Por Pedro Durán.- El ambiente de crisis que estamos viviendo es consecuencia de una permanente oposición al cambio de sociedad que la derecha, durante largos años impidió, a pesar de las diferentes señales que existían de los problemas sociales derivados de un sistema económico–social–político impuesto por la fuerza durante la dictadura de la derecha, y asentado en la constitución de 1980.
El experimento neoliberal, controlado por empresarios que buscaban repartirse el botín[1], significó imponer una sociedad basada en las desigualdades sociales y explotación de la población dejando al Estado fuera de toda posibilidad de proteger y apoyar a los ciudadanos.
El cambio era inevitable debido, entre otros temas, a la deficiencia de la democracia representativa que dejó de ser representativa de la mayoría de la población, dirigida por partidos políticos más preocupados de mantener sus espacios de poder que de provocar los cambios necesarios que la población necesitaba. El voto no obligatorio y las dificultades para integrar más y diversos representantes de la sociedad al parlamento significaron que los partidos políticos representados en el Poder Legislativo fuesen el sector de la población más rechazado por los ciudadanos. Existe una crisis evidente, no solo del sistema político en general, sino también de los partidos políticos actuales que no han sido capaces de representar a la mayoría de las y los ciudadanos.
Los avances sociales–económicos-políticos logrados durante los gobiernos de la Concertación, permitieron abrir puertas para la integración de Chile a nivel internacional y avanzar en reducir las desigualdades sociales, posibilitando a miles de compatriotas superar la pobreza y ofrecer oportunidades para una vida digna que se merecen todos los ciudadanos, sin excepción. Pero no fue suficiente.
Las reformas a la Constitución de 1980 has sido numerosas, cerca de 100 según algunos analistas, pero insuficientes para entregar al Estado la responsabilidad de asegurar el bienestar y reducción de las desigualdades como existe en los países desarrollados. Los dos primeros gobiernos de la Concertación estuvieron bajo la tutela de la derecha que no quería cambios que alterasen el “sistema”. Recién con la presidencia de Ricardo Lagos se pudo avanzar en cambios mas importantes de la constitución y avances sociales que permitieron a las y los chilenos la integración económica y social al mundo desarrollado y reducir las desigualdades. El impulso reformador y de avances socio-económicos de los gobiernos de Bachelet fueron neutralizados por los gobiernos de la derecha empresarial dirigidos por Piñera. El último acto importante de un intento de cambio fue la presentación, a pocos días de terminar su segundo mandato, de la propuesta de nueva constitución ingresada al congreso por la Presidenta Bachelet.
La importancia de la democracia representativa esta dada por su calidad representativa de las y los ciudadanos. Es decir, por un respaldo mayoritario de la población. Sin embargo, los datos oficiales de Servel nos indican lo contrario:
Votación en elecciones chilenas
El padrón electoral es de 14.900.190 ciudadanas y ciudadanos a julio de 2022.
Votación nacional para cambio de constitución
Total: 7.573.914 (58,83% del total del padrón electoral).
Apruebo: 5.899.683 votos
Rechazo: 1.634.506 votos
Votación nacional para elegir tipo de convención constituyente
Total: 7.166.053 (48,09% del total del padrón electoral).
Comisión mixta constitucional: 1.492.260 votos
Comisión constitucional: 5.673.793 votos
Elección de constituyentes:
Total: 6.190.448 (41,65% del total del padrón electoral).
Total votación de listas: 5.673.858 votos
Total votación indígena: 282,609 votos[2]
La mayoría de constituyentes (2/3), para aprobar textos, equivale a 4.126.965 votos lo que constituye el 27,69% del padrón electoral.
Elección presidencial 2021:
Total: 8.364.481 (56,13 % del total del padrón electoral).
Boric: 4.461.231 votos (29,94% del total del padrón electoral).
Kast: 3.650.662 votos
La sociedad chilena esta dividida entre los que participan de las definiciones fundamentales, mediante las elecciones, decidiendo el futuro de la sociedad y los que desconfían del sistema político–social–económico, probablemente porque no les aporta en la satisfacción de sus preocupaciones y necesidades concretas. Esa división es peligrosa para el futuro del país.
La constitución actual y la propuesta de constitución no enfrentan la solución de este problema de división de la sociedad. No son ni la una ni la otra representativas de la mayoría de la población, tomando en cuenta el padrón electoral.
El acuerdo político de noviembre 2019 tuvo la virtud de obligar a la derecha a aceptar cambiar la constitución abriendo puertas para un nuevo Chile, solidario, representativo de la riqueza cultural de sus diferentes componentes sociales, reduciendo las desigualdades, ofreciendo a todos, sin excepción, la posibilidad de una vida mejor. Pero su mecanismo de cambio fue mal diseñado, probablemente por la violencia de las manifestaciones y expresiones exacerbadas de sus participantes que angustió a los representantes de los partidos políticos en el Parlamento.
Una contradicción evidente, que se estableció en el acuerdo, fue la de realizar un primer plebiscito no obligatorio y un segundo plebiscito obligatorio de aprobación o rechazo a la propuesta de la convención. El rechazo a los partidos políticos era tan grande que la opción en la votación para definir la estructura de la convención referida a la propuesta de comisión mixta sacó solo 1,4 millones de votos y la de elegir solo constituyentes fue de 5,6 millones de votos. La comisión mixta era una mezcla de parlamentarios y elegidos directamente de la ciudadanía. Dado el rechazo de la ciudadanía a los partidos políticos era evidente el resultado. No incluía la participación de asociaciones gremiales, alcaldes, gobernadores y otras organizaciones representativas de la sociedad.
Las reivindicaciones legítimas de los pueblos indígenas se transformaron en un símbolo de descontento y rechazo de la sociedad actual, ocultando la importancia del aporte cultural y valórico de su lucha histórica contra los colonizadores y las injusticias posteriores. Fueron transformados en actores negativos que dividen la sociedad entre pueblos indígenas y no indígenas en vez de rescatar todo lo positivo de su cultura. La definición de Chile como un Estado plurinacional hace que muchas personas lo asocien al concepto de Estado-Nación, lo que significaría un país dividido, compuesto por varios Estados Independientes, incluso más que en un Estado Federal.
Muchas de las propuestas de la “nueva” constitución respecto a los pueblos indígenas ya están reconocidos por ley. La creación de Conadi y el reconocimiento, por la ley 19.253 en 1993-1995, de los diez pueblos indígenas y, posteriormente, el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes tribales reconocidos por la ley 21.151 promulgada el 8 de abril 2019 por el Presidente Piñera[3], abrió un camino para la integración de sus identidades y culturas a la sociedad. Fueron reconocidos legalmente por la sociedad chilena.
¿Cómo se integran estos derechos y visiones con el resto de los 18 millones de compatriotas? ¿Con los campesinos, mineros, trabajadores, empleados, iglesias, etc.? Se suma a esta inquietud la asamblea de regiones que reemplaza al Senado. El cambio importante al sistema judicial, las nuevas definiciones de regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, tribunales indígenas, producen inquietud en parte de la población no indígena. El pueblo indígena más importante es el Mapuche. La mayoría de los Mapuche viven en la Región Metropolitana y el resto en la Región de la Araucanía y en otras regiones. El pueblo Mapuche esta constituido por una cantidad importante de comunidades mapuche. Algunas son violentas, utilizando las armas para imponer sus reivindicaciones y la mayoría son pacíficas. Pero el punto común ha sido la pobreza, la falta de oportunidades para una vida digna, la marginación y auto marginación de la sociedad, el desconocimiento de la importancia del aporte cultural e histórico al conjunto de la sociedad chilena.
Para la verdadera integración de los pueblos indígenas al conjunto de la sociedad es necesario un paso previo de educación y comunicación del valor e importancia de su aporte a los que no son de pueblos indígenas. Integración significa respeto a los que no han sido respetados durante decenios, significa integración a los procesos democráticos de la sociedad chilena mediante el voto obligatorio y mecanismos de participación activa, significa que los pueblos indígenas establezcan interlocuciones representativas y válidas con la sociedad chilena.
La revolución de cambios profundos, a todos los niveles de la sociedad, propuesta por la mayoría de la convención constituyente solo representa al 27% del padrón electoral, o sea, a poco más de uno de cada cuatro ciudadanos. No representa a la mayoría de la población.
Pero producto de las deficiencias del acuerdo de noviembre de 2019 hoy estamos presionados para aceptar aprobar o rechazar. O mantener la constitución impuesta por la derecha en 1980 o aprobar la propuesta de la mayoría de la convención constituyente. No es comparable con el Si o No de 1988. Una nueva constitución es el termino definitivo de la transición a la democracia y debe ser la base sólida para el nuevo chile de los próximos 30 o 50 años. No podemos corregir el pasado, pero sí podemos construir el futuro.
Rechazar la propuesta significa no reconocer la importancia de los cambios necesarios para el nuevo Chile. Significa mantener las desigualdades sociales, la pobreza y falta de oportunidades que están a la base de la delincuencia. Significa continuar en una sociedad tensionada por los conflictos sociales y falta de oportunidades que solo beneficia una minoría de la población.
Aprobar la propuesta de nueva constitución significa imponer a la mayoría de la población una propuesta de una minoría representada en la asamblea constituyente, que no es fácil de entender y que propone cambios muy estructurales creando inquietud y desconfianza en muchos de nuestros compatriotas.
Hay necesidad, y aparentemente consenso, en cambiar la constitución actual, pero para eso se necesita un camino que integre a la población y logre el apoyo mayoritario.
Ese camino tiene un solo punto de partida que es el apruebo para reformar. Modificar lo necesario en busca de un apoyo mayoritario. Por lo tanto, es necesario, antes del 4 de septiembre, o después si se cambia la fecha del plebiscito, que exista un acuerdo político donde se definan los cambios necesarios, en el parlamento, con el apoyo de alcaldes, concejales, gobernadores, gobiernos regionales y asociaciones gremiales de profesores, trabajadores, personal de salud, es decir con la participación de la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos.
Notas
[1] Según RAE Despojo que se concedía a los soldados, como premio de conquista, en el campo o plazas enemigas.
[2] El total de la votación indígena corresponde, mas o menos, al 10% del total de la población indígena, según el censo de 2017, que a su corresponde al 10% de la población total de Chile.
[3] http://bcn.cl/2f9j2
