Por José María Vallejo.- ¿Derechos de agua indefinidos o “a perpetuidad”? La indefinición del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, sobre la indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas que ingresaría el gobierno esta semana es preocupante.
La propiedad de los derechos de agua es una definición clave en el proyecto y los ciudadanos deben tener la certeza de que la legislación va en beneficio del país, y no de los intereses de unos pocos que -está comprobado- han especulado con ellos.
El ministro habló de dar “certeza jurídica” a los actuales propietarios de derechos de agua, y la llamada “incerteza” a la que alude es que se había limitado a 30 años. ¿30 años le parece poca certeza?
“La certeza jurídica es lo que permite que los agentes económicos, personas o empresas, puedan beneficiarse si ahorran agua… Precisamente, para dar los incentivos adecuados para el buen uso del agua, es que tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos del agua va a seguir siendo dueño”.
Concretamente, se refirió a “la duración indefinida de los derechos de agua y la transferibilidad de ellos”, como parte de la indicación. Fontaine después dice que hay un error de interpretación. Pero, por favor… Duración indefinida: ¿puede tener otras interpretación que la perpetuidad?
Y Transferibilidad: ¿puede tener otra interpretación que la legalización de un mercado de derechos de agua? Peor… es la legalización de un mercado que parte por no entregar un solo peso al país. El Estado entrega los derechos de agua gratuitamente de acuerdo con solicitudes, ¿y pretender legalizar que luego se transen? ¿Generación de riqueza sobre la base de una cesión del Estado?
Y hay una catástrofe conceptual todavía mayor: el ministro dice «plena confianza en que el dueño de los derechos del agua va a seguir siendo dueño». La pregunta es si alguien puede ser realmente dueño de algo tan básico como el agua que necesitamos para la subsistencia, más que para la producción. ¿De dónde salió eso?
¡Ah! Pero para los nuevos derechos que se otorguen pretender establecer una licitación o remate, en vez de que el Estado los otorgue gratuitamente. Y ¿podrá luchar el pequeño agricultor que necesita esa agua con los recursos de una minera o una gran empresa agrícola a la hora de rematar un derecho de agua?
Peor… ¿cómo se compatibiliza esta propuesta con la creciente escasez de agua y la necesidad de sustentación de las ciudades? ¿Cómo aseguraremos el abastecimiento de agua para los chilenos en los próximos 100 años? ¿Entregándosela a algunos privados que la sobreutilizan para fines productivos?
