Por Gustavo Saldaña.- Desde 2005 nuestro país ha vivido entre los gobiernos intercalados de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. A semejanza del infantil juego de las sillas musicales estos dos personajes se han repartido la jefatura del Estado, con resultados que nos hacen cuestionar por qué los seguimos eligiendo.
Siendo hoy Presidente Sebastián Piñera, bastantes voces de la ex Nueva Mayoría han asumido la defensa del legado de Bachelet e incluso la han propuesto nuevamente como candidata presidencial. Dado que la memoria es corta, conviene repasar los principales legados del Gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría.
A esto debemos sumar el aumento de la deuda externa. En 1986, en pleno Régimen Militar, esta ascendía a 23.000 millones de dólares. Para 2014, al asumir nuevamente Bachelet había disminuido a poco más de 6.000 millones de dólares, solo para que en cuatro años su gobierno la aumentase a 12.500 millones de dólares. (Fuente: Banco Central). El consecuente menoscabo de nuestra soberanía es evidente, pues el gasto público se verá coartado por los compromisos de pago de esta deuda.
La reforma tributaria favoreció a las grandes empresas y perjudicó a las de menor tamaño. Según datos de Tesorería General de la República, las empresas tributaron un 0,8% menos el primer año de la reforma, en tanto que este año se postergó la declaración de impuesto a la renta a solicitud del Colegio de Contadores debido a la complejidad del nuevo sistema. El problema es tal que este año el Presidente Piñera anunció una nueva reforma a fin de simplificar el sistema.
Las empresas nacionales fueron olvidadas por el Gobierno. Más preocupados de hacer una reforma sindical disfrazada como reforma laboral, se descuidó el desarrollo de la industria chilena, teniendo como resultados los cierres de Maersk en San Antonio, Iansa en Linares y Pastas Suazo en Curicó. Las estadísticas de Procedimientos Concursales de Liquidación (antigua quiebra) muestran que durante el segundo mandato de Bachelet quebraron más empresas que durante todos los gobiernos desde el Régimen militar.
La agenda legislativa no fue mejor. La Presidente Bachelet demostró en su desgobierno una desconexión total con los problemas de los chilenos, pues de lo contrario, los 449 niños fallecidos en el Sename entre 2005 y 2016 hubieran tenido alguna relevancia para su Gobierno, al menos más que las 148 mujeres condenadas por realizarse abortos en el mismo periodo.
Resulta curiosa frente a las cifras la elección del Gobierno de Bachelet ¿era más necesario eximir de responsabilidad de 148 condenados por abortar o reformar el Sename para evitar más fallecimientos de menores inocentes al cuidado del Estado?
No solo ello fue obviado por Bachelet. Según datos del Departamento de Extranjería en Chile los inmigrantes pasaron de ser medio millón en 2014 hasta casi dos millones en 2018, presentándose únicamente un proyecto de ley en 2017, el que aun duerme en el Congreso Nacional.
Bachelet, concentró decisiones trascendentales en sus últimos días en el cargo. Presentó su proyecto de Nueva Constitución seis días antes del cambio de mando, condenando al fracaso una propuesta cuya realización costó 2500 millones de pesos. En contravención a la legalidad se intentó por un lado cerrar el penal de Punta Peuco y trasladar los violadores de DDHH a una cárcel común, y al mismo tiempo conceder un indulto al frentista Jorge Mateluna, condenado por diversos asaltos a bancos. Fue la determinante negativa del ministro radical de Justicia Jaime Campos la que evito tales atentados a nuestra institucionalidad.
Al margen de su objetivamente mala administración del Estado, es innegable que Bachelet es una figura destacada en la política supranacional. La Ex Secretaria General de ONU Mujeres y actualmente Alta Comisionada de Derechos Humanos, es hoy una importante figura chilena en el mundo.
Ahora bien ¿hemos ganado algo con esto como país?
Su Excelencia nos lega la perdida de territorio marítimo, negociaciones de nuestra soberanía y demandas en tribunales internacionales, lo que no ha sido impedimento para haber ocupado altos cargos en la ONU. Sin embargo ello tiene un alto costo para Chile: jamás nuestra Ex Presidente se ha pronunciado decididamente en defensa de nuestra soberanía mientras ejerce alguno de sus altos cargos en el exterior. Este reproche es excesivo en todo caso si se considera que tampoco la defendió durante sus presidencias.
La defensa del Gobierno de Bachelet, siendo los datos claros en señalar que su segundo mandato fue uno de los peores de nuestra historia, obedece a motivos estratégico-políticos o simplemente a una ignorancia de los datos, pues cualquier Presidente con esos resultados no sería jamás una opción para volver al cargo.
Chile es una gran Nación, y los chilenos damos constantemente muestra de ello. De lo contrario, no hubiéramos resistido los terremotos que han sido para nuestra estabilidad económica, social y cultural los gobiernos de Bachelet. Nunca en nuestra historia un gobierno elegido con tan amplia mayoría popular y parlamentaria tuvo una administración y políticas tan nefastas para el desarrollo de la República. Por el bien de Chile y por respeto a la institución de los Ex Presidentes, Bachelet no debe volver a La Moneda.
Gustavo Saldaña es estudiante de Derecho en la Universidad de Valparaíso, ayudante de Derecho Internacional Público y Consejero Triestamental de Escuela de Derecho UV 2016-2017
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