Por José Orellana Yáñez.-El reclamo vehemente de las y los ediles comunales por volver a los municipios que dirigen hace unos días, tras la aprobación del proyecto de ley (en primer trámite legislativo) que les impedía concretar tal propósito, producto de la sospecha que utilizarían el municipio y variados recursos para sus campañas electorales ¿se habría dado si es que estos estuviesen en condición de gobierno local y no de mera administración como es su actual estatus político dentro del ordenamiento institucional del país? (finalmente, el senado repuso vía indicación que volvieran a sus funciones y en siguiente discusión de comisión mixta los ratificó en esa condición).
Se cree que la pregunta, por lo menos, es pertinente. El tratamiento dado a las alcaldesas y alcaldes del país de impedirles volver a su trabajo, tras decretarse otra ampliación de plazo (producto de los altos y negativos indicadores de pandemia) para efectuar las elecciones locales, se ajusta a una típica práctica centralista, donde se invisibiliza o desprecia esta escala de gestión territorial, la cual, con sus luces y sombras, es insoslayable en la arquitectura del estado – nación como también en el sistema político nacional. Fue el poder legislativo, dada la coyuntura electoral, el que decidió qué era mejor para el proceso electoral general (postergación del primer sub-ciclo electoral) y en particular respecto de la elección de alcaldes/as y concejal@s, ello, además, administrado desde el dilema de la legitimidad política que tienen, implicando ejercer la representación política sin el voto popular en una temporalidad que no les corresponde, prestándose para justas e injustas sospechas.
¿Es plausible la conducta de los congresistas? En general sí… ¿por qué? Porque el diseño político institucional centralista y autoritario lo permite desde la misma ley orgánica de municipios Nº 18.695, hasta la potestad congresal de definir qué es mejor o peor para la vida política del país, a partir de la síntesis de múltiples intereses genuinamente altruistas o egoístas, pragmáticos y electorales de uno y otro lado. No se hará referencia al ejecutivo, que sin perjuicio de abogar por la vuelta de las y los ediles a sus funciones en el proyecto de ley original, regularmente los ha escamoteado, independiente de la orientación política que tangan en tiempo y espacio.
Hace poco que los municipios fueron reconocidos (otra vez) como centrales en el cómo enfrentaron el estallido social desde lo político (consultas, plebiscitos, canalización de múltiples demandas a lo largo y ancho de la patria toda). Lo mismo ocurrió y ocurre con la administración de la pandemia. Se observan las alcaldesas y alcaldes entregando recomendaciones en cómo ser más asertivos para dirigir el diseño y ejecución de la política pública que permita acompañar adecuadamente las medidas sanitarias que el Ministerio de Salud y gremios asociados exponen (bonos y otros). Qué decir de la atención primaria de salud (APS), donde otra vez los municipios se hacen centrales para la expresión operativa de la misma (trazabilidad, testeo y otras), más ahora, cuando recrudece la pandemia del covid-19.
También han sido cuestionados por su democracia local imperfecta (alcaldización municipal y local), como por las posibilidades de opacidad que tienen en la gestión cotidiana de su quehacer, que se evidencia, cuando aparece algún informe de contraloría denunciando mal uso de los dineros públicos, o bien, por notable abandono de deberes de l@s alcaldes-alcaldesas, fundamentalmente, respecto al cumplimiento de procedimientos administrativos que redundan en cómo se gastan los recursos públicos (en oportunidades francos malos usos). Así hay varios más aspectos a mirar respecto de las sombras. Las sombras que se conocen también pueden ser explicadas por el diseño en el cual se organizan, pero no será materia de esta opinión.
Más allá de los argumentos plausibles que presentan estos actores políticos institucionales, como es, que están controlados por un concejo municipal, contraloría, SERVEL y otros organismos para no hacer mal uso de su estatus y recursos municipales para sus propias reelecciones, importa señalar que el trato recibido tiene que ver con su condición de no gobierno local. Es un aspecto más a considerar en el debate constituyente, permitiendo así profundizar el proceso descentralizador, la democracia y desarrollo local, redundando en una mejor patria y república.
José Orellana Yáñez es geógrafo, cientista político y Dr. en Estudios Americanos del Instituto IDEA-USACH