Por Carlos Alvear.- Nos encontramos a sólo unos días de ir a las urnas a cumplir con el rito más importante de una democracia: votar. Estamos en la disyuntiva de aprobar o rechazar. Sería bueno preguntarnos cómo llegamos a este escenario
El estallido social de octubre de 2019 hizo necesario este acuerdo nacional para salvar un momento de crisis donde el país se rompía a pedazos. Porque recordemos que, como dijo Gabriel Salazar, sólo faltaba una chispa para que se crispara la piel de los adolescentes que venían dando señales de sensibilidad histórica e irritabilidad política, más que cualquier otro sector de la sociedad. El alza del pasaje escolar en 30 pesos y, de ahí en adelante, se vino una explosión de indignación con protestas pacíficas y violentas que dieron paso a un estallido de violencia inédito en nuestro país, con grupos vandálicos que quemaron buses y locales comerciales de barrio, locales chicos y grandes, iglesias, saqueo de supermercados, el incendio de la una sede universitaria y la destrucción de reparticiones públicas y privadas.
El saldo final terminó con más 30 fallecidos, cerca de 400 personas mutiladas, 3.343 personas heridas, muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos, excesos del uso de la fuerza pública. Eso, sin contar los cientos de Carabineros heridos.
De las 136 estaciones de Metro, 118 presentaron daños, el 87 % de la red y 255 millones de dólares para repararlo. Urge la investigación para establecer los hechos y sancionar todos los delitos, caiga quien caiga. Esto es vital para fortalecer la democracia.
La indignación por los abusos y la falta de probidad hicieron mella en la confianza del pueblo de Chile en todas las instituciones de la República, entre ellas la credibilidad de la clase política. Porque para la gente resultaba incomprensible la salida alternativa de un senador por 35 millones de pesos en relación a la condena a cinco años por robar un cajón de paltas. Lógicamente, el poder judicial aplicó el derecho, y ese es el resultado. Pero para el chileno y chilena común y corriente -que trabaja, está endeudado, que tiene que cruzar la ciudad desde su casa a su lugar de trabajo dos veces al día, es decir casi 4 horas arriba del transporte público- es indignante, porque no lo entiende, porque percibe que no hay igualdad ni proporcionalidad.
Si a esto agregamos la colusión del pollo, de las farmacias, del papel confort, en el caso de las Universidades el fraude que significó el diseño de negocios que los grupos económicos tenían para zafar de la ley, porque el lucro no estaba sancionado penalmente… todos delitos económicos a los cuales la ley entrega un tratamiento distinto y privilegiado como es la aplicación del derecho administrativo sancionatorio en relación a la aplicación del derecho penal que se aplica al ladrón de paltas. La sanción de la SVS a Sebastián Piñera por la compra de acciones de Lan con información privilegiada es uno de los íconos más representativos de esta dualidad que terminó por cansar al país.
Ezzat A . Fattah, uno de los padres de la criminología moderna sostiene que las agresiones, y las múltiples conductas transgresoras, predatorias, ilícitas, son catalizadoras de su propia victimización. Esto en ningún caso quiere decir que exista una justificación legal o moral de la comisión de delitos, pero ciertamente es más fácil entender la necesidad de generar diálogo para reparar donde sea necesario.
Hoy tenemos a las instituciones del Estado cuestionadas, los partidos políticos y su clase desprestigiados por casos como PENTA y SQM en el financiamiento irregular de la política. Con una democracia debilitada y en crisis, con una situación que tiene algunos matices de similitud al caso venezolano, nos encontramos con una propuesta que nos hace la Convención Constitucional que tiene un contundente catálogo de derechos sociales que nunca antes habíamos visto, con derechos a la salud, la seguridad social, el acceso al libro, protección de la naturaleza, al goce de la lectura, con expresa mención a las personas con discapacidad y a las minorías, entre otras.
Sin embargo, la propuesta también contiene normas institucionales con un diseño que hace peligrar la integridad y la eficiencia del Estado. La plurinacionalidad se instaló como una piedra angular del proyecto en circunstancias que esta idea no figuraba en las reivindicaciones de octubre. Actualmente la población indígena no supera el 12,5 % según el censo de 2017, realidad muy distinta a la de países como Bolivia y Ecuador.
En este contexto se nos quiere hacer aprobar la propuesta Constitucional, el artículo 114 Nº3 señala: “Toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada, además de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos y naciones indígenas del país.”
En el fondo este artículo está señalando que quien se autopercibe como de algún pueblo originario (aunque no sea indígena) puede solicitar que en el carnet de identidad o en el pasaporte, se acredite con su sola declaración de voluntad su pertenencia a un pueblo o nación indígena. Esto, sin que medie un requisito previo y, por lo tanto, se da lugar a cierta discrecionalidad que tendrá aquella persona que crea o se sienta Yaghan o Selk’nam aun cuando sabemos que estos pueblos están casi extintos, en razón de que esta persona se autoperciba como tal, aunque por sus venas no corra sangra indígena.
El artículo 5 número 2 reconoce once pueblos o naciones preexistentes, con once necesidades distintas a la de la población nacional. Muchos de ellos ya casi extintos, pero que potencialmente podrían ser revividos artificialmente a través de esta norma, que se va prestar para abusos de gente que posiblemente no tiene origen indígena, porque ese artículo no establece otros requisitos. Sobre esta norma se puede especular mucho. Lo cierto es que representa una muestra abusiva, una colonización ideológica que busca terminar el principio de igualdad ante la ley ante, en el que se funda la República, sobre la base a la tríada universal de la Revolución Francesa que proclamaba la libertad, la igualdad y fraternidad, la base sobre la cual se construyó la posterior doctrina moderna de los derechos humanos. Se altera este principio universal que rige la vida en común de las sociedades, para dar paso a un nuevo concepto de ciudadanía que nos fragmentaría en múltiples identidades, y como la etnia sería un fenómeno diferenciador cultural, al compartir entre ellos criterios comunes de evaluación y juicio, nos convierte automáticamente al resto de la población en extraños, en los antagonistas, porque se ha levantado una frontera simbólica que nos divide, fundamentada en una apreciación subjetiva que les permite auto asignarse un lugar distinto en la relación social.
Ernesto Laclau, un filósofo argentino postmarxista sostenía que las tardías sociedades modernas estaban atravesadas por variadas divisiones y antagonismos –el género, la clase, la etnia- con cuyos materiales se construye la identidad. En esta sociedad dislocada que nos propone, surgirían diversos procesos de subjetivación de los que surgirían la autocomprensión de los individuos. La autopercepción que nos propone el artículo 114 Nº3 es muy simbólica del cambio que se quiere instalar amparados en nuevos conceptos como la igualdad sustantiva, la cual distribuiría justicia asimétrica para transformar las estructuras. Tema a parte es el reconocimiento del pueblo afrodescendiente del cual no hay antecedentes en la época colonial. Para este ideólogo de la izquierda latinoamericana, la sociedad dislocada es la que ha perdido su centro, y que hoy la convención nos propone que sea reemplazada por una pluralidad de centros de poder. Así también hay varias normas de este proyecto como alterar las reglas de la separación de poderes del Estado, quitarle al Poder Judicial la categoría de un poder del Estado, una garantía para los ciudadanos. Un poder judicial independiente cautela de mejor manera las libertades públicas y privadas.
El proceso constituyente no termina este domingo 4 de septiembre: los chilenos y chilenas estamos en una encrucijada. Salir a rechazar un proyecto constitucional que nos va a fragmentar como país al conceder no sólo la autonomía administrativa y económica, sino que también un poder de veto a las comunidades indígenas. El país reclama instituciones que den estabilidad y prosperidad para lograr la justicia social, porque sólo reparando, reencontrándonos podremos alcanzar la estabilidad y la paz social que necesitamos. El proceso de octubre de 2019 reclamaba con indignación por igualdad ante la ley, dignidad en el trato, y la convención nos devuelve un proyecto ideologizado que busca sentar bases hegemónicas que generarán un nuevo conflicto, haciendo casi inviables la igualdad ante la ley y la construcción de un Estado social y democrático de derecho. Inviables porque va a desaparecer el bien común para dar paso a una suma de los intereses fragmentados de diversos grupos en el país. Este domingo nos jugamos la madurez política que implica ser capaces de entender que lo mejor es rechazar este proyecto para que se abra un nuevo proceso que busque unir al pueblo de Chile en torno a una Constitución que nos represente a todos.
