Carter, el demoledor

Por José María Vallejo.- Chile se ha transformado en un pueblo de sheriffs, comisarios sin ley en un territorio sin ley, apelando a poderes sin ley cada vez más amplios, para combatir a criminales sin ley que cada vez parecen más dueños de todo.

No es solo el aumento de la delincuencia, sino la visualización de un Estado que ha dejado el control de las calles a una delincuencia organizada plenipotenciaria, como se evidenció de manera extraordinaria en Valparaíso, cuando un funeral narco implicó prácticamente desalojar una parte de la ciudad para permitir el tránsito pacífico de los criminales, igual que esos western en los que las bandas de forajidos se apropian de un pueblo americano.

Llama la atención, no solo en este incidente, sino en todo el escenario de inseguridad del último año (asesinatos brutales en el centro de Santiago, Araucanía, falta de vigilancia general) la ausencia de la policía uniformada. Esa presencia escasa (que parece estratégica) sumado a los últimos mártires de Carabineros, ha exacerbado un miedo atávico en los chilenos. Es terror.

Cuando hay terror (una emoción poderosa que borra la razón en pos de la sensación de seguridad), las sociedades están vulnerables a dos fenómenos: el primero, es la disposición a ceder voluntariamente sus libertades y el ejercicio de sus derechos al Estado o a cualquier otro tipo de poder fáctico que pueda garantizar que dejaremos de victimizarnos. La mayor evidencia de ello ocurrió esta semana cuando, tras el asesinato de una carabinera en Quilpué, toda la agenda legislativa se reordenó para tramitar apresuradamente el aumento de facultades para que las policías usen sus armas letales para con control del orden público en casi cualquier circunstancia. Incluso la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha señalado que en virtud de esa nueva legislación los policías podría disparar a los delincuentes por la espalda, para detener su huida. Es interesante cómo ha permeado el terror (con esta manifestación) en la agenda de un gobierno que, hasta hace poco, pugnaba por la refundación de la institución y le achacaba violaciones a los derechos humanos tras el estallido social.

La segunda vulnerabilidad social cuando hay terror, es a apoyar el surgimiento de liderazgos absolutos, omnipotentes y efectistas, es decir, populistas. Gaspar Rivas intentó hacerlo el año pasado, pero no lo logró, pues el show de ponerse una placa de comisario era demasiado parecido a un cómic, amén de que los parlamentarios son liderazgos magullados en su reputación y más lejanos para la población. Los alcaldes, sin embargo, como liderazgos locales más cercanos y dotados de ciertos poderes “ejecutivos”, tienen la capacidad de generar acciones más visibles que los posicionan mejor frente a las personas que sufren el terror diario. El caso del alcalde de La Florida ha sido paradigmático y supo apuntar con una medida concreta a un miedo real de los vecinos de las poblaciones: el miedo de quienes ven todos los días la realidad del microtráfico y todos los días tenían que encerrarse porque “todo el mundo sabe que en esa casa venden droga y nadie ha hecho nada”.

La medida es, en realidad, ilegal, como planteó Braulio Jatar. Está en la Ley de Control de Drogas N°20.000. Y cito: “Artículo 45.- Sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en comiso los bienes raíces; los muebles, tales como vehículos motorizados terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de comercio y valores mobiliarios; y, en general, todo otro instrumento que haya servido o hubiere estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en esta ley; los efectos que de ellos provengan y las utilidades que hubieren originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, o las transformaciones que hubieren experimentado, como, asimismo, todos aquellos bienes facilitados o adquiridos por terceros a sabiendas del destino u origen de los mismos. Igual sanción se aplicará respecto de las sustancias señaladas en el inciso primero del artículo 2º, y de las materias primas, elementos, materiales, equipos e instrumentos usados o destinados a ser utilizados, en cualquier forma, para cometer alguno de los delitos sancionados en esta ley.

Artículo 46.- Los bienes decomisados en conformidad a esta ley serán enajenados en subasta pública por la Dirección General del Crédito Prendario, la que podrá, además, ordenar su destrucción, si carecieren de valor.

El producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal situación ingresarán a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, con el objetivo de ser utilizados en programas de prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción”.

Esto señala, por tanto, que si hay inmuebles asociados al narcotráfico, lo que se debe hacer es requisarlos, venderlos y usar el dinero para combatir más el flagelo. Pero no demolerlos. Pero, claro, decomisar y vender es más lento y engorroso, mientras que la demolición (aunque sea parcial) es visible e inmediato, y saca aplausos altiro. “Liderazgo”, lo calificó Carter.

El fenómeno de los comisarios demoledores y sus medidas visibles (el general director de Carabineros con su emplazamiento al Congreso también entra en esa categoría) es peligroso para la democracia, no sólo porque explota el miedo (y si su poder y validación se basa en esa emoción, deben mantener constantemente algo a lo que se debe temer… narcos, inmigrantes), sino también porque, sumado a la disposición a ceder las libertades y derechos, son presa fácil del fanatismo.

Pero también porque el comisario (en todas partes) tiende a perder el foco de los problemas más importantes y al mismo tiempo, ante la necesidad de mostrarse exitoso, siempre buscará enemigos abordables: un microtraficante, un delincuente común. ¿Por qué no se le ocurrió demoler las casas de los operadores de otras mafias poderosas, como los ejecutivos de las colusiones de las farmacias o el papel higiénico o de los pollos? Solo por poner un ejemplo. No, el comisario debe validarse ante su público local. No atacará enemigos que no sean abordables.

De modo que no perdamos el foco. La seguridad no se adquiere con menos derechos y libertades ni con más comisarios. Volver a un Estado con ley se logra con el respeto de la misma y el uso legítimo de la fuerza por parte del poder constituido restableciendo el orden con decisión y presencia.