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Arbitrariedad de la política migratoria

Por David Arboleda González.- Niños y niñas, despidiéndose de sus padres en la noche o en la madrugada, son imágenes que se repiten, horas previas a las expulsiones colectivas que realiza el gobierno de Chile, y que han sido cuestionadas por parte de diferentes organizaciones de derechos humanos, encendiendo las alarmas en la opinión pública y el poder judicial.

Aunque en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública continúan defendiendo la política migratoria y todas sus medidas, distintas cortes han dado respuesta a los recursos de protección que interponen personas migrantes con orden de expulsión, y cuyos fallos a favor exponen el actuar arbitrario del gobierno, durante la emergencia por pandemia, y con procedimientos administrativos insuficientes, vulneraciones al principio de reunificación familiar, entre otros argumentos.

Son frecuentes los casos como el de la Corte de Apelaciones de Santiago que el domingo, 6 de junio –día que se efectuaron las últimas expulsiones colectivas–, acogió una orden de no innovar, por un recurso de amparo a favor de una ciudadana venezolana, o el de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección interpuesto a favor de seis migrantes venezolanos que ingresaron por pasos no habilitados al país, y cuyas expulsiones fueron ordenadas por las intendencias de Tarapacá y Antofagasta. También fue conocida la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el 13 de junio, al dejar sin efecto el decreto de expulsión emitido por la Intendencia Regional, de otro ciudadano venezolano, quien tiene familia y un hijo en Chile, mientras en Valparaíso la Corte de Apelaciones, paralizaba una resolución de la Intendencia Regional, que expulsaba a una ciudadana del mismo país de origen mencionado. Y con una fecha más reciente, el 16 de junio, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió los recursos de amparo de 17 ciudadanos venezolanos, y ordenó dejar sin efecto los decretos de expulsión.

Así, los fallos expuestos son solo algunos de los últimos que han salido a la luz pública de las constantes vulneraciones a los derechos de las personas migrantes, cuyas denuncias, hoy tienen eco en la Corte Suprema, y en las agencias de la Organización de Naciones Unidas.

Una de las denuncias más preocupantes es cuando se materializan expulsiones en días y horas inhábiles para dar respuesta a los recursos de protección, por lo cual, Guillermo Silva Gudenlach, presidente de la Corte Suprema, instruyó a las cortes de apelaciones del país. “Teniendo en consideración que dichos tribunales se encuentran investidos de las atribuciones destinadas a mantener incólume el principio de supremacía constitucional, y obligados actuar con prontitud en la salvaguarda los derechos esenciales que emanan de la dignidad humana ante su eventual puesta en peligro al margen del ordenamiento jurídico, se instruye a las Cortes de Apelaciones que deben arbitrar un sistema que permita que se pronuncien oportunamente ante la interposición de recursos de amparo en días o en horas inhábiles, disponiendo las medidas necesarias para que el tribunal sesione oportunamente, aun en día inhábil, si resulta imprescindible”, indica en la resolución del 10 de junio de este año.

En días anteriores, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, expresaron su preocupación frente al nuevo proceso de expulsión, en el que predominan las personas de nacionalidad venezolana, y que se llevó a cabo el 6 de junio de 2021.

“Reconociendo y respetando la soberanía del Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso al territorio, las agencias señalan al mismo tiempo la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. Cabe mencionar que en el contexto de pandemia por COVID 19, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los Estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes”, señalaron.

De igual manera, las agencias destacaron que todas las personas sujetas a una medida de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso, incluyendo la de sus necesidades de protección internacional y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad, además expresaron la necesidad de un protocolo de gestión diferenciado para personas con órdenes de expulsión administrativas y judiciales, ya que al combinar perfiles se puede producir un aumento en manifestaciones de xenofobia y discriminación. Cabe decir, que las declaraciones anteriores reafirman las denuncias que han hecho organizaciones migrantes y pro migrantes.

Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) con base en datos solicitados a instituciones del Estado, entre 2018 y 2020 se decretaron 18.725 órdenes de expulsión, lo que concentra el 45% de las expulsiones decretadas desde 2010. Por su parte, el año con más órdenes de expulsión fue 2019, cuando se superaron las 8 mil. La estadística también relaciona el primer trimestre de 2021, en el que hubo un total de 2.138 órdenes de expulsión (2.038 administrativas y el resto judiciales), de las cuales se concretaron 221 expulsiones.

Para Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, las expulsiones que se están llevando a cabo son arbitrarias e ilegales. “Invisibilizan también la situación de las víctimas de trata y tráfico de migrantes, que merecen protección especial, que en años anteriores el gobierno ha dicho que la va a proporcionar, pero ahora está deportando con una campaña del terror”, manifestó la activista, quien exhortó al estado a garantizar el debido proceso y que se conciba la migración con enfoque de derechos y no con uno de seguridad nacional, “que está suponiendo que las personas migrantes son potenciales infractoras de la ley”.

Otra causa de indignación, es el tratamiento informativo que estigmatiza a la comunidad migrante y a las personas expulsadas, por lo cual Benigna Zambrano, directora de la Asociación Venezolana en Chile, Asoven, pidió a los medios de comunicación más empatía para frenar el racismo y la xenofobia, así como reiteró el llamado al gobierno a cumplir y  honrar los tratados en materia de derechos humanos, personas migrantes y refugiadas.

Las últimas expulsiones realizadas por el gobierno, produjeron un rechazo generalizado, que también tuvo pronunciamientos por parte del SJM, la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales, la Defensoría de La Niñez, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, entre otras organizaciones defensoras de la migración y los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

David Arboleda es periodista y activista enfocado en Derechos Humanos y Migración. Es fundador y facilitador de la Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes.

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