Por Gonzalo Martner.- «Lo más grave es la pérdida de empleos. Es un riesgo sobre el tejido social, el ingreso de los hogares, la demanda y el crecimiento». ¿Es esta otra declaración de algún economista de izquierda azorado por la crisis y sus efectos sobre la ciudadanía de a pie y que insiste en que actuar con apoyos a los afectados por la crisis es una política buena y racional? No, es lo que declaró Christine Lagarde, que proviene de la derecha francesa y hoy es presidenta del Banco Central Europeo, el 19 de octubre. Y agregó: «Los gobiernos de la zona euro debieran estar extremadamente atentos al respecto. Nos parece esencial que las redes de seguridad presupuestaria puestas en funcionamiento por los gobiernos en esta crisis no sean retiradas prematuramente«.
En momentos en que el gobierno en Chile decidió terminar con el Ingreso Familiar de Emergencia en nombre de un subsidio al empleo que abarca a 160 mil personas en vez de los 8 millones del IFE- y no se toman medidas de reforzamiento del seguro de desempleo en un contexto de 2,8 millones de cesantes, la voz del Banco Central no se escucha para nada. Cero.
El BCE no solo no propugna contenciones presupuestarias -mientras en Chile el presupuesto 2021 no crecerá en términos reales y el BCCh no dice nada- sino que su presidenta Lagarde, frente a la pregunta sobre la magnitud del apoyo presupuestario a los países que por primera vez se puso en práctica por 750 mil millones de euros en 2020, contestó: «Desde abril había insistido sobre la necesidad de un plan consecuente, rápido, flexible, pero también focalizado sobre los países y sectores que más lo necesitaban. Según nuestras cifras, esto correspondía a un gasto entre 1.000 a 1.500 miles de millones de euros». Se agregó a los ya significativos planes nacionales un plan para 2021 de 5% del PIB europeo, que Lagarde defendió se ampliara hasta 10% del mismo.
¿Se imaginan al Banco Central chileno planteándole al gobierno que gaste hasta el doble de un plan presupuestario establecido?
Sería tomado como una humorada. Nuestros economistas oficiales le tienen pánico a que su acción sea acusada de populista y los que tienen un origen en la izquierda se sienten obligados a dar explicaciones y mostrar credenciales neoliberales. Viven en el planeta de los supuestos automatismos de mercado, de los intereses del capital financiero y de la inacción frente a una crisis de producción y empleo que, si no ha sido mayor, se debe al uso de los ahorros de los trabajadores que la sociedad y el parlamento le han impuesto al gobierno. Y a una inyección de liquidez que no ha sido rápida ni suficiente para obligar a la banca a apoyar a las pymes en la magnitud necesaria, pero que algo ha sostenido la situación de empresas en dificultades.
El retiro de fondos de AFP y el agotamiento de las cuentas individuales del seguro de cesantía no son las mejores medidas desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad, pues es el gobierno el que está en mejores condiciones de apoyar a los más afectados y sostener la demanda agregada utilizando sus reservas y capacidad de endeudamiento a bajo costo, esfuerzo sin el cual el desempleo se mantendrá por largo tiempo. El parlamento ha forzado autorizar a recurrir a los ahorros de las personas porque los economistas de rutina en Chile no han estado a la altura y no han querido utilizar las fortalezas construidas durante décadas, que siempre apoyé por la naturaleza del ciclo económico en Chile, precisamente para intervenir en estas ocasiones.
El acuerdo entre el ministro de Hacienda y el Senado incluye una cifra de 12 mil millones de dólares de gasto público en dos años, centrada en subsidios a las empresas, que el ministro de Hacienda trata de defender en estos días haciendo comparaciones abusivas para justificar su inacción en el momento en que termina con el IFE. Esta cifra es insuficiente para abordar la magnitud de la crisis, no utiliza todos los recursos disponibles y no prioriza a los más necesitados.
Y además la conducta gubernamental tiene una pretensión insólita: supuestamente el acuerdo se aplicará hasta el primer año del próximo gobierno, para «amarrarlo», con la venia de senadores de la oposición. Evidentemente eso no va a ocurrir, porque habrá un nuevo Presidente y un nuevo Parlamento, que seguramente aplicarán desde el primer día un plan de estímulo económico liderado por incrementos de salarios y la inversión pública. Pero esa pretensión de poder de una tecnocracia autocentrada e incompetente y de senadores «transversales» que la acompañan que a estas alturas es francamente abusiva, tiene una contrapartida: la creciente irresponsabilidad de parlamentarios que consideran «letra chica» cobrar impuestos a los más ricos en los retiros de AFP.
En el primer retiro se podía sostener que la omisión era parte de la vorágine y planteaba problemas de iniciativa parlamentaria inconstitucional. Pero en una segunda ocasión ya constituye un patrón de conducta irresponsable que debe detenerse, pues destruye el principio de progresividad de los impuestos, central para toda política fiscal progresista y eficaz. El país debe volver a recuperar racionalidad y serenidad, y hacerlo al servicio de la mayoría social y de los que sufren la crisis y no del halago a las pasiones del corto plazo.