Rolando Garrido Quiroz.- Por definición, un parlamentario o parlamentaria se debe a la negociación como herramienta y estrategia para abordar crisis o conflictos en el ejercicio de su función política desde este poder del Estado. También como herramienta para innovar o emprender oportunidades por la vía de la negociación para aprobar nuevas legislaciones o reformas a cuerpos legales que ameritan una mejor adaptación al presente y futuro del país, ya que no sólo negocian sus intereses personales o partidarios, sino la representación que les fue delegada y ganada en las urnas por sus mandantes, el soberano de Chile, la ciudadanía o pueblo.
Quien parla a nombre del pueblo, porque -para ese propósito fue electo- tiene que comprender que no está en este puesto de poder solo para protestar junto al pueblo o exigir demandas al poder político, ya que por obra del soberano fue mandatado para un fin superior, negociar para manejar adversidades y gestionar oportunidades que se presentan incluso fuera de su plan presentado a la ciudadanía para convertirse en congresista. Lo mismo para un alcalde o cualquier autoridad pública electa con el voto del soberano, comenzando por el propio ejercicio de la Presidencia de la República.
El supuesto, y, en ello, la fe depositada en dicha representación es que son y deben ser negociadores de alto rendimiento, equivalente a sus altos ingresos para dichas funciones. Si no, no se justificaría la carga presupuestaria para tan alta distinción que otorga el soberano. Quienes se quedaron a negociar hasta la madrugada del día 15 de noviembre del 2019, como un hito histórico, cumplieron con su deber y mandato, independiente de la calidad y el contenido del acuerdo, es decir, fueron capaces de negociar más allá de sus propios intereses partidarios y prestigios personales porque lo sintieron como un deber en el marco de sus liderazgos.
Sin embargo, los suscriptores del acuerdo entenderán pronto que ninguno de los doce puntos del acuerdo empatiza con el “Chile despertó” que canta la ciudadanía, en cuanto a un espacio ganado para el ejercicio de democracia directa, es decir, participar civilizadamente en el proceso constituyente, por el simple hecho de su derecho inalienable de autoconvocarse para ser impulsores de un diálogo ciudadano sin precedentes en la historia de Chile y no como simples votantes del proceso. No, el acuerdo en su letra no admite democracia directa empalmada con la tradicional democracia representativa. No la vieron, así como tampoco vieron venir el estallido social.
Perfectamente el acuerdo pudo garantizar en su punto trece, catorce o quince que, dentro del itinerario institucional constituyente pactado era admisible y necesaria la participación ciudadana como lo hizo el gobierno de Bachelet el 2016, con la salvedad de que esta vez tiene que ser vinculante. Nunca es tarde para esa enmienda, de eso se tratan las negociaciones estratégicas e históricas.
Estimados congresistas y líderes políticos aún el estadio de la negociación está abierto, aún el árbitro soberano no toca el pitazo que pone fin a este partido.
Bachelet no pudo o no supo hacer vinculante ese proceso de diálogo ciudadano constituyente. La historia corta y la larga se referirá a esta materia. Lo cierto es que el actual gobierno por la presión ciudadana, junto al Poder Legislativo, sí corrieron el cerco de lo posible, pero no por voluntad propia, para nada: fue por la presión ciudadana que al unísono reclama que “Chile despertó”.
Por eso resulta inexcusable que haya congresistas y líderes políticos que digan que no fueron invitados a la negociación o que los invitaron cuando ya todo estaba acordado. Chile entero supo del acuerdo recién a las 02.00 de la madrugada del 15-N. Tampoco se puede acusar por parte de las fuerzas sociales organizadas que fue una negociación a puertas cerradas o entre cuatro paredes porque se usó para negociar legítimamente la sede Santiago del Congreso Nacional con todos los medios de comunicación presentes.
Para el aprendizaje queda que el deber y derecho de todo líder político es negociar adversidades, sean estas crisis de legitimidad del propio poder investido para negociar mejores oportunidades para una paz sostenible. A su vez, el soberano sabe, no hay que mandar a decírselo con nadie, que hace rato está usando su poder de diálogo democrático, pacífico, republicano para proyectar un Chile más soberano de sus riquezas, comprendiendo que su mayor riqueza es su propia gente, incluyendo a todos los inmigrantes y residentes extranjeros en Chile, así como a todos los chilenos residentes en el extranjero. De esto se trata el potencial enorme de Chile en la búsqueda de su felicidad y optimismo resiliente.
Negociar y dialogar hasta que las velas no ardan. De esas brasas nacerá una nueva chilenidad con nueva Constitución y una conciencia y acción clara como constructores activos de cultura e infraestructura de paz. No va a ser fácil, pero cada uno en lo suyo y entre todos en lo nuestro, un Chile digno, libre de desigualdades. Al César lo que es de su mandato establecido por la ciudadanía: negociar, negociar hasta entender cuál es el bien superior. Adelante con el diálogo constituyente. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
Rolando Garrido, PhD, es presidente ejecutivo de INCIDES. Instituto de Innovación Colaborativa & Diálogo Estratégico.
