ElPensador.io.- $100 millones de pesos deberá pagar la Iglesia Católica a cada una de las tres víctimas de abuso sexual del ex sacerdote Fernando Karadima, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago diera su aprobación a la indemnización.
El tribunal validó la acusación de Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton contra la Iglesia, como responsable final del pedófilo ex párroco de El Bosque y avaló el pago por concepto de daño moral. Además, revocó un fallo de un tribunal de primera instancia que no encontró pruebas de un encubrimiento de la iglesia.
El fallo puede sentar precedente para los cientos de otros casos de víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes y religiosos de congregaciones, quienes ya buscan por otros medios una compensación por los efectos que tuvieron en ellos las acciones de quienes ejercían como sus líderes espirituales.
«Esto nos ayuda a todos los que hemos vivido este horror, y por eso estamos felices», dijo Cruz en Twitter.
También se sumó el ex fiscal Carlos Gajardo, quien comentó que la “Corte de Apelaciones establece la doctrina correcta, revoca fallo de primera instancia y ordena al Arzobispado de Santiago a indemnizar a Hamilton, Cruz y Murillo por ser responsables civilmente por los abusos cometidos por Karadima. ¡Bien por la justicia!”.
El arzobispado de Santiago ya anunció que no apelará a este dictamen. «El Arzobispado de Santiago manifiesta su conformidad con el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago y confía en que esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima», se informó a través de un comunicado.
«Este fallo marca un paso importante en nuestro proceso de reestablecer la justicia y la confianza en nuestra Iglesia de Santiago, porque apunta directamente a las falencias que tuvimos en este caso», aunque afirman que la sentencia «excluye que haya habido encubrimiento de los abusos por parte del Arzobispado».
Sin perjuicio de lo anterior, «la resolución atribuye responsabilidad a la institución por los errores que hemos reconocido desde un comienzo: la forma en que se tramitaron las denuncias presentadas por los demandantes, la inadecuada valoración de las mismas y la falta de acompañamiento a las víctimas».