Por César Chelala, The Globalist.com.- Una de las consecuencias más olvidadas de la pandemia de COVID-19 en rápida evolución, es el aumento de la violencia contra las mujeres de todas las edades.
ONU Mujeres lo ha llamado “la pandemia en la sombra” y António Guterres, el secretario general de la ONU, ha dicho: “La paz no es solo la ausencia de guerra. Muchas mujeres encerradas por el COVID-19 enfrentan violencia donde deberían estar más seguras: en sus propios hogares ”.
La violencia doméstica no es, por supuesto, un fenómeno nuevo. Antes de la pandemia, se estima que 243 millones de mujeres y niñas (de 15 a 49 años) en todo el mundo habían sido víctimas de violencia sexual o física durante los 12 meses anteriores, en la mayoría de los casos perpetrada por una pareja íntima.
Ese número ha aumentado significativamente con la evolución de la pandemia, debido en gran medida a las necesarias medidas de permanencia en casa impuestas por las autoridades.
Los gobiernos y las autoridades de salud pública de Argentina, Canadá, España, Alemania, los Estados Unidos y el Reino Unido han llamado la atención sobre la violencia doméstica y el aumento de la demanda de refugios de emergencia para mujeres maltratadas.
En países como Singapur y Chipre, las líneas directas de violencia doméstica han registrado un aumento en las llamadas de más del 30% desde el inicio de la pandemia, al igual que los trabajadores de primera línea en Australia.
El aislamiento fomenta el abuso
Las condiciones de aislamiento fomentan no solo la violencia física sino también psicológica, que puede ser aún más devastadora para las víctimas. Además de la violencia directa, otras formas de abuso incluyen vigilancia constante, reglas estrictas de comportamiento y acceso limitado a artículos básicos como alimentos, ropa e instalaciones sanitarias.
Todo esto se complica por las medidas de aislamiento de familiares y amigos. Como resultado, los albergues para mujeres maltratadas y los sistemas de salud están ahora al límite.
Se sabe que la violencia interpersonal, en particular los casos de violencia doméstica, aumenta en tiempos de crisis con creciente desempleo, aumento del número de enfermos y escasez de recursos comunitarios.
Un problema poco informado
También se sabe que muchos casos no se notifican, lo que dificulta la recopilación de estadísticas que muestren el impacto real del problema. Se estima que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia denuncian el delito o buscan ayuda.
Las razones son complejas, desde el miedo a las represalias de sus abusadores, a los sentimientos de vergüenza por la situación, a la preocupación de que tanto la policía como el sistema legal no responderán a su difícil situación. De las mujeres que denuncian abusos, solo el 10% acude a la policía.
La situación se complica aún más con la liberación de los reclusos de las cárceles que se han convertido en un semillero de la propagación de la pandemia. Cuando algunos de estos internos regresan a sus hogares, recrean las condiciones de violencia que los llevaron a la cárcel.
Es por eso que las víctimas deben ser notificadas sobre las liberaciones de los reclusos y el gobierno local debe implementar medidas preventivas y de apoyo cuando sea necesario.
Estados Unidos y CEDAW
Dado que los gobiernos, las ONG y el sector privado necesitan incorporar la perspectiva de género en todas sus respuestas al COVID-19, Estados Unidos debería ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), uno de los instrumentos legales más importantes sobre derechos de las mujeres.
Estados Unidos es el único país de las Américas que aún no ha ratificado esta convención.
La CEDAW obliga a los Estados Partes a condenar la discriminación en todas sus formas y a garantizar un marco legal para proteger los derechos básicos de las mujeres. También aborda cuestiones como la educación, el empleo, la atención médica y la trata de personas.
La negativa de Estados Unidos a ratificar esta convención lleva a otros gobiernos a ignorar más fácilmente el mandato de la CEDAW y las obligaciones que se derivan de ella.
Particularmente ahora, en un momento en que la violencia contra las mujeres y las niñas está aumentando debido a la pandemia, Estados Unidos debe responder con acciones concretas para garantizar los derechos de las mujeres.
César Chelala es consultor global de salud y editor colaborador de The Globalist en Nueva York, EEUU.