Por Juan Medina Torres.- Al menos 19.254 feminicidios se han registrado en los últimos cinco años en América Latina y el Caribe según los últimos datos oficiales informados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto representa, por lo menos, 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día.
Las tasas más elevadas se observan en Honduras (4,3 casos por cada 100.000 mujeres), Guatemala (1,9 casos por cada 100.000 mujeres) y República Dominicana (1,5 casos por cada 100.000 mujeres), seguidos por Puerto Rico, Cuba y Bolivia (todos con una tasa de 1,4 casos por cada 100.000 mujeres). Chile presentó la tasa más baja: 0,4 casos por cada 100.000 mujeres. El 36% de los casos registrados en el país correspondió a mujeres de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 44 años, con un 34%.
Al igual que en años anteriores, los datos de 2024 muestran que la mayor amenaza a la vida de las mujeres proviene de los hombres con los que tienen vínculos más cercanos.
La prevención y eliminación del feminicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente de la Década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en referencia al acuerdo establecido en el Compromiso de Tlatelolco, aprobado en la XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe.
Solo en ocho países de América Latina existen normas que amparan a las víctimas indirectas, es decir, hijos, hijas y otras personas dependientes de las víctimas de feminicidio. Estas leyes están orientadas a la protección, a través de servicios estatales de atención, y a la reparación económica mediante indemnizaciones. En otros países se han establecido mecanismos como el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio creado en México. En Chile, en 2023 se dictó la Ley 21.565, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y suicidio femicida y sus familias.
Otra cifra preocupante es la relacionada con femicidios frustrados. En el año 2024, 14 países registraron 5.502 casos, lo que evidencia la progresión de conductas violentas que pueden culminar en asesinato. La cifra confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta, la valoración del riesgo de sufrir violencia letal y la respuesta institucional oportuna para prevenir todas las formas de violencia feminicida.
Fortalecer el acceso a la justicia y mejorar las respuestas institucionales es esencial para prevenir la violencia por razón de género. La persistencia de estos crímenes en la región nos exige respuestas oportunas y acelerar las transformaciones necesarias con sentido de urgencia, plantea la CEPAL.
La preexistencia de denuncias de violencia de género muestra la importancia de reforzar las medidas de protección, la evaluación del riesgo feminicida y la implementación de protocolos de protección cuando se determine que la mujer se encuentra en riesgo. La realización de acciones preventivas frente al riesgo feminicida y el fortalecimiento del acceso de las mujeres y las niñas a la justicia pueden salvar vidas.
Finalmente, la CEPAL insta a avanzar en al menos tres ámbitos para cumplir con los compromisos regionales e internacionales, alcanzar la igualdad sustantiva y garantizar el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia y discriminación. Estos son:
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