Por José Orellana y Federico Arenas.- En noviembre del año 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó un estudio que da cuenta del movimiento de personas al interior de la Región Metropolitana de Santiago (RMS), titulado “Migración Interna en la Región Metropolitana CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2017”. Entre las conclusiones generales se encuentran algunas que podrían catalogarse como obvias: hay territorios que expulsan personas y otros que las atraen y las concentran. Este estudio, de carácter intrarregional, se suma a otros que ha logrado el INE referido al movimiento de personas en escala interregional, donde, la conclusión es la misma, llamando la atención que no es la RMS la que más población atrae en términos de indicador (sólo de indicador, ya que sigue siendo la más poblada del país).
Sin el ánimo de profundizar en las especificidades de ambos estudios, sí vale en este debate constituyente realizarse la siguiente pregunta ¿por qué las personas se mueven como lo hacen? Nos parece que la pregunta es válida, dado que tanto las causas como las consecuencias del movimiento de éstas implican una distribución, concentración y desconcentración poblacional, que impacta en diversos aspectos de la organización político territorial del país, también en la concentración y desconcentración socio-productiva.
No es ningún misterio en lo genérico, que el movimiento de las personas se explica por una multiplicidad de incentivos/desincentivos, los que van desde los económicos (empleo, servicios), políticos (conflictos políticos expulsores, etc.), sociales (educación, salud, etc.), culturales (identidades), ambientales (degradación), geográficos (catástrofes socio-naturales diversas), entre otros. Esta dimensión, en el entendido que mujeres y hombres tienen la libertad para generar el desplazamiento de un lugar a otro, libertad que se explica en parte por medio de un poder adquisitivo suficiente mientras que, por otro lado, se expresa por los soportes institucionales que permiten o no el desplazamiento interno, el cual va desde el ordenamiento constitucional a los instrumentos de planificación territorial (cuando definen áreas residenciales, por ejemplo).
Existen desplazamientos forzados, por ejemplo, por catástrofes o conflictos. Durante la dictadura cívico-militar, fueron emblemáticos los procesos de erradicación y radicación de población popular en el país y muy notorias en la Región Metropolitana, teniendo como soporte político-ideológico un eje propio de las dictaduras latinoamericanas, como fue el ataque al enemigo interno vía Doctrina de Seguridad Nacional. Se podría afirmar que parte de la segregación urbana de la Región Metropolitana del Santiago actual, tiene que ver con esta política, la que se acompañó por una política de Desarrollo Urbano inaugurada en las postrimerías de la década de 1970, siendo la liberación del precio del suelo uno de sus principales ejes de acción.
Recuperada la democracia en la década de los 90’ del S.XX, se podría afirmar que los desplazamientos de personas se explicaron por un modelo de desarrollo que tuvo en las lógicas del mercado el eje estratégico de acción. Un modelo de desarrollo abierto al mundo, donde la ecuación importación y exportación se selló por medio de múltiples acuerdos de libre de comercio regional latinoamericano como extra-regional, privatización de la economía (puertos y aeropuertos entre otros), subsidiaridad del estado, sistema de concesiones (viales, longitudinales, transversales y urbanas sobre todo), entre otras.
Más en específico, teniendo al mercado como soporte de acción de lo público, se podría afirmar que los desplazamientos poblacionales también se explican por la acción de las empresas inmobiliarias privadas y públicas (Estado-MINVU-SERVIU), en función de un suelo y unos instrumentos de planificación territorial que permiten o no uno u otro tipo de poblamiento. Por lo tanto, los desplazamiento de personas, no siempre tienen que ver con la actividad económica a la cual se encuentran anclados, sino que más bien, con la satisfacción de la necesidad esencial, como es un lugar donde vivir y dónde crear una familia-hogar.
Los resultados de la integración de estas variables han permitido varias anomalías cuando de la dignidad de las personas se trata, a propósito de sus desplazamientos. Entre ellas, se encuentra la segregación urbana radicalizada que atenta contra la democracia territorial, proyectos inmobiliarios emplazados en zonas de peligros naturales, proyectos inmobiliarios cuya constructibilidad es insana para una familia de cinco integrantes (m2 de construcción y patios), lo anterior con servicios urbanos precarios (salud, educación, áreas verdes, comercio, otros), sin perjuicio de algunos avances que se han constatado sobre estas materias.
Además, se podría afirmar que la relación entre una precaria regulación del suelo (especulación mediante) y los instrumentos de planificación territorial coadyuvan a un desplazamiento de personas a una u otra comuna determinando tensiones urbanas (servicios) y nuevas economías/des-economías del mismo orden (por ejemplo, el transporte urbano) e inclusive, en la calidad de vida de miles de personas, las que destinan más de cuatro horas para ir a su trabajo y volver a su lugar de residencia, explicando de esta forma un crecimiento acelerado de la superficie urbanizada, provocando conurbaciones urbanas y necesidad de gobernanzas ad hoc, sea por la vía de creación de Áreas Metropolitanas, como ya aparecen consignadas en las herramientas de descentralización, y que dotarían a los respectivos Gobiernos Regionales (GORE) de la posibilidad de nuevas atribuciones en diversas materias.
Estos desplazamientos, concentraciones-distribuciones de personas tienen también impacto en la geografía política electoral del país, dado que unas comunas tienen más y nuevo electorado, mientras que otras disminuyen su número, viéndose sobre-representadas o sub-representadas unas u otras. Una situación similar ocurrirá con los GORE, más cuando su gobernador/a regional deberá ser escogido por el voto popular en regiones sobrepobladas v/s la subpobladas. Lo mismo ocurre, en los territorios electorales, ya sea en los distritos (diputados) o circunscripciones (senadores), que coinciden con los de las regionales, generándose el mismo efecto, ahora en el Congreso Nacional. Por lo tanto, los desplazamientos internos de personas tienen también un impacto en el principio de representación política, determinando la democracia territorial en las diferenciadas nomenclaturas político-institucional del Estado y República de Chile.
Así, ¿cómo aborda el proceso constituyente en su dimensión institucional (convención) y no institucional (cabildeo territorial), el desplazamiento de personas al interior del espacio geográfico nacional para dar cumplimiento al principio constitucional deseable de la Equidad Territorial como posibilidad de dignidad humana, junto con más y mejor democracia?, a su vez, en el entendido que más democracia es igual a mejor comprensión de las problemáticas territoriales y viceversa, esto es, considerar al territorio como herramienta de logro de más democracia ¿cómo se concreta en el logro de un modelo de desarrollo centrado en la persona humana, con políticas públicas que impidan segregación urbana, centralismo político, concentración económica territorial nacional-regional-comunal, entre otras situaciones?
Las respuestas a estas preguntas son relevantes, más cuando ha sido la Geografía de la Multitud, con sus múltiples expresiones políticas y sociales la que es depositaria de la legitimidad en las diferenciadas e interrelacionadas escalas del actual momento constituyente.
José Orellana Yáñez es académico de la Escuela de Ciencia Política UAHC y Federico Arenas, director del Inst. de Geografía UC