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Ñuñoa: querella del SII destapa trama de nombramientos y coimas tras empresario del arbolado urbano

 ElPensador.io.- Una compleja trama de aprobaciones, nombramientos, permisos y regalos en dinero escondido en cajas de vino, relaciona al millonario negocio del arbolado urbano, a la Municipalidad de Ñuñoa y a un empresario que ya antes había sido acusado de cohecho y estafa.

La punta del iceberg del caso es la aprobación en diciembre de 2018 por parte del municipio del traspaso del contrato de una empresa del ingeniero comercial Gerard Bozzo De la Fuente, denominada Gestión Activa (también aparece con el nombre de Servicios Metropolitanos) -que estaba bloqueada por el Servicio de Impuestos Internos para seguir operando por un fraude de IVA de varios cientos de millones de pesos- a otra empresa recién creada y sin experiencia que de pronto apareció comprándola, denominada Chile Prados.

De acuerdo con antecedentes emanados de la carpeta investigativa que se sigue tras una querella del SII -iniciada el 12 de abril de 2016 contra Daniel Delgado, ex gerente de las empresas de Bozzo, incoada en el 8° Juzgado de Garantía tres días después e investigada por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público-, a los que tuvo acceso ElPensador.io en exclusiva, la aprobación del municipio la habría gestado el actual Director Jurídico del municipio, Ludwig Bornand, quien anteriormente se desempeñaba como abogado de Servicios Metropolitanos y Gerard Bozzo, y luego aprobada por el alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi.

Acta pública en que el actual director jurídico de la Municipalidad de Ñuñoa firmaba como abogado de la empresa de Bozzo cuyo traspaso más tarde autorizó.

Si el alcalde Andrés Zarhi, que contrató a Bornand, conocía de su vinculación con la firma proveedora, hasta ahora no está claro y no ha sido respondido por la Municipalidad.

Pero no solo eso: la validez de la aprobación está fuertemente en duda, debido a que solo se justificó en base a los antecedentes de la empresa nueva que aparecía comprando (tenía solo nueve meses y un capital de $1.000.000), Chile Prados SpA, y no de la comprada y dueña de los contratos con el municipio, que estaba sancionada por el SII. Además, una licitación en el área de arbolado urbano requería permisos fitosanitarios que Chile Prados no tenía ni acreditó al momento de ser autorizada, de acuerdo con el Decreto N°737 que publicó las bases de la licitación de arbolado urbano. Las mismas bases señalaban como causal de término anticipado del contrato el que la empresa que provea el servicio caiga en insolvencia, y el bloqueo por parte del SII era una muestra notoria de ello, por lo que debió procederse con la cancelación de su contrato en vez de la aprobación de una compra que enmascaraba esa insolvencia.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que, de hecho, la empresa Chile Prados SpA fue creada por una persona que tendría un vínculo familiar con Gerard Bozzo, de nombre Ignacio Zúñiga Barría.

Fue tan a oscuras la autorización, que el 15 de enero pasaso apareció el nombre de Chile Prados en una presentación ante el Concejo municipal y los ediles presentes recién escucharon ese nombre y el hecho de que esta era la empresa que ahora se haría cargo de la mantención del arbolado, un negocio que paga en promedio unos $70 millones mensuales al proveedor del servicio.

Esta no es la primera operación de este tipo avalada por la Municipalidad de Ñuñoa (y su alcalde Andrés Zahri) y que beneficia al mismo empresario. En noviembre de 2015, Servicios Metropolitanos adquirió a la empresa DPA, cuando ésta se encontraba también bloqueada por Impuestos Internos. DPA también estaba en manos de Bozzo.

Lo extraño es que en el municipio se haya mantenido esta relación con un empresario que tenía antecedentes públicos y acusaciones por cohecho. De acuerdo a una investigación del diario La Opinión de Chiloé, en 2004 estuvo involucrado en la contratación de un funcionario como SECPLAN de la Municipalidad de Ancud con un título falso, lo que le habría permitido gestionar $34 millones de pesos en pagos indebidos para la constructora de Bozzo, Becsa.

En 2007 fue formalizado por cohecho en uno de los casos que terminaron costándole el puesto al ex alcalde de Ancud, Pablo Ossio (DC), tras haberse comprobado depósitos en las cuentas personales del entonces jefe comunal.

En junio de 2008 apareció en el programa “Esto no tiene nombre”, por denuncias contra su empresa Becsa por boletas de garantía falsificadas.

Dinero en cajas de vino

La relación de Bozzo con la Municipalidad de Ñuñoa fue denunciada en el marco de una querella del SII contra uno de sus colaboradores, Daniel Delgado, quien destapó declaró los vínculos del empresario y la manera en que creaba o quebraba empresas, evadiendo el pago de IVA o inflando sus declaraciones impositivas para aumentar su crédito fiscal. La querella de Impuestos Internos estima el fraude en casi 900 millones de pesos, y Delgado describió los traspasos de la trama de empresas a cuentas de Bozzo por más de $17.800 millones.

Uno de los testimonios presentes en la carpeta investigativa es de Joaquín Bravo De la Fuente, primo de Bozzo, quien señala describe la forma en que se pasaban “regalos” de entre $1 millón y $3 millones a funcionarios a través de cajas de vino, que iban a parar tanto a la Municipalidad de Ñuñoa como al Ministerio de Obras Públicas (dado que Bozzo también tenía intereses en el área de la construcción). “Recuerdo que varias veces me pidió que estas platas que sacaba en efectivo se pusieran en cajas de cartón, como para regalar vinos. Ahí ponía $1.000.000, $1.500.000 e incluso hasta $2.000.000 o $3.000.000. Esto simulaba mejor que un sobre dada que era una cantidad importante de billetes… el comentario de oficina era que se trataba de regalos para alguien en el MOP… Estos sobre o cajas (también) iban a la Municipalidad de Ñuñoa, en menor medida que al MOP, aunque la relación con la Municipalidad la llevaba Gerard (Bozzo)”.

Luego, en su testimonio Bravo habla de una coima concreta: “Recuerdo que en el mes de diciembre de 2016 Gerard estaba de vacaciones y me dejó dos cheques para sueldos, por $10.757.795 y uno de $9.000.000. Respecto de este último, Gerard me pidió que lo mantuviera guardado a la espera de instrucciones… el 30 de diciembre en la mañana Gerard me pidió conectarme con Roberto Epuleo (ex Secpla) de la Municipalidad de Ñuñoa, a quien debía entregarle $9.000.000. Esto me instruyó Gerard por Whatsapp y me contacté con Epuleo, con quien me encontré cerca del mediodía en la calle Suecia con Costanera”.

Fuentes cercanas a la investigación comentaron que un rol como ese es clave, pues el negocio de la mantención del arbolado urbano implica pagos municipales de unos $60 millones mensuales, pero puede llegar hasta $100 millones pues se puede autorizar montos adicionales por volúmenes mayores de árboles mantenidos.

En otro testimonio, del ex mano derecha de Bozzo, Daniel Delgado, ante el Ministerio Público relata que “Gerard me comentó a propósito de la Licitación de 2016 que necesitaba a Jaime Belmar (quien había sido Secplac de Ñuñoa con el alcalde Pedro Sabat), para que volviera a ser Secplac de Ñuñoa, él le dijo que estaba ganando $4.000.000.- en la Asociación de Municipalidad, donde en ese momento él trabajaba y que para volver a Ñuñoa requería mantener ese ingreso, lo que no podía ser en principio dado que el sueldo del Secplac son $2.000.000.- Gerard me comentó que él le iba a pagar y le pagó la diferencia, dado que Jaime Belmar volvió a ser Secplac, esta vez nombrado por Andrés Zarhi, en abril de 2016 aproximadamente, adjudicándose el contrato en agosto de 2016 a Servicios Metropolitanos”.

Los antecedentes derivados de la querella de Impuestos Internos apuntan a que todo lo expuesto es sólo la punta de una madeja que, con el mismo modo de operación, se intrincaba entre las empresas de Bozzo y las instituciones estatales con las que interactuaba.

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