% de la información generada en la historia, se ha hecho en los últimos 2 años. Durante un día cualquiera se envían 692 millones de mensajes en Twitter, algo así como 481.000 por minuto. 54.000 millones de WhatsApp en un día, aproximadamente 38 millones por minuto., Facebook posee más de 2.200 millones de usuarios activos. Hay 1.100 millones de usuarios en Instagram y, en promedio, a cada usuario lo siguen 150 personas. Uno de cada siete divorcios se producen por culpa de Facebook. 4.500 millones de registros de datos personales fueron filtrados, pirateados y revelados durante 2018. Cada dos años la información técnica evoluciona completamente, lo que significa que lo que aprende un universitario en su primer año de estudio, ya al tercero estará obsoleto. Mientras he preparado este escrito, han nacido 45 niños en EEUU, 192 en China y 292 en India.
Dado lo anterior y como idea muy general, el acceso a internet en Chile debe ser un derecho básico, de acceso universal para todos y ese derecho debe reflejarse en la nueva constitución. Consideremos que la falta de acceso universal a internet ha aumentado la segregación, toda vez que los estudiantes con menos recursos ni siquiera tienen computador y menos acceso a la red. Se observa, también, que se segrega geográficamente. Las empresas que tienen como única motivación el mercado, no generan cobertura donde hay menos clientes y potenciales deudores.
Un Estado social y democrático de derecho debe garantizar, como ya lo hacen países como Japón, Canadá y Australia entre otros, el acceso universal y publico a internet en su carta magna. Esta es la oportunidad de democratizar los derechos digitales y emparejar la cancha en lo social y geográfica El derecho al acceso al internet, se debe entender cómo un derecho social digital básico de todo ser humano, a través del cual puede ejercer y disfrutar de otros derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, a la educación, al trabajo y al esparcimiento. Declarar este derecho y garantizarlo no es otra cosa que ponerse al día con la Organización de las Naciones Unidas que lo entiende así desde 2016.
Roberto Santa Cruz es abogado y Magíster en Derecho Público