ElPensador.io.- Fue cosa de horas. Primero, apareció una resolución del Juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, David Urrutia Laubreaux, en consulta con el comité de magistrados de ese tribunal, en que resolvía terminar con la prisión preventiva de 13 jóvenes que habían sido detenidos por desórdenes en el marco de manifestaciones y disturbios.
La razón esgrimida es la posibilidad de que estos adolescentes se contagien con coronavirus. La explicación del juez Urrutia explica que “las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable atendido el hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente, prueba de esto, es la persistencia de la enfermedad de la tuberculosis en la población carcelaria, que al día de hoy no ha podido ser erradicada de nuestras cárceles. A lo que se suma la cantidad de personas privadas de libertad con enfermedades de base que complicarían enormemente la respuesta del sistema de salud dentro de la población penal”.
En atención a eso, dice la resolución, “los internos en prisión preventiva, al igual que todas las personas tienen derecho a la salud y es deber del estado velar por su cuidado, no exponiéndolos innecesariamente a contagios de la epidemia que puedan evitarse tomando las medidas razonables”. Por ello, relata que se decidió que todos los jueces de ese tribunal revisara las causas que podrían dar lugar a “razones humanitarias”.
Los 13 elegidos, de acuerdo con el relato, son “imputados que se encuentran actualmente en prisión preventiva en esta causa (y que), en general, no registran condenas anteriores y existe una más que razonable posibilidad que, de ser condenados, cumplan estas condenas en libertad dada la pena en abstracto a la cual se arriesgan por el delito que fueron formalizados, esto es, delito consumado de Desórdenes Públicos”.
La Corte de Apelaciones de Santiago no se demoró. Rápidamente emitió un dictamen que invalida todas las liberaciones o sustituciones de penas emitidas por el 7° Juzgado de Garantía. “Atendida la gravedad de los hechos que serán materia de investigación y a fin de evitar las consecuencias que éstos puedan generar, se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la aludida resolución y de cualesquiera otras de idéntica naturaleza que se hubiere pronunciado por el juez Urrutia Laubreaux”, dice el tribunal de alzada.
Asimismo, se dispuso la suspensión de funciones del magistrado y el inicio de un sumario.