A la redacción de ElPensador.io ha llegado una carta de la Asociación de Funcionarios del SENDA que nos ha parecido pertinente reproducir, en función de las críticas a un estilo de liderazgo y a una forma de organización que se repite en la administración pública y que es necesario erradicar:
Señor
Carlos Charme Fuentes
Director Nacional
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)
De nuestra consideración:
En el contexto de la reciente asunción de una nueva administración del gobierno de la República, y en atención a los acuerdos y resoluciones adoptadas en reuniones ampliadas realizadas el jueves 24 de marzo y el viernes 1 de abril del presente año, el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores constituidos en la Asamblea Nacional de la ANFUSENDA, venimos en comunicar a usted el perentorio requerimiento de que ponga su actual cargo a disposición del señor Presidente de la República, Señor Gabriel Boric Font; exigencia que se desprende como consecuencia de variadas consideraciones, cuya síntesis general a continuación procedemos a exponer, y que han sido objeto de nuestra creciente preocupación y observación crítica desde que, transcurridos a la fecha cuarenta y dos meses, asumiera usted como Director Nacional del SENDA.
En términos globales, apreciamos que durante el referido periodo, múltiples antecedentes evidencian la recurrencia de actos administrativos poco claros, así como reiteradas omisiones y negligencias que, sostenidas en el tiempo, han derivado en un proceso de significativa involución el desarrollo técnico y mejora de las coberturas en las prestaciones otorgadas a la población, aspectos ambos relativos a la calidad del desarrollo institucional. Constatamos, en efecto, que sobre la base de una concepción simplificada y reduccionista del complejo fenómeno sociosanitario que como organismo público nos compete afrontar, se ha instaurado durante los últimos tres años y medio una pauta de gestión visiblemente errática e inconsistente tanto en lo referente a elementos técnicos como administrativos, dificultando seriamente la efectiva consecución de los objetivos que comprende la misión del Servicio, esto es, el desarrollo de políticas públicas pertinentes y eficaces en los ámbitos de prevención, tratamiento e integración social, tendientes al bienestar de una ciudadanía expuesta al riesgo potencial o activo de las multifactoriales problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
Los señalamientos precedentes se han sustentado en una aumentada centralización de la estructura y la gestión de la institución en los últimos tres años, a partir de la creación de nuevas áreas a nivel central y múltiples reestructuraciones orgánicas cuya funcionalidad nos parece altamente cuestionable, toda vez que sólo han contribuido a burocratizar innecesariamente y, así, a dificultar aún más la apropiada implementación de la política pública en materia prevención y tratamiento del consumo problemático de drogas y alcohol. Tal es así que en el periodo aludido se han verificado tres modificaciones de organigrama, reflejadas en las resoluciones RE-511/18RE-537/19, RE-705/20, lo que, a juicio de nuestra Asociación hace evidente que no existe claridad en la conducción institucional para el desarrollo de la política pública que le corresponde abordar.
En el contexto de lo anterior, observamos que ha existido una abusiva sobreutilización del mecanismo de excepción que permite hacer contrataciones sin mediar un concurso público. La mayoría de tales procesos (alrededor de 200) realizados por la actual administración del SENDA han sido efectuadas sin un procedimiento transparente ni sujeto a parámetros que satisfagan criterios de perfil de cargo, que garanticen la incorporación de profesionales, técnicos y administrativos con las competencias, conocimientos y experiencia en el área que se requieren para dar adecuada respuesta institucional frente a las necesidades de la ciudadanía. Una muy reciente manifestación de ello, la constituye el hecho que desde el 7 de marzo de 2022 se han realizado al menos cuatro contrataciones; dos de las cuales corresponden a las jefaturas de dos de las principales áreas programáticas especializadas de la institución: Tratamiento y Prevención, sin que ninguna de ellas cuente con la experiencia necesaria para trabajar la temática de reducción e la demanda de drogas. En relación con ello, cabe poner de relieve, además, que durante los últimos tres años el Área de Tratamiento ha debido asumir de manera sucesiva el recambio de seis jefaturas diferentes, lo cual ciertamente no ha contribuido al apropiado desarrollo técnico de un área especializada como aquélla, no existiendo clara conducción técnica respecto de hacia dónde se debe avanzar, ni lineamientos técnicos consistentes con los que orientar a los niveles regionales. El Área de Prevención, por su parte, se ha visto impactada por una situación similar, contando con una jefatura que, bajo el mismo mecanismo ya indicado, ha sido recientemente incorporada y que desconoce la temática que se debe abordar.
Esta sobre utilización del mecanismo de excepción del que se ha servido la actual administración con el objeto de cubrir cargos generados para las nuevas áreas del Nivel Central, se ha efectuado recurriendo al ítem 21 destinado a cubrir cargos de nivel regional de los cuales numerosísimos se encuentran aún vacantes, con el consiguiente impacto que ello ha implicado en el adecuado desarrollo del trabajo de las diferentes áreas a nivel regional. Entre otros, un ejemplo de ello es la disminución del ítem 21 para la contratación del cargo de gestor de calidad del área de tratamiento en varias regiones del país, dando prioridad a la creación de cargos en el nivel central y dejando desprovistas a las regiones del recurso humano necesario para realizar sus funciones de manera adecuada. La “solución” para esto ha sido licitar esos cargos, aumentando la precarización laboral, y disminuyendo las probabilidades de completar estas vacantes, sobrecargando de trabajo a los funcionarios que han permanecido.
En relación con esto, se observa un sostenido detrimento en la conformación de los equipos técnicos especializados para diseñar y asesorar la política pública de tratamiento y de reducción de la demanda de drogas. Los más afectados por esta situación han sido los equipos regionales de SENDA, quienes han debido responder a las mismas o mayores exigencias institucionales con menor capacidad de operación. Lo anterior afecta, por cierto, directamente también el despliegue de los equipos en comunas.
Como consecuencia de ello, se ha evidenciado un significativo menoscabo en las condiciones que permitan mantener activas las capacidades de los equipos regionales para el análisis, la planificación de la gestión y la evaluación de las acciones programáticas en todas sus dimensiones, debiendo subordinar el ejercicio de su experiencia y experticia técnica en la temática para la adecuación de la oferta a las necesidades y particularidades de cada región, a funciones meramente burocrático-administrativas, además, son solicitados por cada área del Nivel Central de manera doble y triple en reiteradas oportunidades, solicitando una y otra vez la misma información. Lo anterior, sumado al notorio detrimento de las asignaciones a regiones en cuanto sus presupuestos: hoy a las regiones se le asignan anualmente de manera inconsulta e insuficiente, recursos que no permiten siquiera desarrollar acciones mínimas necesarias para otorgar un servicio de calidad a la ciudadanía y en base a las orientaciones técnicas. Los recursos quedan principalmente en Santiago, siendo utilizados de manera onerosa por un grupo reducido de funcionarios en cometidos de cuestionables objetivos y resultados. Por su parte, las regiones deben “arreglárselas” como puedan para dar cumplimiento a las orientaciones técnicas. En ese contexto, es posible visualizar un estilo caótico y desorganizado, entregando indicaciones poco claras, en paralelo, con múltiples jefaturas a quienes dar cuenta, y con indicaciones sin contextualizar, donde se pierde el sentido de la tarea, y solo adquiere relevancia el cumplimiento de lo instruido.
Por último, en el marco del conjunto de circunstancias hasta aquí señaladas, el estilo de liderazgo establecido en la institución, a nivel nacional y predominantemente replicado por las direcciones regionales de todo el país , se ha caracterizado por una dinámica amedrentadora que ha generado temor en el grueso de los trabajadores y trabajadoras, lo cual por sí mismo explica la ausencia de denuncias formales hacia las instancias correspondientes, situaciones tales como gritos, amenazas, burlas, descalificaciones, “ninguneos” han constituido un pauta instalada y sostenida en los diversos niveles de jefatura de la institución. Si bien han existido en el caso de algunas regiones, experiencias de denuncias, los procesos derivados de éstas no han tenido resolución por largo tiempo, viéndose las personas afectadas por situaciones de re victimización asociadas a la dilación y no resolución sancionatoria en dichos procesos.
En función del conjunto de antecedentes aquí consignados, reiteramos la necesidad de que, en un gesto postrero de dignidad, proceda usted a la inmediata e impostergable renuncia a su cargo de Director Nacional del SENDA, en relación con lo cual nos declaramos a partir de esta fecha en una disposición de Alerta Activa frente a su sujeción a esta exigencia de nuestra parte.
Atentamente,
Asamblea Nacional de la Asociación Gremial de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, ANFUSENDA