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Crítica al sistema tributario

Por Patricio González.- Cuando uno observa las discusiones generadas en torno a una eventual reforma tributaria, encuentra que lo central de las opiniones se encuadran si debe ser un sistema integrado o desintegrado, sin considerar que ambos son meros instrumentos de una política tributaria y no ahondan en cerrar las puertas a la elusión y a la evasión, sino que dejan puertas abiertas para que ello ocurra.

Se necesita, a mi juicio, una reforma tributaria que ataque los nodos del actual sistema o, de lo contrario, será una reforma más, sin que ello contribuya a una mejor y mayor recaudación que permita al Estado obtener los recursos que necesita para el desarrollo de políticas que propendan a un mejoramiento de la condición económica de la gente.

Es así que tenemos nodos que no se han tocado y que debieran generar recursos que el Estado necesita. Por ejemplo, las exenciones tributarias, que un cálculo aproximado las sitúa en -más o menos- US$6.700 millones, y que corresponden a las limitaciones que tiene el impuesto patrimonial del cual hay muchas instituciones exentas (por ejemplo clubes deportivos) cuyos bienes inmuebles terrenos no están gravados.

Los bienes de la Iglesia Católica tienen, también, una absoluta exención. Considerando que el patrimonio en bienes raíces de la iglesia alcanza los US$10.000 millones -de los cuales una parte importante corresponde a los edificios y propiedades que poseen en el centro de Santiago- y los llamados pertrechos militares, que también están exentos de todo tipo de impuestos (algunos podrán decir que es plata del Estado), el Fisco podría recuperar el 20% de esos gastos con cargo al propio presupuesto de las FFAA.

Adicionalmente tenemos la evasión que se produce con el IVA, que es el más regresivo de los impuestos y produce el mayor ingreso tributario. Esta evasión adopta diversas formas, desde incluir las boletas de supermercado en los gastos de empresas hasta la compra de vehículos empresa para uso particular de los ejecutivos.

Ahora, como dice el refrán, “la culpa no es del chancho sino del que le da el afrecho”. Estas situaciones se producen por la falta de fiscalización del SII y por la normativa existente que permite que el infractor se acoja a beneficios como la eliminación de multas e intereses, facultad que la ley consagra, pero que es una atribución discrecional del Director del Servicio. Por ejemplo, solo el 2011 el SII condono multas por US$ 770.000.000.

Hoy en día, los ingresos tributarios del Fisco son cercanos al 19% del PIB, cuando en los países relativamente desarrollados alcanza un 30%, según lo que informa la OCDE, de la cual Chile se siente orgulloso de pertenecer-

Alcanzar una cifra cercana al 30% solo es posible con reforma que incluya impuestos a las ganancias de capital, una legislación y fiscalización que permita detectar rápida y oportunamente las elusiones y evasiones, la eliminación de la exenciones tributarias. Instalar un impuesto a la renta a los supericos y aumentar el royalty minero, pero -adicionalmente- hacerlo extensivo a todas las actividades extractivas, cualquiera sea su naturaleza incluyendo en ella la forestal y la pesquera.

Desgraciadamente, lo anterior solo será posible si realmente exista la voluntad y el convencimiento de que es la única manera de entregar al Estado las herramientas que necesita. Es que ese 1% más rico y que posee el 30% de la riqueza debe estar dispuesto a ceder parte de su riqueza en favor de los más desposeídos. Ahora, este deseo se pone cuesta arriba cuando incluso ex presidentes no pagan las contribuciones de sus viviendas, sean esta la primera, segunda o tercera, y solo lo hacen compelidos por las denuncias de la prensa, disculpándose con alegaciones de desconocimiento de la norma… cosa rara, dado que ellos mismos se han definido como estadistas, doctores en economía o abogados, por lo que sin duda ese comportamiento legitima las acciones de otros. Lo que está claro es que si se tratase de la “señora Juanita”, ya le habrían rematado su casa.

Y a propósito de lo anterior, una reforma tributaria no es la panacea. El Estado debe poner de su parte en la supresión de gastos superfluos y, sumando y sumando, también contribuirán a aumentar la Caja Fiscal. Por ejemplo, no se entiende por qué los chilenos debemos pagar los costos de los Centros de Estudio, Institutos o como se llamen, que cada Presidente ha creado, no se sabe si para su propio disfrute personal, ya que no conocemos cuál es el aporte de estos centros que son pagados por el Estado y que -hasta donde se sabe- no han producido documentos o insumos que puedan servirle al país. Su costo asciende aproximadamente a unos $1.100.000.000 anuales ya que se incluyen los sueldos de los ex Mandatarios y el costo de administración de estos centros.

Ahora, seguirle pagando un sueldo a los ex Mandatarios no tiene ninguna justificación, porque se supone que estos personajes cotizaron previsionalmente en su vida laboral, de manera que deben tener una jubilación, y el seguirles pagando constituye un Bonus Track inaceptable. Pareciera ser que en este lindo país somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. En cualquier caso es evidente que esos $1.100.000.000 podrían ser eliminados y destinados a programas sociales de real impacto.

Estos son algunos ejemplos de los ingresos que se podrían obtener eliminando franquicias tributarias y de otro orden que solo benefician al gran capital. Adicionalmente, resulta imprescindible que se haga una evaluación de los distintos programas que hoy financia el Estado, sean ellos de índole social, tecnológico, científico, dado que tampoco hay evidencia disponible de la efectividad de algunos de esos programas. Sobre ese punto, un estudio hecho por un organismo independiente en 2005 determinó que por cada US$1 que se invertía en un programa, al usuario final solo le llegaban 30 centavos. El saldo, o sea 70 centavos, eran gastados en la administración de cada programa.

Otro caso que no corresponde al ámbito tributario, pero si ámbito de la ética, se refiere a los sueldos y gastos de los parlamentarios y jueces de la República. El costo unitario de cada uno de estos personajes es más de 40% superior a lo que ganan los parlamentarios y jueces de los países de la OCDE, lo que resulta intragable para los parámetros de la ética. No obstante, eso no se toca, lo que podría ser un buen tema para la Nueva Constitución.

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