La falla más grave en el denominado Caso Convenios está en las autoridades y funcionarios que hicieron la vista gorda frente a la corrupción, y no denunciaron, como era su deber de acuerdo con la ley, las situaciones irregulares, sino que las dejaron pasar, dice Humberto Peñaloza.
Por Humberto Peñaloza.- Seguramente usted ha escuchado la expresión “hacer la vista gorda” para referirse a la persona que, teniendo una responsabilidad y deber de vigilar o estar atento, finge disimuladamente no ver algo o se hace el despistado para que otros hagan alguna cosa en contra de las leyes establecidas.
Recuerdo dicha expresión ante las investigaciones que el Ministerio Público realiza sobre los casos de convenios, que tienen carácter de delito, suscritos por algunas fundaciones con diversos Gobiernos Regionales y cuyos montos superan ya los 32 mil millones de pesos.
Las informaciones entregadas indican que en muchos de dichos convenios no se exigieron las boletas de garantía; en otros, los programas presentados correspondían a funciones propias de las municipalidades; y en la mayoría se entregaron los recursos sin rendiciones de cuenta; etcétera.
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Es decir los funcionarios públicos encargados “hicieron la vista gorda” ante los convenios, no cumplieron con las obligaciones que les ordena la Ley 18.834, Título III De las obligaciones funcionarias, artículo 55 que les ordena denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo.
La falla más grave en todo este asunto es el incumplimiento de las autoridades y jefaturas a su deber funcionario.
La Contraloría General de la República ha señalado que el control jerárquico no sólo es parte de las atribuciones de las autoridades y jefaturas, también es un deber para ellas.
De allí que su incumplimiento origine la necesidad de castigar esa omisión. Si se produce una irregularidad y las autoridades y jefaturas no adoptaron previamente medidas preventivas para evitarlo también tienen responsabilidad en lo ocurrido
Lo anterior no se opone a que subsista siempre la responsabilidad personal del subordinado que hubiese actuado de manera ineficiente, ineficaz, ilegal o inoportuna.
Las Fiscalías están haciendo su trabajo y surgen las preguntas: ¿Lograrán acreditar los delitos? y ¿dónde está el dinero involucrado? Recursos que le hubieran servido a los Gobiernos Regionales para mejorar la calidad de vida de miles de chilenos en programas de viviendas, salud, educación y que lamentablemente se malversaron porque los encargados de custodiar los dineros públicos hicieron la vista gorda, faltando al cumplimiento de tres principios básicos en la administración y funcionamiento de la Administración del Estado: la eficiencia, la eficacia y la legalidad.
