ElPensador.io.- El caso de Carabineros es un caso de estudio de todo lo que hay que hacer si lo que quieres es arruinar tu reputación y la viabilidad de una institución. Se puede escribir un libro sobre la manera en que no solo dieron por tierra con una imagen altamente positiva, laboriosamente reconstruida después de su participación en la dictadura militar, sino más: han logrado poner en tela de juicio su existencia misma.
Si, tal cual. Porque ya han aparecido voces que están pidiendo la disolución de la institución de las carabinas cruzadas, y su reemplazo por una policía totalmente nueva. ¿Será que la única solución para terminar con la corrupción y los actos antiéticos y contrarios a la justicia es terminar con la institución misma?
El descalabro más reciente comenzó con el descubrimiento de la corrupción a través de una red fraudulenta que lavaba las enormes salidas de dinero mediante depósitos en cuentas corrientes de terceros. Más de 28 mil millones de pesos van hasta ahora. Más de 42 millones de dólares. Cientos de funcionarios involucrados, incluidos generales.
Le siguió el fraude de la Operación Huracán, orientada y dirigida desde altos niveles policiales y, quizás, también políticos. Construyeron pruebas, inventaron un software falso para justificar la fabricación de correos electrónicos, entregaron informes inconsistentes al Ministerio Público culpando a mapuches de atentados a camiones y maquinarias de empresas forestales.
Y luego, no habiendo aprendido nada de eso, un comando especializado con formación antiterrorista asesina a un comunero mapuche en circunstancias que parecían una vendetta. La víctima estaba desarmada, el tiro fue por la espalda, cuando enseñaba a un niño a manejar un tractor. Pero no se contentaron con eso, sino que los responsables entregaron una versión falsa, destruyeron los registros de la intervención y la institución completa se compró la versión (¿o estaría planificado? Ya es difícil decir qué es verdad) y finalmente el gobierno completo se compró la versión, hasta que fue insostenible la mentira.
En poblaciones se ha sabido de funcionarios que alertaban a las bandas de narcotraficantes antes de algún operativo y otros ayudaban a grupos de ladrones.
Nadie sabe cuán desatada o extendida está la corrupción institucional, pero lo que se alcanza a ver da cuenta de algo más que preocupante: crítico.
Enfrentar esta crisis requiere de algo más que algunos cambios de generales o coroneles. En el Ejército, sólo por el caso del fraude en los viáticos de viajes cambiaron a la mayor parte del alto mando. Una reacción así de drástica no se ha visto en Carabineros. Al contrario, el Presidente Piñera viajó a la Araucanía y no hizo un mea culpa en ningún momento por la acción de Carabineros en la muerte de Catrillanca. Es entendible, toda vez que el discurso de su coalición ha sido de defensa irrestricta a la tesis de terrorismo y de necesidad de un Estado policial en la zona. Adherir a una postura así evidentemente requiere una defensa acérrima de Carabineros.
Pero la crisis no da para más. Se trata de una institución cuya función se basa en las confianzas, y su capital de confianza se agotó. Debe dar confianzas porque es ministro de fe ante actos delictuales, en la investigación de crímenes y en el mantenimiento del orden público. ¿Cómo puede hacerlo si no tiene la confianza pública y probablemente tampoco la de sus superiores jerárquicos?
De tal manera que el problema hoy no es saber cómo limpiar la imagen de Carabineros, sino cómo tener una institución policial que cumpla su función y dé confianza a la ciudadanía. Las instituciones deben responder a su mandato de confianza. Si no lo hacen, es lícito cuestionar su legitimidad y existencia.