El presidente de Bolivia Rodrigo Paz eligió un ejemplo muy concreto para ilustrar lo que describe como un desfalco de más de US$15.000 millones durante los gobiernos del MAS: la compra de un sistema de radares de 360 millones de euros que, según él, no ha funcionado en más de diez años.
ElPensador.io.- Cuando el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habló de la “autopsia” que su administración está realizando sobre la herencia recibida tras veinte años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), decidió acompañar las grandes cifras con un ejemplo muy concreto. Entre los “casos extraordinarios de corrupción” que dijo haber encontrado, destacó la compra de un sistema de radares para el control del espacio aéreo, adquiridos a la empresa francesa Thales, por 360 millones de euros, equipos que, según su versión, no han funcionado en más de diez años.
El mensaje no pasó desapercibido. En un país atravesado por la crisis económica y el desabastecimiento de combustibles, el nuevo presidente del país altiplánico aseguró que el posible daño total por corrupción supera los 15.000 millones de dólares y que ese monto puede crecer a medida que avancen las investigaciones. En sus propias palabras: “Se trata de un número de casos de corrupción extraordinarios para cuando los bolivianos y bolivianas sepan la información. Radares con valor de más de 360 millones de euros que en más de 10 años no han funcionado”, afirmó Paz, apuntando directamente a las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.
Un proyecto pensado para vigilar el cielo que hoy está bajo sospecha
El paquete de radares al que alude Paz fue adquirido como una pieza clave para vigilar el espacio aéreo boliviano, reforzar el control del tránsito aéreo y apoyar la lucha contra vuelos irregulares vinculados al narcotráfico. Sobre el papel, la inversión prometía un salto en capacidades de vigilancia, con tecnología de última generación y cobertura ampliada del territorio.
El acuerdo se firmó en 2016 entre la administración del entonces presidente Morales y la empresa francesa Thales, e incluía el funcionamiento de 13 radares. “Con la firma de este convenio, Bolivia va a constituirse en un referente en cuanto a seguridad de aeronavegación y junto a Brasil se va a convertir en uno de los países que tiene un sistema integrado civil-militar”, explicaba en ese entonces el ministro de Defensa, Raymi Ferreira, según informó Reuters. Sin embargo, durante los años siguientes al acuerdo aparecieron los primeros cuestionamientos al funcionamiento de los radares.
El medio especializado en crimen en Latinoamérica Insight Crime, publicaba en junio de 2023 una nota titulada “Por qué los radares de $215 millones de Bolivia no están detectando narcovuelos”, señalando que “tras el hallazgo de un avión que llevaba media tonelada de droga procedente de Bolivia y que luego se encontró en España, Novillo afirmó a comienzos de junio que los planes para poner en operación los demás radares estaban listos en un 95%. Sin embargo, otro alto funcionario había hecho exactamente la misma predicción en enero de 2022”.
Hoy, este caso es presentado como un símbolo de ineficiencia y posible corrupción: una infraestructura costosa que no habría cumplido el propósito estratégico con el que fue anunciada y que hoy se investiga como uno de los casos más graves detectados por los nuevos ministros.
Diez años de preguntas sin resolver
A ese diagnóstico se suma la voz de referentes políticos que exigen ir más allá de las sospechas iniciales. Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lo plantea de esta manera: “Técnicamente se va a demostrar que estos no han funcionado. Tenemos el dato inicial, pero cuando demostremos científicamente que esos radares jamás funcionaron en territorio nacional, debe generarse responsabilidad. Estamos hablando de hechos investigados que datan de hace más de cinco años”.
En la misma línea, Alejandro Reyes, diputado electo de Unidad por La Paz, pone el acento en las consecuencias concretas sobre la seguridad aérea del país: “Tiene que haber una responsabilidad administrativa y penal de quienes incurrieron en la compra y quienes nunca hicieron que esto funcione, que además permitió que ahora nuestros cielos estén prácticamente contaminados con aviones que van seguramente al narcotráfico”.
Desde la oposición, María Elena Pachacute, senadora por Alianza Libre, amplía el foco hacia el impacto en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de una investigación más amplia: “Ha sido una burla la lucha del narcotráfico. Creo que ahora tienen una tarea sumamente fundamental, a través del Ministerio de Gobierno que ya tiene la estructura organizacional, ponerse las pilas y ponerse a trabajar. Nosotros desde Alianza Libre hemos planteado el tema de que se debe hacer una comisión de investigación por el desfalco económico y sabemos que los radares son sólo un ejemplo”.
Las tres voces coinciden en un punto central: el caso de los radares no es un episodio aislado, sino la punta de un iceberg de presuntas irregularidades que, de confirmarse, obligará a establecer responsabilidades políticas, administrativas y penales.
De caso técnico a emblema político
El caso no es simplemente un asunto de equipamiento tecnológico. Al instalarlo como ejemplo central de sus denuncias, el presidente lo convierte en emblema de una forma de gestionar los recursos públicos: grandes contratos, poca transparencia hacia la ciudadanía y resultados difícilmente verificables.
Desde el propio gobierno se ha insistido en que “no habrá impunidad” y en que se presentarán denuncias penales contra los responsables. Paz también ha hablado de un “hilo conductor de una mafia” en diferentes organismos estatales vinculados al sector energético y de hidrocarburos, en paralelo a las irregularidades que afirma haber encontrado en la adquisición de los radares.
Las interrogantes que quedan planteadas para la región
Más allá de las responsabilidades que determine la justicia boliviana, la manera en que el presidente ha expuesto el tema deja varias señales que trascienden sus fronteras:
Proyectos de este tamaño ponen el énfasis en una mayor transparencia desde la justificación de la compra hasta la evaluación pública de si los sistemas funcionan como se prometió. Según expertos, se trata de una discusión que no puede reducirse a la cifra de inversión; debe incluir años de operación efectiva, impacto real en seguridad y calidad del soporte técnico.
