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Contraloría detecta irregularidades en millonarias licitaciones de Vialidad en La Araucanía

ElPensador.io.- Una serie de irregularidades constató la Contraloría General de la República en un informe de auditoría efectuado a licitaciones para la construcción de caminos efectuadas por la Dirección Regional de Vialidad (DRV) de La Araucanía durante 2017, adjudicaciones que superan los 2.500 millones pesos.

La más importante de ellas es que habría elementos que dan cuenta de faltas a la probidad por conflictos de interés no declarados entre el ex titular de la DRV, Manuel Robles Jiménez, y el proceso que adjudicó trabajos a la constructora Cygsa, donde trabaja su cuñado. “Si bien no suscribió las actas de adjudicación, si consta que aprobó los estados de pago de esa empresa. Asimismo, se corroboró que dicho funcionario tampoco informó a su superior jerárquico, la inhabilidad que le afectaba al configurarse el conflicto de interés”.

Respecto al caso de Robles, se constató que bajo su mando y solo durante 2017, se adjudicaron 5 contratos a la empresa Cygsa -donde trabajaba en ese entonces su cuñado, como gerente de la zona sur de esa empresa- por un monto total de $2.579 millones.

De acuerdo a las actas de la licitación analizadas por la Contraloría, Robles se abstuvo de votar en el proceso de decisión. Pero según la ley, lo que correspondía era que se dejara fuera a la empresa Cygsa por el parentesco directo y la influencia de su cargo.

“Se verificó que el ex Director Regional de Vialidad no se abstuvo de participar totalmente en el desarrollo de los contratos singularizados previamente, pues, si bien no suscribió las actas de adjudicación, aprobó en lo sucesivo los correspondientes estados de pago de la firma asesora, lo que transgrede el principio de probidad administrativa”, afirma el informe de auditoría, y agrega que Robles “no ha informado a su superior jerárquico la inhabilidad que le afecta al configurarse el conflicto de interés con la empresa Cygsa”.

Una segunda irregularidad detectada por la Contraloría es el pago a empresas contratistas de obras que no se ejecutaron. Uno de los casos asciende a $16.700.000, además de una multa por 516 UTM ($24.628.000) que no fue pagada. Es más, la inspección fiscal señala que las obras (se trata de una obra de emergencia en el Puerte El Cerduo en Pucón) estaban completamente terminadas, en circunstancias que no fue así, según constató el organismo fiscalizador.

 

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