Por Genaro Cuadros.-Al comenzar este siglo, según la Cámara Chile de la Construcción, cerca de un 70% de la población chilena es propietaria de su vivienda. Esto ha sido el resultado de una política sistemática de provisión de vivienda social, así como de la industrialización de un mercado inmobiliario intenso y extenso durante las últimas tres décadas. Sin embargo, esa tasa viene descendiendo sistemáticamente.
Hoy la cantidad de propietarios se acerca a la mitad de la población. La otra mitad podemos suponer que arrienda o debería arrendar. Es evidente que se requieren cambios radicales en las políticas de vivienda de subsidio a la vivienda en propiedad, porque nuestras vidas han cambiado y también la ciudad. Debemos crear un segundo pilar de provisión de viviendas en arriendo que sustituya paulatinamente la provisión de vivienda social en propiedad, y así hacerse cargo de una esa porción relevante de chilenos que vive en una propiedad arrendada.
El Estado de Chile ha optado en sus políticas de vivienda por generar propietarios. Desde los 80, el subsidio de vivienda constituye el principal instrumento con el que los ciudadanos cuentan para cumplir el sueño de la casa propia. Pero con él también se entrega un patrimonio hipotecable, que el mercado financiero ha a provechado astutamente. El asunto es que el mercado de viviendas ha cambiado sustancialmente. Proveer vivienda social en propiedad no es sostenible para el futuro, tampoco los precios de arriendo con el promedio de salarios que los chilenos tienen.
Nuestros padres y abuelos nos decían “ahorra para una casa, así tendrás donde caer muerto”. Esta afirmación esconde detrás múltiples situaciones de alcance urbano, económico y político que deben ser parte de los debates futuros. Por ejemplo, esconde la precariedad del sistema de protección social: dado que tenemos un sistema previsional fallido (AFPs), sólo un bien inmobiliario permite enfrentar situaciones catastróficas familiares como una enfermedad, el desempleo permanente o la vejez. En un país con un sistema de protección social más solido, no debiera ser determinante para las familias el contar con una casa propia para sobrevivir dignamente.
Subyace además la idea de que podemos ahorrar sistemática y significativamente a lo largo de la vida, lo que nos permite hacernos de un bien del valor de una casa o departamento. Pero sabemos que los salarios no son suficientes y que en el país prevalece un estado de informalización del trabajo. Este fenómeno se ha agudizado con la pandemia y hoy vemos una fragilidad en el empleo y en los salarios, sólo igualables a la década de los ochenta.
Es necesario entender que la única forma sostenible que el Estado tiene para producir viviendas y regular el mercado privado, es cambiando significativamente el rol que tiene hoy, no sólo en la planificación de la ciudad sino también en los distintos mercados de provisión de vivienda, sean estos privados, públicos o cooperativos. Se requiere que éste juegue un rol activo en la regulación de los valores del suelo y de los arriendos, así como en los instrumentos y proyectos públicos de producción de viviendas. Ha llegado el momento de hacer un cambio, considerando que muchos arrendamos una vivienda la mayor parte de nuestras vidas: Se debe implementar políticas públicas activas en materia de arriendo que nos protejan o incluyan en la ciudad.
Genaro Cuadros es arquitecto y urbanista.
