ElPensador.io.- Una nueva denuncia de la periodista Alejandra Matus a través de las redes sociales, posteando evidencia de que fallecidos diagnosticados con COVID-19 no son registrados con ese diagnóstico en sus certificados de defunción, indica que la cifra real de fallecidos por la pandemia no es la comunicada diariamente desde fuentes oficiales.
Matus expuso el certificado de uno de los fallecidos el pasado 9 de mayo en la comuna de San Joaquín, Luis Sepúlveda, un hombre de 40 años que tenía resultado positivo en el examen de coronavirus, pero en cuyo certificado se determinó que su deceso se produjo por un “Paro cardiorrespiratorio”.
El certificado llama más la atención por cuanto su familia había reclamado públicamente por la demora en la entrega del cuerpo para su sepultura, lo que fue explicado por las autoridades precisamente debido a que estaban tratando de chequear la presencia de COVID-19, lo que finalmente fue confirmado. Pese a ello, su causa de muerte oficial (la que queda en el registro legal y que se usa para la contabilidad oficial) no menciona el resultado del examen de coronavirus.
Un segundo caso expuesto por la periodista es el de una mujer de 89 años que el pasado 1 de mayo llegó al Hospital El Carmen de Maipú, con deficiencia respiratoria y con diagnóstico de COVID-19 anterior.
“Cuando la mujer falleció, (el) funcionario de (la) morgue hospitalaria pidió a uno de sus hijos que le confirmara el diagnóstico COVID, pues no venía en el certificado de defunción. Éste exhibió el resultado del test y gracias a eso se respetaron protocolos, pero el certificado de defunción quedó igual”, afirma. De hecho, el certificado respectivo firmado por un facultativo indica como causa del fallecimiento “Insuficiencia respiratoria aguda y Neumonía”.
La situación es grave no sólo por el manejo de información, sino porque la causa de muerte oficial establecida a través del certificado de defunción es la que determina la activación de protocolos de sepultación en casos de fallecimientos por la pandemia, lo que permite a su vez proteger al personal de las funerarias y a la misma familia. En el caso expuesto, dice Matus, fue el esfuerzo de la familia de la fallecida la que permitió la activación informal de los protocolos, pues no hubo cambios en el certificado.
Estas situaciones llevan a pensar que las cifras dadas a conocer oficialmente, basadas en los certificados de defunción, no estarían tomando en cuenta todas las muertes provocadas por el virus. “En el Cementerio General no ha aumentado el número de funerales en 2020, pero sí la proporción con causal de enfermedades respiratorias. En marzo, 80% más que el mismo mes de 2019; en abril, 24% más; y en lo que va de mayo, 100% más. De ese total, solo un 12% figura como caso COVID”, explica la periodista.