La permisología no es solo un exceso de trámites: es una patología institucional que paraliza el desarrollo, judicializa la inversión y erosiona la confianza ciudadana. Chile enfrenta una encrucijada crítica entre la burocracia y el progreso, analiza Bernardo Javalquinto.
Por Bernardo Javalquinto.- En el imaginario colectivo, Chile se ha consolidado como un faro de desarrollo y estabilidad en América Latina. Sin embargo, detrás de este relato de éxito opera una realidad paralela y asfixiante que frena su potencial: la permisología. Este término encapsula la maraña excesiva y onerosa de trámites, autorizaciones y permisos requeridos para cualquier iniciativa pública o privada, y se ha convertido en un lastre estructural con consecuencias devastadoras para el desarrollo económico, la innovación, la calidad de vida y la confianza institucional.
El origen de este laberinto burocrático es multifacético. Por un lado, responde a una legítima intención de regular, proteger el medio ambiente y los derechos ciudadanos, consecuencia de una sociedad más consciente y exigente. Por otro, es resultado de una superposición normativa acumulada durante décadas, donde nuevas leyes y regulaciones se añaden sin derogar ni simplificar las antiguas, creando un entramado de procedimientos redundantes y, en muchos casos, contradictorios entre distintos servicios públicos (municipalidades, servicios de evaluación ambiental, ministerios, etc.). Esta fragmentación genera una incertidumbre insalvable para los proponentes de proyectos.
Las consecuencias de esta permisología desbordada son profundas y de amplio espectro. En el ámbito económico, su impacto más directo es la parálisis de la inversión y la pérdida de competitividad. Proyectos de infraestructura crítica, energéticos, mineros o inmobiliarios pueden tardar entre 5 y 10 años, o incluso más, en obtener todas las autorizaciones necesarias. Estos plazos, que exceden por completo los estándares internacionales, encarecen los costos de manera prohibitiva, disuaden a inversionistas nacionales y extranjeros y postergan la creación de empleos. Mientras otros países agilizan sus procesos para atraer capitales, Chile se estanca en su propio papeleo.
Esta lentitud extrema tiene un corolario lógico: la judicialización de los proyectos. La incertidumbre y los vacíos legales son el caldo de cultivo perfecto para que cualquier iniciativa sea impugnada en los tribunales, a menudo por motivos que poco tienen que ver con el mérito ambiental o social, y más con tácticas dilatorias o intereses particulares. Los tribunales ambientales y de justicia ordinaria se ven sobrecargados con casos que, en un sistema más ágil y claro, podrían resolverse en la fase administrativa. Esto no solo alarga los tiempos, sino que judicializa el desarrollo, trasladando la decisión final de los técnicos a los jueces.
Más allá de los grandes proyectos, la permisología afecta de manera cruel a la pequeña y mediana empresa (Pyme) y al emprendedor. Para un ciudadano común que busca abrir un restaurante, una tienda o incluso regularizar una vivienda, el recorrido por municipalidades y servicios públicos puede ser una pesadilla kafkiana. La falta de ventanillas únicas, la opacidad de los requisitos y el costo en tiempo y dinero de los trámites actúan como un poderoso desincentivo para la formalización y la innovación. Esta burocracia sofoca el dinamismo económico desde su base, perpetuando la informalidad y limitando la movilidad social.
El costo social y territorial es igualmente devastador. Comunidades enteras se ven privadas de infraestructura, servicios básicos y oportunidades de empleo por años, mientras los proyectos duermen en los escritorios de la burocracia. La desconfianza hacia las instituciones se profundiza: los ciudadanos perciben al Estado no como un facilitador, sino como un ente obstructivo e ineficiente. Por un lado, las comunidades sienten que el sistema no las protege adecuadamente, y por el otro, los inversionistas sienten que no existen reglas del juego claras y estables. Esta dualidad alimenta un círculo vicioso de conflicto y desencanto.
Finalmente, la permisología tiene un impacto ambiental paradójico. Si bien su objetivo declarado es proteger el medio ambiente, su ineficiencia termina perjudicándolo. La lentitud retrasa la entrada de proyectos de energías renovables que reemplacen fuentes contaminantes, dificulta la implementación de sistemas modernos de tratamiento de aguas o residuos, y perpetúa la existencia de fuentes de contaminación antiguas porque modernizarlas o cerrarlas implica navegar el mismo laberinto interminable.
En conclusión, la permisología en Chile es mucho más que una simple molestia administrativa. Es una patología del Estado que está estrangulando el progreso del país. Devasta la competitividad, paraliza la inversión, asfixia a los emprendedores, alimenta el conflicto social y mina la credibilidad de las instituciones. Superar este desafío requiere de una voluntad política transversal y coraje, orientada a una simplificación administrativa radical, la implementación de ventanillas únicas reales, la armonización de las normativas y la introducción de plazos perentorios para la tramitación. Chile se encuentra en una encrucijada: puede elegir seguir siendo prisionero de su propia burocracia o puede emprender la tarea de desmantelar este laberinto para construir un futuro ágil, moderno y próspero. La elección no puede esperar.
Dr. Bernardo Javalquinto Lagos, PhD, Prof. Adjunto, UVM, BSc Economics, MBA, PhD
