ElPensador.io.- El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, quien quedó al frente del Consejo para la Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal después de la renuncia de Alejandro Goic, dijo este jueves que sería “inconveniente” que el Vaticano entregara a la Fiscalía chilena los antecedentes recogidos por su enviado especial para investigar los abusos y encubrimientos del círculo de Karadima.
Afirmó que la revelación al Ministerio Público de lo averiguado por el arzobispo Scicluna sería “grave” para las víctimas y entre líneas se subraya que la justicia canónica no tiene obligación de compartir con la justicia civil.
Sobre este tema surgen varias preguntas que debieran ser contestadas. La primera, obvia, es sobre la obligación de la Iglesia con las víctimas de delitos. Si, en el transcurso de su investigación, Scicluna descubrió nuevos delitos, ¿qué puede impedir que se los entregue a las autoridades de la justicia local? Se entiende que los acercamientos con víctimas y los encubrimientos esbozados por el mismo Pontífice después de la intervención del enviado especial no fueron bajo secreto de confesión, sino en declaraciones abiertas. No debiera haber, pues, ningún impedimento para la colaboración.
Pero la reflexión debiera ser más profunda aún. ¿Por qué debe haber una justicia canónica? ¿Por qué debe haber un trato especial para los crímenes cometidos por miembros de la Iglesia católica y bajo qué motivo las instituciones de Justicia en Chile deben obedecer esas instancias?
Este escenario de investigaciones paralelas da cuenta de una dimensión en la que no es real la separación de la Iglesia y el Estado y que no todos son iguales ante la ley cuando se trata de confesiones religiosas, particularmente la católica romana.
Bajo esta lógica, ¿cualquier Iglesia reconocida bajo la Ley de Cultos en Chile podría decir que tiene su sistema judicial propio y no entregar los datos de delitos descubiertos en su interior? La respuesta es obvia. ¿Por qué entonces aceptarlo de la Iglesia Católica?
No se trata de atacar a la religión y su práctica, sino al hábito de cometer y ocultar los delitos, y ya se ha visto que se ha hecho con largueza sin que hasta ahora nadie haya sido condenado. La solución no es otra que la sujeción de todos, absolutamente todos, los habitantes del país al sistema judicial que corresponde, el que asumimos todos como ciudadanos, y que termine de aplicarse una justicia canónica que a todas luces es ineficiente.
