ElPensador.io.- Acosado por la comunidad internacional, tras más de dos semanas de violentas protestas y por una policía y Ejército que cada vez más estaba de parte de quienes exigían nuevos comicios, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, echó pie atrás a su intento por proclamarse nuevamente como mandatario después de 13 años en el poder, y renunció a su cargo.
Más temprano en la mañana del domingo, había convocado a una repetición de las elecciones, luego que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalara que las elecciones del 20 de octubre tenían fallas en su ejecución y no podían ser legitimadas. Luego, durante el día, y ante nuevos ataques de manifestantes, el jefe de la policía y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pidieron a Evo Morales que renunciara.
Los ataques incluyeron la casa de la hermana de Evo Morales, que fue incendiada, así como las de dos ministros y del presidente de la Cámara de Diputados, todos los cuales renunciaron primero. Todos los afectados denunciaron que no fueron protegidos por la policía.
«Estamos renunciando para que no sigan siendo amedrentadas nuestras familias», declaró Evo Morales.
La votación del pasado 20 de octubre -en la que se presentó pese a un referendo previo que perdió y que le impedía postularse para un nuevo período- fue el gatillante para una ola de protestas cuyo resultados hasta ahora son 3 fallecidos y más de 200 heridos.
La chispa que encendió la llama se produjo tras las elecciones. La noche de los comicios Morales lidera el conteo con el 45,28% de los votos frente a Carlos Mesa (38,16%). En Bolivia, para evitar una segunda vuelta se debe sacar más del 50% de los votos o dominar la votación con más de 10 puntos de ventaja. La diferencia se amplió hacia el lunes 21 de octubre, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorga el 46,4% de los votos a Morales, contra 37,07% para Mesa. Todavía no alcanzaba para una victoria de Morales en primera vuelta y Mesa denuncia “fraude”.
Cronología de la crisis
Ahí comienzan las manifestaciones en las calles, donde se producen violentos incidentes, que incluyen incendios, enfrentamientos con la policía y saqueos. En las protestas se queman tres oficinas regionales del Tribunal Supremo Electoral. En ese escenario, Morales denuncia que “está en proceso un golpe de Estado”, acusando a la derecha boliviana y al apoyo internacional.
Pero la huelga se extiende en los días que siguen.
El mandatario no hace caso de las protestas y el viernes 25, tras el conteo total, Morales es declarado oficialmente ganador con el 47,08% de los votos frente al 36,51% de Mesa.
El resultado es impugnado por la oposición, la Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia y Argentina, instancias todas que demandan una segunda vuelta. El 31 comienza una auditoría de la OEA sobre el recuento, solicitada por el gobierno pero rechazada por la oposición.
El 2 de noviembre, la oposición más radical insta a Morales a renunciar, y a la policía y el Ejército, se les pide que se pongan “del lado de la gente”. Morales se ve jalado por estos llamado y siente que puede perder el apoyo militar, por lo cual llama a las Fuerzas Armadas a “servir al pueblo boliviano” manteniéndose cerca de su gobierno. Mesa insistía en la necesidad de nuevas elecciones.
La violencia de las protestas se mantiene en Cochabamba y bloqueos en otras partes del país. En una localidad (Vinto) se incendia el municipio y se obliga a la alcaldesa a caminar descalza por el pueblo, cubierta de pintura roja, bajo insultos y amenazas.
Pero hacia el pasado viernes 8 de noviembre, tres unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz y se observan escenas de fraternización entre policías y manifestantes en La Paz, con lo que la rebelión se extiende a otras regiones del país. Morales denuncia un golpe de Estado “en curso”, pero el gobierno descarta una operación militar contra los amotinados. La política incluso se había negado a seguir resguardando la casa de gobierno, con los que la situación se tornaba insostenible.
Acosado, este domingo Morales anunció que convocaría a “nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a nuevas autoridades”, no sin antes pedir el cambio de todos los integrantes del Tribunal Supremo Electoral.
Poco antes, al dar a conocer el informe preliminar de su auditoría, la OEA había exigido la anulación de las presidenciales de octubre y la realización de nuevos comicios.
La crisis no iba a terminar
La oposición y los comités cívicos que habían tomado el liderazgo de las manifestaciones no aceptaban nuevas elecciones con Morales, al que ya en la cita con las urnas del 20 de octubre consideraban un candidato ilegal.
El Presidente llevaba en el poder desde 2006, lo que lo convertía en el Mandatario con más tiempo en la Presidencia en la historia de Bolivia. Su actual mandato debería extenderse hasta el 22 de enero de 2020.
La Constitución que el mismo Evo Morales promulgó en 2009 establecía que solo son posibles dos mandatos seguidos y en 2016 un referéndum le negó la posibilidad de presentarse a un cuarto.
Pero el Tribunal Constitucional falló que el primero de los períodos de Morales no contaba, porque el país se “refundó” pasando del estado de “República” a “Estado Plurinacional”, y después determinó el derecho a la reelección indefinida, por lo que pudo presentarse para un tercero y luego para este cuarto.
Sin embargo, para el gobierno, la oposición validó las elecciones al presentarse a ellas, pese a que nominalmente consideraban ilegal la candidatura de Evo Morales.
El líder cívico Luis Fernando Camacho, erigido en la voz opositora más relevante, era uno de los más fuertes en exigir la renuncia de Morales, para dar paso a un Gobierno de transición. De hecho, tenía previsto este lunes acudir a la sede del Gobierno con el objetivo de entregar a Morales un escrito para que firmara su renuncia, a lo que convocó a miles de seguidores y a un palacio de gobierno con menor resguardo.
(Noticia en Desarrollo)