El cronograma del juicio a Bolsonaro y su “núcleo crucial” no solo mide culpabilidad, sino la capacidad de Brasil para resistir presiones diplomáticas y mediáticas y votar con lucidez, afirma Fernando de la Cuadra.
Por Fernando de la Cuadra.- Ya existe fecha para la condena de los golpistas. El ministro Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, fijó para el próximo 2 de septiembre el inicio del juicio final de la acción penal contra el llamado “núcleo crucial” del golpe, que incluye a Jair Bolsonaro y otros siete acusados por delitos como intento de golpe de Estado, organización criminal armada, abolición violenta del Estado de Derecho, daño calificado a la infraestructura pública y destrucción del patrimonio nacional.
Durante la fase oral, el Procurador General de la República, Paulo Gonet, sustentará en una hora los puntos centrales de la acusación. Luego los abogados de los acusados realizarán sus defensas orales. A continuación, el ministro relator, Alexandre de Moraes, presentará su voto y los otros cuatro ministros de la Primera Sala emitirán los suyos.
Aunque el veredicto sea condenatorio, los acusados no ingresarán de inmediato a prisión: sus defensores podrán interponer nuevos recursos y, en su caso, apelar la sentencia. En todo caso, la mayoría de ellos podría cumplir condena en un presidio especial por ser oficiales militares o delegados de la Policía Federal.
Mientras tanto, la familia y seguidores de Bolsonaro presionan al gobierno de Donald Trump para que aumente las sanciones económicas a Brasil. Desde el 6 de agosto, Estados Unidos aplica un arancel del 50 % a cerca de 4 000 productos brasileños en el comercio bilateral.
Trump justificó el “tarifazo” por una supuesta persecución política contra su aliado, y aludió además a la regulación de las plataformas digitales de las Big Tech estadounidenses como X, Meta o Google.
Las sanciones también incluyen el bloqueo de la visa de ocho de los once ministros del STF y de dos médicos vinculados al Programa Más Médicos impulsado por Dilma Rousseff para atender zonas remotas de Brasil.
En un informe sin precedentes, el Departamento de Estado de EE UU. acusó a Brasil de violar los Derechos Humanos mediante asesinatos, torturas y censura, sin mencionar las violaciones cometidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
Por otro lado, la campaña de la extrema derecha en redes sociales y en recintos de culto pentecostal ha sido eficaz. Una encuesta reciente señala que el 35 % de los entrevistados responsabiliza a Lula por las sanciones de Trump, frente a un 22 % que culpa a Bolsonaro. El predominio de las fakenews desplaza así el debate basado en hechos.
En su libro Sobre la tiranía. Veinte lecciones del siglo XX para el presente, el historiador Timothy Snyder advierte que, cuando la fe sustituye a la evidencia, las verdades pequeñas dejan de importar y la posverdad se convierte en prefascismo.
Quizás la difusión de la etapa final del proceso contra los autores de la trama golpista permita a los brasileños comprender cómo se fraguó el intento de destruir la democracia y recuperar una mirada lúcida sobre el peligro que representan las acciones de la extrema derecha.