ElPensador.io.- La justicia sueca eximió de responsabilidad al conglomerado minero de ese país Boliden Metals, por el transporte de desechos tóxicos de la actividad minera hasta la ciudad de Arica. Así lo estimó hoy un tribunal de apelación de Umeå, Suecia, considerando que la responsabilidad de la empresa estaba prescrita. Además, los demandantes, casi 800 ciudadanos de Arica, deberán pagar las costas del juicio.
El traslado se hacía desde los años 80, e implicaba traer los desechos de la función Rönnskärs, de la firma, hasta la puerta norte de Chile.
De acuerdo con un artículo del activista Rodrigo Pino, en el medio especializado The Ecologist.com, “Boliden podría haber optado por almacenar el material en Suecia, y afirman que habría sido más barato para ellos hacerlo. En su lugar, lo enviaron al otro lado del mundo en un acuerdo con la ahora desaparecida compañía minera chilena Promel S.A.”.
Los términos del acuerdo de Boliden con Promel no están claros. Boliden afirma que Promel compró el lodo de la fundición con el fin de revender los productos extraídos.
Sin embargo, dice Pino, “un informe parlamentario de la Unión Europea sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas afirma que ‘es un hecho indiscutible que Boliden pagó a Promel 10 millones de coronas suecas (aproximadamente 1 millón de euros) por cuidar los lodos’».
Pero lo que finalmente ocurrió es que Promel no procesó la mayoría de los lodos de la fundición, y casi 20 mil toneladas, que contienen arsénico, mercurio, plomo y otros metales pesados, se abandonaron en las afueras de Arica, al descubierto, por años, y a medida que la ciudad creció, el vertedero tóxico comenzó a quedar cada vez más cerca de áreas pobladas, sin protección ni advertencias.
En 1998, el gobierno chileno estimó que aproximadamente 5 mil personas habían estado expuestas a toxinas peligrosas, y en 2009 identificó una variedad de enfermedades y afecciones de salud entre los ariqueños, incluidos cánceres, defectos de nacimiento, altas tasas de aborto involuntario y trastornos neurológicos.
Según Pino, “aproximadamente 12 mil de mis conciudadanos han sido afectados, parte del área ha sido considerada insegura para la vivienda y el gobierno chileno ha iniciado un plan de evacuación a gran escala”.
El fallo se produce tras una acción legal iniciada contra Boliden por 796 residentes de Arica, que se encuentra ante el tribunal de apelación en Umeå, Suecia. El caso es técnico y el resultado puede depender de la capacidad de los residentes para establecer un vínculo causal entre los niveles elevados de arsénico en sus cuerpos y el fango de la fundición exportada.
En marzo del año pasado, un Tribunal de Distrito en Suecia llegó a la conclusión de que las víctimas no habían establecido ese vínculo, aunque luego descubrieron que era «notable y negligente que Boliden hubiera continuado la relación con Promel después de darse cuenta de que cualquier residuo exportado terminaría en un lugar descubierto», y admitieron que eso no sería aceptable en Suecia.
El fallo de hoy del Tribunal de Apelación de Upper Norrland declara que el caso está prescrito, y que ha pasado mucho tiempo desde que Boliden vendió y exportó grandes cantidades de material en los años 80 que permanecieron después de los procesos en Rönnskär en Skelleftehamn.
Esto significa que Boliden es liberado de responsabilidad y que los casi 800 ciudadanos chilenos que solicitaron indemnización por daños no lo reciben. En cambio, están obligados a pagar las costas, según informa Sveriges Radio.
No importó en este fallo que la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), la red más grande de organizaciones de ciudadanos ambientales en Europa, ha escrito una carta en apoyo a las víctimas chilenas que se presentó recientemente a la Embajada de Suecia en Chile junto con una petición firmada por 2.700 residentes de la zona.
La EEB hizo cuatro demandas al gobierno sueco: que un representante del gobierno sueco con sede en Chile visite el sitio afectado y se reúna con las víctimas de la contaminación ambiental; que el gobierno trabaje con la comunidad afectada en el desarrollo y la entrega de un programa de atención médica eficaz que responda a los daños sufridos; que el gobierno pague reparaciones a la comunidad en reconocimiento de su papel en permitir la exportación de los desechos tóxicos de Suecia a Chile; y repatriar los residuos para que puedan procesarse de forma adecuada y segura en Suecia.