Por Juan Medina Torres.- Los hechos de corrupción investigados en los últimos años en Chile (Pinocheques, caso Riggs, tráfico de armas entre Famae y Croacia, caso Chispas, caso Inverlink, caso Penta, caso Caval, Milicogate, caso Carabineros, escándalos políticos…), muestran un ambiente de decadencia en los últimos años, dando pie a que un 79% de la población considere a los organismos públicos como corruptos o muy corruptos.
En todos los casos mencionados hay un beneficio económico para los actores, pero también se pueden mencionar beneficios políticos. Mirada desde esta perspectiva, la corrupción se constituye en una amenaza para la democracia y los derechos humanos, porque es una forma de obtener ganancias o ventajas individuales o grupales en perjuicio de toda la comunidad.
Al parecer la mayoría de los casos investigados señalan que la corrupción en Chile ha ido poco a poco constituyéndose en una práctica endémica.
Para Alberto Precht, abogado y director ejecutivo de Chile Transparente, “está claro que existen problemas que en algunos sectores son más agudos, sectores donde aplica la falta de control”.
Entonces, si bien, dice Precht, esos casos no implican que el país se corrompió completamente, sí son señales de alerta. “Porque es fácil caer, porque las conductas se normalizan y empiezan a existir riesgos más sistémicos”.
Cabe preguntarse entonces si el tema de la corrupción afectará las próximas elecciones municipales. Una encuesta realizada por Espacio Público en conjunto con Ipsos, con posterioridad a las elecciones municipales de 2016, donde votó alrededor de un 35% del padrón electoral, al investigar los motivos de la alta abstención, un 46% de los encuestados señalaron que era una forma de rechazo a los casos de corrupción, que se habían dado a conocer.
Es posible que se ese cuadro se repita porque las municipalidades se han constituido en una fuente de corrupción administrativa. Pagos extras para conseguir patentes, pagos directos para obtener licitaciones, horas extras injustificadas, capacitaciones brujas en el extranjero, en definitiva la Ley Orgánica de Municipalidades opera más en el papel que en la realidad y no se observa un cambio de conducta por parte de alcaldes y concejales y los canales de denuncia implementados no cuentan con la confianza de la ciudadanía.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), ratificada por Chile, establece estándares, políticas, procesos y prácticas comunes para combatir la corrupción en los municipios. Dicha Convención promueve, entre otros puntos, por ejemplo, la creación de Comités de Ética y una Contraloría independiente para atacar la corrupción, iniciativas que en países como Noruega, Alemania y España constituyen una obligatoriedad.
