Por Gonzalo Martner.- “Nuestro objetivo ha sido que las empresas no despidan trabajadores”. Nada de esto se ha escuchado por parte de las autoridades en Chile. Son palabras del Ministro del Trabajo de Dinamarca, Peter Hummelgaard. Dinamarca, frente a la pandemia de COVID-19, subsidió a las empresas para que mantuvieran la planilla salarial, reembolsando hasta el 90% de los salarios de los trabajadores que de otro modo hubieran sido despedidos. La contrapartida fue no distribuir dividendos, recomprar acciones o utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos. Las actuales medidas de desescalada progresiva de las restricciones sanitarias van a permitir a las empresas danesas volver rápido al uso de su capacidad evitando el costo de reenganche de trabajadores.
Nada de esto ocurrió en Chile. Aquí se decidió autorizar el mecanismo de suspender el contrato de trabajo y que se active el seguro de cesantía, utilizando los recursos existentes en las cuentas de los trabajadores, los que ya no estarán disponibles para eventuales pérdidas futuras del empleo, manteniendo las normas de despido «por necesidades de la empresa». En última instancia, limitarse al mecanismo de disminución de jornada -también aprobado en la misma legislación- pero con un subsidio de la diferencia salarial hubiera sido mejor para evitar la ola de despidos que se está produciendo y se seguirá produciendo. Pero este mecanismo apenas se está usando, y lo que está ocurriendo es que el mecanismo del seguro de cesantía quedará sin recursos.
Y tuvo que estallar el escándalo de la distribución de cientos de millones de dólares de dividendos a los accionistas de Cencosud (subrayemos que la excusa del interés de los pequeños accionistas es bastante poco decente) para que el parlamento empezara a legislar en la materia, a pesar de las advertencias de una minoría.
Todos sabemos que este es un gobierno de los grandes empresarios, pero la paradoja es que la oposición tiene mayoría en ambas cámaras y apenas la hace valer. Lo que está pasando con el «ingreso familiar de emergencia», manifiestamente insuficiente, augura tal vez una actitud un poco más a la altura de la defensa necesaria de la mayoría social en esta crisis. Pero la exigencia opositora es apenas subir el subsidio a 80 mil pesos por tres meses para el 60% de menos ingresos, frente al monto de 43 mil a 65 mil pesos y decrecientes planteado por el gobierno, con un costo de 800 millones de dólares. Pero el gobierno se niega a alcanzar siquiera tan modestos montos, con el pretexto de que tiene que reservar recursos para más adelante, aunque la crisis de ingresos de millones de familias es ahora. Recordemos que solo la suspensión del Pago Provisional Mensual en el impuesto a las utilidades de las empresas anunciado en abril cuesta 2 400 millones de dólares y la del impuesto de timbres y estampillas a los créditos otros 600 millones de dólares.
Nada de lo que se está haciendo está a la altura del problema de las familias de menos ingresos, especialmente las que tienen que salir a buscar el sustento diario mediante el trabajo informal, aumentan su riesgo de contagio y disminuyen la posibilidad de controlar la pandemia.
El gobierno parece instalarse en la idea de seguir actuando en la improvisación del día a día, con el riesgo de llegar sistemáticamente tarde en vez de anticiparse a los efectos devastadores de la crisis sanitaria y económica que nos afecta.
Lo único en lo que trató de anticiparse, fue en una vuelta fallida a la actividad económica plena, bajo el rótulo de «nueva normalidad», rápidamente devenida en «retorno seguro». ¿El resultado?: ampliar el contagio en la Región Metropolitana, que obligó a más medidas de cuarentena estricta.
