Por Jadille Mussa.- Siempre es bueno hacer un análisis relacionado a la gestión medioambiental de Chile. Hoy, la interrogante es: ¿La institucionalidad ambiental -en especial la gestión del Ministerio de Medio Ambiente- es lo que esperábamos (considerando las contingencias: estallido social, pandemia y elecciones, tomando como referencia el período entre el 19 de octubre de 2019 al 24 de diciembre 2021)?
De la fecha señalada hasta ahora, se han aprobado las siguientes leyes en el marco de buscar cumplir el Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles: la Ley 21368/2021 que regula la entrega de plásticos de un solo uso; y la Ley 21202/2020 que busca proteger los humedales urbanos, ambas iniciativas del Ministerio del Medio Ambiente. Otras instancias legislativas destacadas son la Ley 21305/2021 sobre eficiencia energética del Ministerio de Energía; el Decreto 58 que modifica el Decreto Supremo Nº 47/2019 que fomenta la construcción de techos verdes; y la Ordenanza general de Urbanismo y Construcciones, Decreto N°37/2021, que aprueba y declara la norma técnica de Techos Verdes como oficial de la República de Chile, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Lo anterior es muy bueno. Pero para reforzar la mirada, y dado el discurso y programa de gobierno del actual presidente electo Gabriel Boric, esperamos la aprobación con carácter de urgente, al menos de estas iniciativas: Ley sobre arbolado urbano e infraestructura verde; Ley sobre protección de glaciares; Modificación de la ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual Institucionalidad Ambiental. Es deplorable que aún no se apruebe el Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, que se tramita desde 2011 y pone acento en la mirada de protección y gestión en base a criterios ambientales en territorio.
Un elemento esencial dada la crisis climática que atraviesa el planeta -frente a la cual Chile es un país muy afectado-, es proteger y gestionar de manera sustentable los recursos hídricos con que cuenta el país. El mandato de los directorios de comités de Agua Potable Rural, que se han visto impedidos de renovarse por causa de la pandemia, es la modificación de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para agregar criterios de cuidado del agua en relación con las funciones de aseo y ornato, y en las ordenanzas ambientales de las municipalidades; modificación del Código Penal para tipificar como “delito” y aumentar las penas para el desvío, contaminación, usurpación de las aguas u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de éstas; establecer el 14 de septiembre como el “Día de la gestión comunitaria del agua”; modificar el Código de Aguas para limitar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en regiones en que existan comunas afectas a decreto de escasez hídrica; y el establecimiento de normas de adaptación al cambio climático.
Chile es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, pues cumple 7 de las 9 condiciones definidas por Naciones Unidas en el tema de afección a los desastres. Pero los y las ciudadanas merecemos disminuir la incertidumbre que nos genera la crisis climática, con una gestión presidencial enfocada a poner énfasis en el desarrollo sustentable. Tal como en 1987 la Comisión Brundlant dijo: “Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias«. 34 años después, está la esperanza de que así sea.
Jadille Mussa es académica de la carrera de Arquitectura del Paisaje en la Universidad Central
