El alza de tarifas eléctricas en Chile golpea en el peor momento económico, profundizando la inflación, debilitando la industria y revelando una transición energética estancada. Urge una reforma estructural para evitar una crisis social y productiva de proporciones históricas.
Por Bernardo Javalquinto Lagos.- El incremento del 7,1 % en las tarifas eléctricas a partir de julio de 2025 —parte del llamado “descongelamiento tarifario”— llega en el peor momento para la economía chilena. Con una inflación persistentemente alta (5,8 % interanual a junio de 2025), crecimiento estancado (1,2 % proyectado para 2025 por el FMI) y desempleo en alza (8,6 %, el mayor en cinco años), esta medida agravará los desequilibrios macroeconómicos y profundizará la crisis de competitividad.
Lejos de ser un ajuste técnico neutral, este aumento refleja fallas estructurales no resueltas: dependencia de combustibles fósiles importados (35 % de la matriz en 2024), lentitud en la transición energética y una regulación que traslada costos ineficientes a los usuarios finales.
- Efectos inflacionarios: combustible para la crisis
- Transmisión a precios: Estudios de la CEPAL muestran que un 10 % de aumento en energía eleva el IPC en 0,8 puntos en economías latinoamericanas. En Chile, donde el gasto en electricidad representa el 4,2 % del consumo de hogares (INE 2024), el alza podría añadir 0,5 puntos al IPC en el segundo semestre de 2025.
- Espiral salarial: Sindicatos como la CUT ya exigen reajustes superiores al 8 % para compensar la pérdida de poder adquisitivo, presionando aún más los costos empresariales.
- Asfixia a la industria: el caso crítico de la minería
- Cobre en peligro: Con costos operacionales en máximos históricos (US$2,15/lb en 2025, según Cochilco), el alza eléctrica reduce márgenes. [Antofagasta Minerals](https://www.antofagastapl Minerals.com) estima que la medida encarecerá la producción en US$120 millones anuales, poniendo en jaque proyectos de expansión.
- Fuga de inversiones: Ejemplo emblemático: SQM pospuso su planta de litio en el Salar de Maricunga, citando “incertidumbre tarifaria”.
- El mito de la transición energética
El discurso oficial justifica el alza como un paso hacia energías limpias, pero la realidad es más cruda:
- Renovables estancadas: Solo el 12 % de los proyectos solares y eólicos adjudicados en 2023 iniciaron obras (CNE 2025), por trabas burocráticas y rechazo comunitario.
- Subsidios perversos: El Estado gastó US$1.200 millones en 2024 en subsidios a generadoras diésel (vía Ley 20.936), mientras recorta fondos para techos solares residenciales en un 40 %.
- Alternativas fallidas y costos políticos
- Subsidios focalizados: Cubren solo el 15 % del aumento para el 10 % más pobre (D.S. N°145/2025), dejando fuera a 3,2 millones de chilenos de clase media vulnerable.
- Efecto rebote: El congelamiento parcial de tarifas en 2022–2024 generó un déficit tarifario de US$2.600 millones que ahora se traslada a los usuarios, en un círculo vicioso de improvisación.
Conclusión: un error de timing histórico
Aplicar un shock tarifario en medio de una recesión técnica es un suicidio económico. Chile repite los errores de Argentina en 2018, cuando los tarifazos profundizaron la pobreza (hoy en 42 %).
Urge:
- Moratoria parcial en regiones con desempleo sobre el 10 % (ej. Ñuble, La Araucanía).
- Reforma regulatoria que exija a generadoras absorber el 30 % de los costos fluctuantes.
- Auditoría internacional a licitaciones eléctricas, tras escándalos de colusión en 2024.
El costo de no actuar será medible en empresas quebradas, empleos perdidos y una conflictividad social que ya muestra su rostro en protestas como las de Aysén (junio 2025), donde manifestantes quemaron facturas de luz frente a la gobernación regional.
El Dr. Bernardo Javalquinto Lagos es BSc Economics, MBA, PhD – Economista chileno-estadounidense
