Quien sea responsable de la filtración debe asumir la responsabilidad por los daños causados al vulnerar el secreto, afirma el académico y ex subsecretario de Relaciones Exteriores.
Por Edgardo Riveros Marín.- Ha causado impacto lo expresado por la embajadora de Estados Unidos en nuestro país en relación a la filtración de lo tratado en una sesión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
La declaración del carácter secreto de una sesión de sala o de comisión en las ramas del Congreso Nacional está consagrada en la Ley Orgánica Constitucional de este poder del Estado (artículo 5° A, inciso noveno).
Los fundamentos exigidos para declarar dicho secreto son expresos y significativos, entre ellos, la seguridad de la Nación y el interés nacional. Además, para establecerlo se requieren un mínimo dos tercios de los senadores y diputados en ejercicio, en el caso de sesión de sala y dos tercios de sus integrantes en las comisiones. Los elementos descritos muestran lo excepcional que son las sesiones secretas.
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Lo ocurrido tiene un elemento de especial gravedad, esto es, que lo abordado en la sesión señalada se refirió a las relaciones con EEUU y afectan la confianza entregada por la jefa de misión diplomática en Chile, al tratar temas bilaterales sensibles con los diputados. Es explicable la reacción de enojo e incomodidad expresada por la embajadora Meehan.
Es paradojal que la misma disposición citada, el artículo 5° A, en su inciso primero se refiera a que los parlamentarios deben ejercer sus funciones con pleno respeto al principio de probidad, teniendo como uno de sus elementos definitorios observar un desempeño honesto y leal de la función.
Quien sea responsable de la filtración debe asumir la responsabilidad por los daños causados al vulnerar el secreto.
En primer lugar, la afectación a un valor tan esencial como la confianza. Junto a ello, el daño a la imagen de la Cámara y que puede extenderse, por la importancia del poder legislativo, a la imagen de nuestro país. A raíz de lo ocurrido, se debe destacar la pronta reacción que ha existido en la propia rama del Congreso al denunciar los hechos al Ministerio Público, a fin que se desarrolle una rápida y efectiva investigación.
