Por Gonzalo Martner.- En 1971, Salvador Allende, por mucho que haya sido senador por largo tiempo, planteó que el Senado era una institución que debía terminar, pues “el sistema bicameral no responde a ninguna necesidad real y en la actualidad contribuye a dilatar la adopción de decisiones políticas oportunas, a dificultarlas artificialmente y a crear en la opinión pública una suerte de desconfianza y recelo frente al proceso de formación de la ley que se estima costoso, lento e ineficaz”.
Impresiona que hoy el Partido Socialista «oficial» tenga casi como única plataforma política la defensa de la persistencia del Senado, en alianza con la UDI. Es la lógica de mantener instituciones prebendarias y clientelísticas como parte de carreras políticas de inspiración burocrática, en este caso sin mayores fines que el acceso a situaciones de poder y privilegio. Hace lustros que ya no se trata para sus direcciones ser parte y liderar, en su caso, las luchas por promover los intereses populares y de la mayoría social. El PS evolucionó, tristemente para muchos de nosotros, hasta llegar a ser hoy un partido más de un sistema institucional de democracia clientelística. Dejó de ser un partido del cambio social, por lo que muchos dejamos de pertenecer a él, en mi caso desde 2016. Ojalá vuelva a serlo a la brevedad, porque ese cambio social lo necesita más que nunca.
En el campo de la diversidad de socialistas «extraoficiales», en esta materia como en otras, nos mantenemos desde diversos ámbitos de la sociedad con la inspiración de Allende y de tantas figuras señeras del socialismo y de la izquierda. Y saludamos que la Convención se proponga terminar con el Senado, aunque -como en mi caso y el de otros y otras- hayamos sido candidatos al Senado para apoyar la nueva Constitución y por tanto ayudar a poner fin a esta institución de origen y trayectoria oligárquica. Esa tarea está cerca de cumplirse. Emergerá probablemente una entidad que represente a las regiones como tales con facultades co-legisladoras, pero solo en temas territoriales y sin capacidad de veto sobre la Cámara, que estará llamada a representar la soberanía popular y su pluralidad, renovada cada 4 años. Se trataría de un reemplazo adecuado para contribuir a avanzar a un sistema político eficaz, que vuelva a prestigiar a la democracia como el instrumento primordial de mejoramiento del bienestar de las mayorías.
