Por Jorge Riquelme.- En el año 2020 la CEPAL publicaba el libro La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, dando cuenta de la degradación ambiental sin precedentes que vive la región. Esta tragedia, entre otros elementos, se manifiesta en una acelerada pérdida de biodiversidad, contaminación del aire, acidificación de los océanos, degradación de los suelos, deforestación –especialmente en la Amazonía-, y carencia de reservas de agua dulce, en medio de un marcado crecimiento poblacional y de las grandes ciudades.
En el plano internacional, un excelente estudio del SIPRI de 2022, con el título Environment of Peace. Security in a new era of risk, se refería a la aguda pérdida de ecosistemas, manifestada, por ejemplo, en la disminución de los insectos en un 75% en los últimos cuarenta años y 2/3 de los mamíferos en 45 años; la acelerada contaminación de la tierra, aire y océanos; y la carencia de recursos, y su relación con la seguridad humana y la radicalización de una serie de conflictos que se desarrollan a nivel internacional. En sus términos, el antropoceno, una época definida por el impacto de la actividad humana en el mundo, nos presenta un escenario global cada vez menos seguro, caracterizado por los conflictos armados, desplazamientos forzados, lucha por recursos, tensiones sociales y pobreza. No olvidemos que las operaciones de paz de Naciones Unidas se despliegan justamente en regiones altamente expuestas al cambio climático.
De este modo, las consecuencias del cambio climático se han transformado tal vez en una de las principales preocupaciones de los países en términos de su seguridad nacional. Una nueva vertiente de esta arista quedó en evidencia a partir de 2019, con la diseminación del COVID-19, una enfermedad zoonótica impulsada por la relación perversa entre la actividad económica y la naturaleza. También la crisis ambiental derivada del cambio climático está incidiendo en la dinamización de los desastres naturales y antrópicos, como es el caso de los huracanes, inundaciones, sequías e incendios. Esta situación nos pone ante una necesaria reflexión sobre el ámbito de la Defensa y los roles que pueden asumir al respecto las fuerzas armadas.
En cuanto a Chile en particular, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo considera un país altamente vulnerable ante los impactos del cambio climático, proceso que está afectando sus distintos ecosistemas, considerando que el país posee, por ejemplo, áreas de borde costero de baja altura, una creciente desertificación –con dilatados períodos de sequía-, ciudades en constante crecimiento con una alta contaminación atmosférica y déficits de recursos hídricos, además de una alta exposición a un amplio abanico de desastres naturales y antrópicos, muchos de los cuales ocurren de manera simultánea. Junto con lo anterior, se puede señalar que, dada la vocación oceánica del país, el resguardo del Océano Pacífico debe estar en un lugar de especial preocupación, considerando la alta contaminación y la disminución de sus recursos, siendo un elemento de vital importancia para mitigar el aumento de la temperatura atmosférica, generado por la actividad del hombre.
Considerando lo antes señalado, el cuidado del medioambiente y los riesgos que implica el cambio climático se ha ido posicionando como uno de los desafíos más urgentes para el país y, consecuentemente, en el ámbito de las políticas públicas en materia de seguridad y defensa. Ello ha quedado reflejado en la inclusión de la temática ambiental en la Política de Defensa Nacional de 2020, así como en la implementación de una Política Exterior “Turquesa”, que incorpora distintos elementos tendientes, en el plano internacional, a contribuir a la mitigación del cambio climático, la protección de los océanos y el cuidado de los ecosistemas.
En línea con lo anterior, las Fuerzas Armadas deben cumplir un rol activo en la mitigación de los efectos del cambio climático, siendo una temática que ya ha sido abordada por distintos Libros de la Defensa Nacional de Chile, así como en la Política de Defensa, que incluyen este desafío como parte de las nuevas amenazas que debe enfrentar el país. Particularmente, la Política de Defensa, en línea con la política exterior, señala que: “El desarrollo acelerado y aumento de la población ha generado una serie de amenazas al medioambiente, dando origen a la necesidad de concordar acciones preventivas, proactivas y colaborativas a nivel mundial para mitigar sus efectos, permitir un desarrollo sustentable y conservar un planeta sano para las futuras generaciones”. Asimismo, el documento plantea que las consecuencias del cambio climático generan, a nivel de las instituciones armadas, “demandas de adaptación de infraestructura y doctrina, mayor apoyo para la mitigación de efectos producidos por desastres naturales… mayor exigencia de fiscalización y control de cumplimiento de normas medioambientales y monitoreo de zonas protegidas”, con el objeto de reducir los daños de las operaciones sobre el medio ambiente. Conjuntamente con lo anterior, la Política de Defensa incluye las actividades de emergencia y protección civil como una de las áreas de misión de las Fuerzas Armadas.
Los efectos del cambio climático pueden afectar directamente las instalaciones militares, así como el desarrollo y éxito de las operaciones, cuando las instituciones armadas actúan al interior del territorio nacional o incluso en su despliegue internacional, en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz. También las Fuerzas Armadas pueden ser altamente contaminantes, como lo ilustra el caso paradigmático de un portaviones de Brasil que, habiendo sido dado de baja, ha encontrado una serie de problemas para ser desmantelado, dado que contiene una cantidad indeterminada de asbesto. En consecuencia, las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol activo en la mitigación del cambio climático, ya sea incorporando el uso de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, o en la acción directa para enfrentar sus consecuencias, por ejemplo, en las actividades de protección civil, enfrentamiento de emergencias y en la reducción del riesgo de desastres, como es el caso de los incendios forestales, cada más frecuentes e intensos en nuestro país.
Por tal motivo, reconociendo el camino recorrido hasta ahora en lo tocante a la relevante labor de las Fuerzas Armadas ante las consecuencias del cambio climático y en su accionar ante situaciones de emergencias, se trata de un ámbito sobre el cual cabe seguir avanzando, por ejemplo, en la optimización de los procesos de planificación, incorporando el cuidado del medio ambiente entre las prioridades al momento de evaluar los efectos de las operaciones, en el planeamiento de la fuerza, así como en la elaboración de doctrinas, entrenamiento y equipamiento, entre otros. Todo lo anterior, sobre la base de los más altos estándares en materia de cuidado al medio ambiente, desarrollo de ciencia y tecnología y cooperación internacional.
A este respecto, la Unidad Militar de Emergencias de España (UME) puede servir como un ejemplo, si no para replicar, al menos para adaptar a la realidad nacional. Se trata de una unidad especializada de las fuerzas armadas de ese país, de carácter permanente, destinada a intervenir de manera rápida ante cualquier catástrofe ocurrida en territorio español, que al mismo tiempo sirve como un valioso instrumento de cooperación internacional, como ha quedado claramente demostrado en su accionar en el combate de los incendios forestales, que últimamente han azotado el centro y sur de Chile.
Los incendios forestales, así como los recurrentes desastres que afectan a este país –atizados por el cambio climático- representan una oportunidad para reflexionar sobre los aportes que puede seguir realizando la Defensa –con unas fuerzas armadas profesionales, estructuradas y eficaces- en un escenario global cada vez más complejo y dinámico, con su secuela en la multiplicación de amenazas y riesgos que deben enfrentar las sociedades. No olvidemos que el cambio climático y la contaminación del medio ambiente genera muchas más muertes que los conflictos bélicos en el mundo, a pesar de que los países gastan más en una defensa centrada en los escenarios tradicionales, antes que en un gasto verde más acorde al difícil contexto del siglo XXI.
Jorge Riquelme es analista político, Doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata
