Por Francisco Castañeda.- La propuesta “Chao Préstamo” del candidato presidencial José Antonio Kast ha generado un intenso debate político y técnico. La discusión sobre eliminar el préstamo reembolsable al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) plantea dudas sobre su viabilidad financiera y los efectos sobre la sostenibilidad del sistema.
Tanto el esquema vigente —aprobado por ley en enero de 2025— como la propuesta de Kast buscan mejorar las pensiones actuales sin perjudicar a los futuros jubilados. El desacuerdo radica en la fuente de financiamiento: actualmente, parte del costo recae sobre los propios trabajadores, mediante un préstamo de sus cotizaciones. En cambio, Kast propone trasladar ese costo al Estado, a través de recortes fiscales y/o emisión de deuda pública.
El préstamo previsional reembolsable utiliza una fracción de las nuevas cotizaciones para mejorar de inmediato las pensiones actuales. A cambio, se entrega a los cotizantes un bono con garantía estatal, que se devuelve al momento de su jubilación. Este mecanismo permite aumentar las pensiones sin requerir gasto fiscal inmediato ni nuevos impuestos.
La alternativa de Kast, sin embargo, propone eliminar ese préstamo y financiar las pensiones mediante instrumentos de mercado, lo que implicaría mayor deuda pública y una discusión anual en la ley de presupuesto. Esto podría generar déficits fiscales y abrir la puerta a una politización extrema del sistema previsional.
A la crítica de Kast —quien sostiene que el mecanismo actual representa una forma de deuda pública encubierta— se responde que el FAPP está fuera del perímetro fiscal, por lo tanto, su deuda no se contabiliza en el balance del gobierno central. Además, si la sustentabilidad financiera del fondo se viera comprometida, la ley contempla ajustes paramétricos, incluyendo la reducción de beneficios en las pensiones.
Economistas como David Bravo, Soledad Hormazábal y Salvador Valdés han advertido que la propuesta de Kast podría generar inestabilidad en el sistema previsional, reabrir una discusión que tomó más de una década cerrar y poner en riesgo el consenso alcanzado en el Congreso.
Francisco Castañeda es economista y académico de la U. Central
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