Por Roberto Santa Cruz González.- Seamos directos: Antes que todo, la oferta para la clase media que hace el Gobierno de Derecha en Chile es, a todas luces, insuficiente. Luego, la oferta de los dos quintos de la Cámara de Diputados sobre el retiro de los fondos de pensión vía reforma constitucional, también lo es. En ambos casos, no hay estado de bienestar ni derechos sociales y lo que se presenta es un reforzamiento al rol subsidiario del Estado.
Puede sonar desesperanzador, pero la idea de sacar el 10% de los ahorros de las AFP, así como el préstamo “blando” del Gobierno, no constituyen un cambio de modelo; solo demuestran, por un lado, un Gobierno que no sabe gobernar y, por otro, una oposición que al no tener ideas comunes que permitan un avance hacia el Estado Social de derechos, ha aprovechado intuitivamente la crisis socio-económica por causa del COVID-19, para dar la primera bofetada al sistema de ahorro obligado que impuso la dictadura cívico militar en 1981, con el fin de reactivar la economía.
Entonces, la discusión de cuál idea es mejor no debiera importar y el énfasis del debate debiera estar en que ambas propuestas lleguen a buen puerto, pues, aunque ambas insuficientes y de sesgo individualista, juntas pueden sostener mejor la alicaída economía familiar de las capas vulnerables y medias.
Dicho lo anterior, conviene entrar un poco a la propuesta llevada adelante por Cámara de Diputados, pues, como se ha dicho, el retiro de ahorros es un salvataje de las personas hacia ellas mismas, donde el Estado sigue ausente. Es una idea nacida y defendida principalmente por la oposición, es decir la izquierda.
¿Por qué, entonces, los progresistas defienden y aplauden algo que no tiene que ver con su línea de pensamiento crítico? O bien, ¿Por qué 13 diputados oficialistas abandonan su rol de cortesanos al poder y actúan para resolver las necesidades de la clases baja y media, votando a favor de la reforma?
Aunque parezca majadero, hay que hacer un poco de historia. El descontento ante el sistema de AFP tiene su Genesis hace más 39 años, cuando la Junta Militar decidió que la seguridad social seria sólo para ellos y el resto del país sería “seducido-obligado” a ahorrar en cuentas individuales de capitalización que reactivarían una economía que, luego de 8 años en el poder, aún no lograban echar andar.
En pleno 2020, ya se ha visto que las pensiones no fueron las prometidas y que solo sirvió para acrecentar la desigualdad imperante. Con rabia, la gente ve que el sistema reparte miseria para la mayoría de los cotizantes y riqueza para las AFP. Y esto, con cobros mensuales de cotizaciones de los trabajadores. Es una seguridad social que termina culpando al afiliado por no tener trabajo estable, por no generar ahorros voluntarios; un sistema que ha dejado de lado a las mujeres y las ha estigmatizado como ciudadanos de segunda clase. Y esto que ocurre, sucede a plena luz en nuestra democracia.
Así las cosas, el gasto en pensiones hecho por el Estado chileno ascendió el recién pasado 2019, a más de US$ 4.479 millones, de los cuales más de la mitad (US$ 2.399 millones) fueron destinados a pagar jubilaciones, pensiones y montepíos en CAPREDENA y DIPRECA, cubriendo a 174.650 pensionados. El resto, unos US$2.080 millones cubrieron la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario que beneficia poco más de 1,6 millones de personas.
Y así pareciera que esta idea excepcional de considerar el derecho a sacar los ahorros que (la misma derecha empresarial ha dicho) pertenecen a los cotizantes, esté colmado de anhelos de justicia, más que un cambio relevante del sistema.
Está “mal pelado el chancho”
Cuando en Chile un jubilado con pensión básica solidaria recibe poco más de 140 mil pesos, otro por el sistema de AFP está recibiendo en promedio 280 mil pesos, uno del cuadro regular de las FFAA recibe en promedio 887 mil pesos, y los oficiales en retiro de las FFAA, reciben en promedio sobre los 2 millones de pesos, no es posible afirmar que estamos en igualdad ante la ley. Mucho menos estamos cerca de un Estado preocupado por la justicia social.
No hay que olvidar que el mismo “diario de Agustín” (que este domingo 12 de julio de 2020, viene con una nutrida defensa al sistema de AFP, en su editorial, cuerpos B, C y D principalmente), tituló hace unos 20 años “Chilenos se pensionarán con el 100% de su sueldo el 2020”. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Ese 2020 que la misma elite determinó para ver los frutos del “virtuoso modelo chileno” está ante nosotros. Es Chile el que está pidiendo, ahora, que se pague la deuda.
Ante desigualdades como estas, existe rabia, frustración y desesperanza. Todo esto ensalzado por las grotescas utilidades de las AFP, que sin pudor alguno organizan celebraciones privadas en yates, en el caribe y otros lugares mostrando toda la frivolidad del sistema supuestamente de “seguridad social”.
El amor a la patria
El sistema ya no aporta más crecimiento nacional. Ya aportó el desarrollo que se pretendía. Es más, sobre el 45% de dichos dineros están invertidos y alentado la economía del país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tratan a quienes critican el sistema de antipatriotas, de populistas, de irresponsables, de no respetar la institucionalidad? Muy simple: es la primera señal, el primer símbolo que demuestra que las cosas pueden cambiar. Es una señal que muestra que hasta la clase política está despertando, pues comienza a desatar el nudo del entramado social y económico que se impuso por la fuerza en Chile.
Entonces, aunque sacar el 10% no viene a cambiar el modelo, es la primera luz de esperanza para hacerlo; es decirle al poderoso que los chilenos quieren ponerse pantalones largos y recrear un país con justicia y paz social. En definitiva, es una declaración de independencia y solo habrá que actuar con el debido celo para resistir la reacción portaliana que ya está en marcha.
Roberto Santa Cruz es abogado y magíster en Derecho Público
