Por Gonzalo Martner.- La revuelta social de fines de 2019 puso en cuestión el orden político, social y económico que ha resultado -de manera híbrida y en muchos sentidos incoherente- de los últimos casi 50 años de conflicto político en Chile, desde aquel golpe de Estado que derrumbó nuestra democracia en 1973.
La narrativa dominante construida ha sido la de un país exitoso, próspero y estable. Pero lo que ha ocurrido es que se ha prolongado un conflicto político hasta ahora larvado, pero no por ello de menor envergadura, y que ha terminado por estallar abiertamente. El problema de fondo es que permanece, a pesar de los esfuerzos infructuosos de muchos, una democracia con un veto oligárquico persistente. Este veto ha llevado a políticas sociales de bajo impacto, a una mínima reducción de las desigualdades, a una severa concentración de la riqueza, a la emergencia de nuevos sectores medios pero sumidos en la precariedad y a espacios urbanos segmentados con franjas de exclusión y de penetración sin control del microtráfico de drogas.
Pero ¿hacia dónde debemos y podemos avanzar? Por supuesto se trata de una construcción eminentemente colectiva con actores muy diversos que se desplegará en un tiempo largo.
Pero podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hoy muchas más personas consideran (¿una amplia mayoría?) que para reorganizar la vida en común en las próximas décadas se deberá partir de otra base que la del individualismo y la des-socialización. Y de otra base institucional que la enmendada pero originada en dictadura que hoy nos rige.
¿Por qué no pensar que la nueva base institucional sea la de una comunidad que se constituye políticamente a través de una democracia política participativa y descentralizada, no condicionada por las oligarquías económicas y sus quorum supra-mayoritarios sino sustentada en la soberanía de ciudadanas y ciudadanos, en el respeto de los derechos fundamentales, en un amplio autogobierno de los territorios y en la paridad de género? Esto es lo que deberá consagrar primordialmente una nueva Constitución.
Esta democracia no debe ser “protegida”, sino una en la que todos los actores acepten el principio de mayoría y el ejercicio del gobierno y la alternancia en el poder según ese principio. Y esta democracia debe consagrar con firmeza la separación de poderes para evitar arbitrariedades de quienes ejercen temporalmente funciones ejecutivas y/o con capacidad de coerción sobre los ciudadanos y ciudadanas. Su base de acuerdo común debe ser el reconocimiento de la igualdad de la dignidad humana, de la diversidad y de las libertades individuales y colectivas, así como la lucha activa contra toda discriminación, especialmente de género, y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos originarios.
¿Por qué no pensar que la base económico-social de un nuevo modelo sea una economía mixta? Mixta en la asignación de recursos, con planificación de la provisión de bienes públicos, fijación centralizada de ciertos precios y operación de un mercado descentralizado en varias esferas. Y mixta en la propiedad de los activos productivos, con actores públicos y privados (sujetos a reglas de responsabilidad social, ambiental y territorial) con y sin fines de lucro (cooperativos, asociativos y comunitarios) o con combinaciones de ambos tipos de fines en las organizaciones económicas.
Para lo anterior se deberá aplicar un principio de «subsidiariedad inversa» como alternativa al promovido por los neoliberales: dejar al mercado o a la economía social y solidaria solo lo que al Estado no le es necesario para promover el interés general o muy costoso o poco ventajoso de hacer, en vez de dejar al Estado solo lo que el mercado no puede hacer.
Si se adoptase este nuevo principio, debería en el futuro existir una prevalencia de los órganos públicos (y por tanto llevar el gasto público progresivamente a 35% del PIB desde el 24% actual) para garantizar progresivamente el interés general en diez áreas claves en materia económica y social:
– La orientación de la política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos para acercarse al pleno empleo, con lógica contracíclica, y una distribución más equitativa del ingreso que la que resulta del funcionamiento de los mercados. Esto supone recaudar tributos suficientes y progresivos, con mayor contribución de las personas de muy altos ingresos y equidad territorial, además de la fijación de precios claves como la tasa de interés, el salario mínimo y las tarifas de servicios básicos, junto a la determinación de las normas de trabajo y de la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
– La planificación estratégica de la transición a una economía circular diversificada, la agregación sostenible de valor y la inserción selectiva en cadenas globales de producción y prestación de servicios (apoyada en un fortalecimiento sustancial de la investigación, desarrollo e innovación productiva), junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos y la resiliencia de los ecosistemas y de los bienes comunes. Las regalías sobre recursos naturales, que deberán ser muy superiores a las actuales, deben financiar el esfuerzo de reconversión y diversificación productiva y un nuevo esfuerzo de industrialización sostenible y de ampliación de los servicios a la producción de alta tecnología.
– La planificación estratégica de las grandes infraestructuras y de los espacios urbanos y rurales como bienes públicos y con sentido de fomento productivo socialmente integrador y ambientalmente sostenible, junto a la regulación estricta del uso del suelo y de las prácticas de especulación inmobiliaria que segmentan socialmente las ciudades.
– La desconcentración de la propiedad, mediante el traspaso de parte importante de las herencias a fondos públicos de administración de capitales con criterio social y ambiental, y la promoción del acceso de los jóvenes a la actividad empresarial con responsabilidad social y ambiental mediante un capital inicial que progresivamente se universalice.
– La desconcentración de los mercados, con fuertes mecanismos anticolusión y de defensa del consumidor, además de la promoción de la pequeña empresa y de la economía social, solidaria y sostenible mediante una banca de fomento efectiva, la faciitación de acceso a mercados y la transferencia tecnológica y de buenas prácticas en las economías locales.
– El acceso universal y gratuito a salas cunas, a una educación preescolar y escolar no segmentada, con escuelas públicas ampliamente fortalecidas y valoradas como fuente primordial de la integración social y la igualación inicial de oportunidades, universidades más reguladas y 100% gratuitas al menos cuando son estatales, junto a un sistema subsidiado de formación continua a lo largo de la vida en las empresas y territorios.
– La provisión de una seguridad social que garantice una cobertura universal de pensiones para todo mayor de 65 años superior a la línea de pobreza y con pensiones contributivas de reparto financiadas con el 10% de la cotización en base a derechos adquiridos por las cotizaciones a lo largo de la vida activa y un 1% destinado a la solidaridad con las mujeres y a asegurar pensiones mínimas cercanas al salario mínimo. El 4% restante debe ser agregado al Fondo de Reserva de Pensiones para sostener el cambio demográfico. Las AFP deben dejar de recibir cotizaciones obligatorias y constituirse en un sistema de ahorros complementarios en condiciones competitivas y voluntarias.
– El fortalecimiento sustancial de la salud pública primaria, de urgencia y hospitalaria, el despliegue de especialistas en todo el territorio y el establecimiento de un Fondo Único de Salud con la cotización del 7% que garantice un Plan de Salud Universal, junto a la fijación de precios de los medicamentos bioequivalentes y su provisión universal pública directa.
– La provisión de un ingreso básico de inserción social, de creciente universalidad según aumente la productividad y la recaudación tributaria y disminuyan los empleos formales con la automatización creciente en perspectiva.
– La desconcentración de los medios de comunicación para asegurar la diversidad y la pluralidad de las expresiones legítimas existentes en la sociedad.