Por Antonio Leal.- El politólogo italiano Norberto Bobbio, subraya que la democracia no depende sólo de reglas, sino esencialmente de valores que debe ser capaz de garantizar especialmente en el plano cultural. El primer valor es el de la tolerancia, la superación de los fanatismos, de la vieja convicción de poseer, al unísono, la verdad y la fuerza para imponerla.
Consecuencialmente, el otro valor, es el de la no violencia. Popper dice que un gobierno democrático se distingue de uno no democrático en que en el primero los ciudadanos pueden desembarazarse de sus gobernantes sin que medie un enfrentamiento armado.
El tercer valor es el ideal del cambio de la sociedad a través del libre debate de las ideas, de la acción social, del cambio de mentalidad y del modo de vivir.
Estos valores y las reglas básicas de las libertades y de la democracia, que están en su esencia, están en riesgo cuando grupos de ultraizquierda de diversa referencia ideológica –anarquistas, trotskistas, bolivarianos- intentan apropiarse, a través de actos violentos y de validación ideológica de la violencia, de las gigantescas movilizaciones sociales que vive Chile a partir del 18 de Octubre pasado. Detrás de ello hay un profundo autoritarismo porque lo que se busca es imponer una mirada, una lectura, una visión -independientemente de si ella es minoritaria- a la gran mayoría, y hacerlo a través de la imposición, de la fuerza. La violencia autoritaria como método de la acción social.
Son grupos que no les interesa, como sí anhelan los millones que se movilizan pacíficamente, que el país se dé una Nueva Constitución, que extienda el horizonte y el ejercicio de la democracia, de las libertades y los derechos y entregue al Estado un rol social para abordar la integración, un desarrollo sustentable de la economía, ni que se abra paso a una Agenda Social que ponga fin al sistema de ahorro que representan las AFP y cree un sistema previsional verdadero, ni que se modifique estructuralmente el sistema de salud o se aumenten las remuneraciones mínimas en rangos de dignidad. Lo que les interesa es el enfrentamiento con aquello que consideran las representaciones del poder, la destrucción del Estado de derecho y de las instituciones, deslegitimar todo lo surgido a través del voto popular.
Son grupos que desprecian la enorme y heroica lucha que dio el pueblo chileno para reinstalar la democracia y terminar con la dictadura de Pinochet, como los avances que el país ha experimentado en estos años de reconstrucción democrática aun con enormes límites impuestos por quienes siguen aferrándose a los vestigios del antiguo régimen en el plano económico e institucional.
La violencia que imponen sirve justamente a la ultraderecha para colocar en riesgo la realización del plebiscito y del proceso constituyente democrático y participativo que ha impuesto el amplio movimiento social. Es la excusa que necesita la ultraderecha para boicotear el plebiscito y mantener la Constitución pinochetista y el principal argumento para fundar el rechazo a la Nueva Constitución basado en el miedo y la incertidumbre que son sus verdaderas banderas. La violencia autoritaria de estos grupos de ultraizquierda y de quienes mantienen una connivencia sin un claro rechazo a ella, es funcional a una ultraderecha que quiere perpetuar, en las instituciones y en la sociedad, el peso de los 17 años de dictadura.
PSU e incendios
Porque, es violencia autoritaria el haber impedido que 300 mil jóvenes rindieran su PSU en condiciones de normalidad, una actitud de matonaje político el haber llegado incluso a los lugares donde esta se rendía y haber arrebatado las pruebas a los estudiantes; o haber impedido el ingreso a decenas de colegios para rendirla. Es un daño a estos jóvenes y a sus familias, sobre todo a los de menores recursos, porque son colegios públicos y en comunas populares donde se concentró la acción para impedir físicamente que ellos la rindieran.
Hemos dicho desde hace mucho que la PSU debe ser reemplazada porque no incorpora instrumentos que consideren el desnivel social, de recursos y de oportunidades formativas que efectivamente existe, y este es el tema de fondo más que el propio prueba que las mide, entre la educación pública y privada, pero ello requiere de diálogo, de estudios técnicos sólidos que avalen una nueva propuesta y de ninguna manera la simple decisión de una minoría extremamente fanatizada ideológicamente, que impone, a través de la violencia, su opinión, y atenta contra los derechos de cientos de miles de jóvenes y de sus familias.
Son parte de la violencia autoritaria las funas, los incendios a Iglesias, universidades, supermercados en barrios populares, el atentado a decenas de estaciones del metro donde se movilizan los trabajadores y trabajadoras, la ocupación de espacios públicos que impiden la libre movilidad de quienes circulan. Es esta violencia la que reduce no solo la dimensión y transversalidad de las movilizaciones ciudadanas sino también la extrema universalidad y validez de sus demandas.
La responsabilidad del actual gobierno en que se mantenga una situación de ingobernabilidad es enorme. Su respuesta principal ha sido la represión que ha generado una masiva violación de los derechos humanos ya constatada y denunciada por todos los organismos internacionales. Su falta de empatía con las demandas, la desconexión total con la sociedad, la complacencia de una elites que vive en una realidad muy diferente a la de la mayoría de los ciudadanos y la falta de voluntad para producir cambios estructurales en un modelo económico que ha fracasado, hace que no se concrete una Agenda Social que pueda dar una salida a la crisis que vive el país.
Ignoran que la democracia es conflictiva y es siempre un proyecto no acabado. No asumen, que en Chile como en el mundo, la democracia representativa se hace estrecha para contener las demandas más complejas de una ciudadanía que recibe una fuerte influencia de las agendas globales y que dispone de instrumentos de comunicación digital que le entregan un enorme poder de contestación y de cuestionamiento a las instituciones, que viven además en un tiempo analógico, y que les permite una auto convocación social que supera la capacidad de los partidos y organizaciones tradicionales que se ven sobrepasados por la iniciativa ciudadana.
El gobierno está fuera de juego, sobrepasado por su propia incompetencia. Hay una enorme desconfianza ciudadana en todas las instituciones y ello solo es posible resolverlo con más democracia, escuchando y abriendo canales de participación de la mayoría del país, garantizando que habrán cambios sustantivos en pensiones, salud, remuneraciones, que se abordará el endeudamiento del 75% de la población víctimas de una economía controlada solo por el mercado, la usura y los abusos. Es allí donde la concreción de una Convención Constituyente, paritaria, con espacio a los pueblos originarios, es decir, ampliamente representativa, es esencial para canalizar el descontento y abrir paso a una refundación institucional, un nuevo pacto, que reestablezca las garantías de democratización y de justicia que el país exige.
Este es el mecanismo, el de la política, el que permite aislar a los grupos extremos de ultraizquierda que creen que ha llegado la hora de imponer una sociedad modelada en el arbitrio y sustentada en la violencia y en la restricción de una convivencia tolerante, plural y civilizada, como también a la extrema derecha que quiere hacer saltar el plebiscito para mantener la Constitución pinochetista, ilegítima en su origen y profundamente anacrónica con el Chile del siglo XXI, un modelo económico que reproduce perennemente las desigualdades, el conservadurismo valórico y cultural, un tipo de autoritarismo tan siniestro como el que promueve la otra violencia , porque al final ambas son funcionales a un objetivo: que el país no cambie y si cambia sea bajo su prisma, impuesto al de la mayoría de los chilenos que forman parte de esta enorme ebullición social que recorre el país.
