Estados Unidos intensifica su presión militar sobre Venezuela con un despliegue naval sin precedentes. El régimen de Maduro responde con movilización interna, denuncias internacionales y una retórica de resistencia.
Por Samuel Fernández Illanes.- Una explícita demostración de fuerza y presión al régimen de Nicolás Maduro ha provocado diversas reacciones. La operación se justifica como una medida para impedir el narcotráfico desde Venezuela hacia Estados Unidos, vía Colombia, y se enmarca en el programa de seguridad del presidente Donald Trump.
Trump ordenó el despliegue de una flotilla con unidades de última generación: un crucero con misiles, destructores, un submarino nuclear, lanchas de desembarco y aproximadamente 4.500 efectivos. Estas fuerzas están apostadas fuera de las aguas territoriales venezolanas y, aunque aún no han iniciado operaciones, su presencia resulta intimidante para quienes intenten desafiar el bloqueo.
Ver también:
Maduro expulsa misión de DDHH en Venezuela
Venezuela ha reaccionado con denuncias, discursos, movilizaciones, el despliegue de la Milicia Nacional Bolivariana y la acostumbrada retórica chavista frente a la “amenaza imperialista”. Además, ha iniciado un confuso “proceso interno de aceleración y reorganización dinámica y despliegue”, ha enviado tropas a la frontera con Colombia y ha buscado respaldo en países aliados y en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Las respuestas han sido mayoritariamente declarativas por parte de sus aliados incondicionales, mientras que otros países han adoptado posiciones cautelosas. Rusia y China, por su parte, han optado por una prudente prescindencia.
Sobre el régimen venezolano penden acusaciones de dirigir el llamado “Cártel de los Soles” —nombre que alude a las insignias de los generales—. Estados Unidos ha ofrecido recompensas millonarias por la captura de Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, equiparándolos a criminales internacionales. Se les acusa de liderar un “narcoestado” dictatorial, sustentado en elecciones consideradas ilegítimas, violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de tratados internacionales sobre:
- Estupefacientes (Convención de 1961)
- Sustancias sicotrópicas (Convención de 1971)
- Tráfico ilícito (Convención de 1988)
- Blanqueo de dinero (Convención de Palermo, 2000)
- Corrupción (Convención de Mérida, 2003)
- Crimen organizado transnacional
Las acciones futuras son inciertas, pero lo que sí ha cambiado es la posición internacional frente a Venezuela. La tensión ha escalado a niveles que algunos analistas comparan con la crisis de los misiles de 1962.
Samuel Fernández Illanes es ex embajador y académico U.Central
