Por Raúl Zarzuri y Rosario Puga.- La propuesta del Colegio Médico (Colmed) para redefinir la política sanitaria ante los estragos del segundo año de la pandemia, tensionaron al poder estatal a reconocer un fracaso en toda su gestión posterior al estallido de octubre del 2019. Nuestro país lleva 16 meses con una estrategia de inmunidad de rebaño que, en términos generales, no ha sido tan efectiva. No bajamos de los 1.000 casos diarios e incluso hemos llegado a más de 8.000, desde el 29 de abril de 2020, y estamos bordeando la cifra de 40.000 chilenos/as muertos/as. Se suma a esto, un sistema de salud que ha estado al borde del colapso, cuestión que ha repercutido en una sobrecarga laboral para los equipos sanitarios.
Por otra parte, la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto las enormes desigualdades que existen en nuestro país, cuestión que fue el eje discursivo del reclamo que emergió en la denominada revuelta del 18 de octubre. Así, la consigna “No son 30 pesos, son 30 años” puesta en circulación en esa oportunidad, adquiere, en esta situación de pandemia, una connotación de tragedia de proporciones. Para muestra, un botón: estudios realizados vienen mostrando esas desigualdades, particularmente cuando se analizan las tasas de mortalidad, dejando al descubierto las diferencias, por ejemplo, en acceso y disponibilidad de atención médica entre las comunas de menores ingresos (la gran mayoría) y las comunas de mayores ingresos (unas pocas) para el caso de la Región Metropolitana.
La situación descrita más arriba nos está indicando que es el momento de cambiar de rumbo. La propuesta que ha presentado el Colegio Médico apunta en el sentido correcto. Una mente templada vería en ella una oportunidad para que los personeros de gobierno no tengan que cargar con la responsabilidad de la alta letalidad que ha tenido el Covid-19 que nos pone en el sexto puesto entre los países con más alta letalidad por tasa de habitantes a nivel global. Sin embargo, al parecer la propuesta cayó en el vacío; se le resta importancia y hasta se le ningunea categorizándola de “autoritarismo aberrante”.
Es claro, hasta acá, que nadie espera que haya un golpe de timón. Nadie espera que la deriva de la tragedia que vivimos cambie en el mismo momento que quizás se cierra un ciclo político de más de 40 años. La vivencia de la derrota política de la derecha cierra la posibilidad de que el sector quiera fundar otra épica. El argumento productivo, que ha estado a la base del diseño de la política sanitaria, de mantener al país produciendo y en lo posible gastando, ha sido y seguirá siendo el norte. Cambiar esa premisa ahora sería para el gobierno perder la madre de todas las batallas. Si no puedes salvar al país, salva el negocio. Es ahí donde el gobierno se mantendrá sin retroceder ni rendirse. El circo mediático y el sacrificio de la decencia seguirá siendo la tónica. Así la vacunación, cual caballo de paja, no entrará a Troya y seguirá ardiendo abandonado en la playa.
Sin embargo, si bien la propuesta del Colmed es acertada, habría que señalar que la reorientación de la estrategia propuesta por el gremio médico tiene un punto débil. No se presenta a la ciudadanía como una alternativa comprensible, cuestión que también le ha ocurrido al gobierno desde los inicios de la pandemia. Ella consiste en extremar las medidas de encierro, aunque acotadas (tres semanas, por ejemplo). Sin embargo, para que eso sea posible, es necesario apelar a que la población crea en el valor de las acciones propuestas. ¿Es posible eso?
La confianza se basa en una racionalidad compartida y la población no cuenta con un discurso que la fomente, como la base (valor) de las restricciones. Le dimos crédito el primer año, pero ahora cunde el descrédito. Por ejemplo, no contamos con una caracterización del riesgo por grupo etario, a partir del cual cada ciudadano pueda hacerse responsable considerando su realidad particular. La gente desconoce cómo evolucionan a diario las conductas de riesgo. No pueden entender la cadena de contagio dentro de los territorios, entre otras cosas. Obviamente intuimos que el riesgo no es el mismo para todos, pero no podemos evaluar nuestra situación de modo de adherir objetivamente a las políticas propuestas.
Si bien la propuesta del Colmed tiene todos los componentes de una necesaria política de choque, que ahonda en la envergadura de la crisis, carece de una dimensión de derechos que permita que una ciudadanía que está exhausta pueda adherir y sobrepasar el escenario actual. De hecho, ni siquiera se dirige a la gente que a diario debe vivir con el riesgo. Pone todo el peso de la adhesión a las medidas en la función represiva del Estado.
No cuestiona la necesidad de conculcar las libertades individuales sin el concurso ni la comprensión de los/as ciudadanos/as. En eso se equivoca, porque necesita convencer a una población que vive un estrés pandémico del que los expertos pueden decir mucho. No basta con decir que el doctor manda. Se puede reordenar el plan de acción fomentando una forma de trabajo con las personas, que sea capaz de convencerlas. Porque apelar al miedo a morir no parece ser suficiente, especialmente para aquellos que tienen que lidiar con la producción diaria de su vida cotidiana.
Por último, más allá de mejorar la comunicación de crisis, sería necesario apelar a que el gobierno respete el derecho de los ciudadanos a identificar y entender las conductas de riesgos, incluyendo sus cambios en el tiempo. Todos tenemos derecho a recibir información veraz y a saber los resultados y metas asociadas a los planes de acción. Se deben debatir públicamente estrategias para asegurar el acceso a otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, a un tránsito seguro dentro del espacio urbano y a vivir sin violencia.
Raúl Zarzuri es sociólogo y director de la carrera de Sociología UAHC y Rosario Puga es comunicadora social del Centro Estudios Socioculturales (CESC)
