Derechos humanos, economía y actores sociales en la política exterior del último cuarto de siglo

Por Gilberto Aranda B.[1].- La política exterior, pese a estar aparententemente acotada a los influjos de sus funcionarios, es permeable a las demandas sociales domésticas que interpreta y canaliza de un determinado modo a manera de resultados[2]. A menudo el juego de dos niveles doméstico–internacional[3], redunda en que los requerimientos sociales reboten –analogándose[4] a una reverberación- contra los objetivos específicos diseñados por los grupos dirigentes, permaneciendo como ecos de las demandas sociales. Sin embargo, otras demandas son consideradas dentro de la política exterior, persistiendo como imagen o compromiso activo del Estado.

La participación de ciertos segmentos de la sociedad civil a través de instalar ciertas ideas en política exterior se asienta sobre diversas tradiciones. Dentro de las destacadas se encuentra la institucionalista liberal que observa a la sociedad civil como una expresión que puede ejercer influencia en la dinámica política [5]; la perspectiva liberal conservadora que insiste en la gradualidad formativa y menor manipulabilidad desde la sociedad civil  hacia las políticas públicas[6]; sin olvidar perspectivas marxistas que subrayan que la agencia social cobra relevancia frente al Estado[7], explicando con ello que la clave para el gobierno reposa en el consenso como principio amplio de legitimidad social [8]. Este trabajo, aunque fuertemente empapado de la Ciencia Política, es tributario de aquella línea fundada por historiadores económicos y sociales, que colocaron sus énfasis sobre el quehacer de diversos actores de la sociedad civil en el bosquejo de determinadas directrices de comportamiento social y estatal. A este respecto, la obra del maestro Eduardo Cavieres Figueroa, particularmente los señeros estudios “Comercio Chileno y Comerciantes Ingleses. 1820-1880” (1988), “El Comercio Chileno en la Economía – Mundo Colonial” (1996) y “Servir al Soberano sin detrimento del vasallo. El comercio hispano colonial y el sector mercantil de Santiago de Chile en el s. XVIII” (2003), son una inagotable fuente de inspiración para cualquier intento de reflexión que desborde a las elites gubernamentales para explicar determinados derroteros nacionales.

Desde dicha perspectiva, sin dejar de considerar el realismo político, podría esbozarse que ciertas ideas fuerza –cláusula democrática, protección a los derechos humanos, entre otras – podrían incidir en la búsqueda de la maximización de los intereses egoístas de los Estados.

En este sentido[9] –un realista declarado– distingue los objetivos de posesión y los objetivos de entorno o milieu de política exterior, por estos últimos hace referencia a los objetivos casi siempre inmateriales como son “la ayuda a países pobres como una forma de satisfacer un impulso público generoso de ayudar a la gente sin privilegios”[10]. Considerándose objetivos de política exterior que se ajustan tanto a un marco institucional internacional como doméstico[11].

Un ejemplo de esta presión que puede ejercer la sociedad civil en el derrotero de la política exterior en ciertas coyunturas críticas, lo encontramos en Chile durante los tiempos de la dictadura militar (1973-1990), época en que la oposición ciudadana tuvo como bandera de lucha la defensa de los derechos humanos. En esa coyuntura, el abanico de partidos y movimientos ciudadanos de centro izquierda e izquierda, se nuclearon en torno al reconocimiento de dichos valores universales, comprometiéndose a observarlos y promoverlos durante una transición al gobierno civil. Los Derechos Humanos fungieron de principios articuladores de la coalición de gobierno que reemplazó progresivamente[12] a una dictadura que había durado 17 años.

En efecto, los Derechos Humanos habían sido parte del discurso de la oposición social amparadas por la Iglesia Católica a través de la Vicaría de la Solidaridad[13], pasando posteriormente a constituirse en un compromiso doméstico e internacional de la política exterior del gobierno elegido democráticamente que asumió en marzo de 1990 y que, además, era funcional a la apertura económica y política internacional del país. Garantizar la democracia y el desarrollo de una economía abierta al mundo, representaron factores clave para la forma y dimensión con que Chile se decidió proyectar al mundo. Lo anterior significó, sin embargo la puesta en marcha de una práctica diplomática cautelosa en el ámbito de los Derechos Humanos, presta a sumarse a los consensos internacionales previamente alcanzados en los foros de discusión amplios. Lo anterior se tradujo en una decidida gestión diplomática en el ámbito de los Derechos Humanos. Es decir, en dicha materia el Estado chileno se esmeró en la búsqueda de una re-legitimación nacional ante la sociedad internacional a partir del desarrollo democrático interno. De esta manera podemos comprender la precoz incidencia doctrinaria del liberalismo político sobre un proceso transicional que pretendió subrayar los fundamentos teóricos y valóricos de la tradición de derechos civiles y políticos sobre una política exterior que apostó por la inserción económica y de apertura transnacional de la sociedad chilena, en el contexto de la globalización mundial. De esta manera, el país no se apartaba un ápice las tendencias descritas por Cavieres desde los tiempos de la Modernidad Colonial.

Asimismo el tipo de complejidad desplegada por el proceso y gestión de la política exterior chilena del último cuarto de siglo también configura una evidencia de la orientación ideológica descrita, fundada en un cierto pragmatismo que observa las condiciones imperantes en el sistema internacional, aunque sin rechazar las demandas sociales que no arriesgaran el tipo de inserción internacional referido.

Cabe recordar que, desde la transición a la democracia, los decisores en política exterior fueron incorporando gradualmente en sus procesos mecanismos formales e informales de consulta a ciertos grupos de interés específicos, recogiendo sus intereses, reivindicaciones y apreciaciones acerca de materias de interés básicamente sectorial. Las organizaciones empresariales, en un contexto de apertura económica (en pleno Consenso de Washington) y atracción de capital extranjero, estuvieron entre las más activas, con un papel menor de otro tipo de asociaciones sindicales. En este marco, la política chilena hacia el océano Pacífico –nuevo escenario geoeconómico mundial proclive a la posición geográfica de Chile[14]– obedeció a motivaciones comerciales, impulsadas por gremios empresariales que demandaron al Estado la apertura de consulados y oficinas de comercio[15] en lugares tan remotos como Auckland, Melbourne, Sidney, Cantón, Hong Kong, Manila, Papeete, Honolulu, Bombay, Calcuta y Brunei.

Esta gravitación empresarial se deja sentir precisamente en una de las principales sociedades que Chile integraba: la Alianza del Pacífico, pero también en la creación de agencias estatales como la Dirección Económica de Cancillería (DIRECON), que albergaba a cerca de la mitad de todos los funcionarios de las distintas direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia, no debe de extrañarse la orientación pragmática de la política exterior chilena, acorde con la presencia de un discurso de integración regional (regionalismo abierto) no siempre coincidente en sus contenidos con otras dinámicas de convergencia de la región, de corte más proteccionista.

Con todo, para dar cuenta en el caso chileno de prácticas de política exterior con participación de grupos distintos a la tradicional presencia del empresariado, una opción es centrarse en los márgenes territoriales, en los que se expresa un quehacer internacional protagonizado por ciertas sociedades civiles de frontera, las cuales dan sentido a su quehacer internacional desde sus propios intereses y concepción  territorial[16], desafiando en ocasiones las prioridades de la política exterior y los contornos de la siempre compleja delimitación espacial del Estado. Como se ha observado, también a este respecto el trabajo “Del Altiplano al desierto. La construcción de espacios y la gestación de un conflicto. Bolivia, Chile y Perú desde fines de la colonia a la primera mitad del s. XIX” coordinado por Eduardo Cavieres (2007) nos brinda pistas a este respecto.

Lo anterior se facilita desde abordajes teóricos menos convencionales. Ejemplo de ello es un enfoque posmoderno que sostiene fundamentos sobre la incorporación de la sociedad civil a campos tradicionalmente asignados al Estado desde una perspectiva genealógica y que rompe con la perspectiva logocéntrica de las relaciones internacionales[17], dejando en evidencia que siempre han existido otros actores en la arena internacional, particularmente en el campo de la actividad diplomática, pese a la persistencia del Estado de arrogarse la exclusividad y su representación monopólica.

En esta línea, una perspectiva innovadora señala que las relaciones diplomáticas constituyen una tradición social de vecindad en el viejo mundo, anterior a las relaciones interestatales.

Por su parte, el surgimiento del Estado moderno, implicó la apropiación del concepto y práctica diplomática mediante territorialización intensiva[18], que derivó en el distanciamiento de sociedades que tradicionalmente cultivaron lazos fuertes.

Para América Latina en general, y Chile en particular, es pertinente incorporar al análisis otros actores sociales gubernamentales no centrales. Ello, sin desconocer la vigencia de un proceso que radica a la diplomacia en espacios y actores estrictamente gubernamentales, en especial durante crisis vecinales con potencial conflictivo. Dentro de los actores sociales gubernamentales no centrales se cuentan intendentes, gobernadores y municipalidades, junto con empresarios, sindicados y actores de la sociedad civil en general. Todos ellos interactúan en las relaciones bilaterales de sociedades vecinas al intentar conciliar su diversidad [19].

Esta nueva perspectiva sugiere que un aspecto histórico crucial dentro de los objetivos del quehacer de la diplomacia, y que podría proyectarse en la actualidad, es la búsqueda del mutuo reconocimiento y comprensión de las diferencias culturales de diversas sociedades allende la frontera.

No obstante, aunque animado por la lógica racional utilitarista, el Estado chileno ha permitido la participación en la relación exterior vecinal de actores distintos a los oficiales, bajo un expediente del tipo paradiplomático. A través de la fuerte presencia de instituciones no centrales de escala regional o local se ha propiciado la formación de espacios más horizontales que superan la rigidez estatal mediante la apertura de la agenda exterior y sobre todo con la presencia activa de otros actores de base. Aunque en su mayoría este proceso es liderado por gobiernos no centrales, a través de intendencias, gobernaciones y municipalidades, orientadas por la cooperación, se agregan otro tipo de entidades cuya composición hace parte de la sociedad civil, dando lugar a nuevas dinámicas que promueven su legitimidad en las definiciones exteriores. Partiendo por los Comités de Frontera e Integración y particularmente por grupos que habitan las áreas fronterizas que se expresan en emergencia de una paradiplomacia que responde al abandono de las regiones distantes del centro decisional[20]. Precisamente en momentos que despunta el tema de la diversidad cultural desde una ética global acogida localmente. En el caso específico de La  Alianza Estratégica Aymaras sin Fronteras se confirma el valor de una paradiplomacia instrumental y simbólica, que combina motivos utilitarios de aprovechamiento del contexto económico con la reproducción de una identidad colectiva, mediante la recuperación del ancestral sentido de representación de su cultura[21]. Este texto sugiere que en dichas experiencias existe un potencial democratizador para una política exterior de contenido social también en su origen. Antes de ello revisaremos algunos aspectos de los derroteros de la Política exterior en el último cuarto de siglo.

Persistencias y transformaciones de la transición: Derechos Humanos en la política exterior chilena

Como se señaló al inicio, la política exterior chilena se ha guiado durante 26 años en torno a ciertos principios, como son la promoción de la democracia, el respeto de los Derechos Humanos, una activa participación en organismos internacionales siguiendo el expediente multitaletaral ^[22], el respeto de los Derechos Humanos y la apertura al comercio mundial. Si bien todas estas tendencias tienen un alto grado de continuidad durante los gobiernos de la Concertación, cada gobierno manifestó matices. Patricio Aylwin (1990-1994) privilegió la consolidación y legitimación democrática, por lo que su política exterior tuvo un fuerte énfasis político de recuperación de las tradiciones democráticas y de respuesta a los desafíos sociales, políticos, jurídicos y humanitarios del legado autoritario del régimen militar, por lo que se sobreentiende su especial atención en los derechos humanos.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) desplegó un tipo de “diplomacia para el desarrollo”, con énfasis en materias económicas y comerciales en la inserción internacional de Chile, tendiendo puentes hacia la región lo que explica su ingreso en el MERCOSUR en calidad de asociado y no pleno por las diferencias arancelarias. También contribuyó a promover el libre comercio en el hemisferio al promover el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), al mismo tiempo que adhería al Foro Económico de Asia Pacífico (APEC) en 1994.

Dicha política exterior tuvo como premisa que la reinserción política en el mundo y la región ya se habían logrado, por lo tanto, los vínculos externos tenderían al crecimiento económico y la diversificación de las exportaciones. Como resultado, las relaciones económicas vecinales experimentaron un alto dinamismo, con un fuerte protagonismo empresarial que invertía fuertemente en Perú y Argentina.

Ricardo Lagos (2000-2006) se propuso profundizar y conjugar los aspectos antes señalados, dirigiendo la política exterior del gobierno a la concertación política internacional y la convergencia económico-comercial^[23]. Como resultado fueron firmados Tratados de Libre Comercio (TLCs) con la Unión Europea (2002), Estados Unidos (2003), Corea del Sur (2003) y la República Popular China (2006). Simultáneamente se declaró la voluntad de potenciar un intercambio comercial equilibrado con las áreas que Chile tenía relaciones económicas.^[24]

Al mismo tiempo impulsó la integración económica y la concertación política latinoamericana, a través de la búsqueda de convergencia pese a las diferencias político ideológicas de los países del continente^[25], acompañadas del desarrollo de concepciones modernas de seguridad, en orden al fortalecimiento de la paz y la democracia en la región. Finalmente se promovieron relaciones de cooperación y entendimiento con los países en desarrollo, mediante una activa participación en organismos multilaterales.

El gobierno de Aylwin tuvo entre sus metas principales dar comienzo a un intenso proceso de reinserción internacional del país, el que provisto de una dosis de pragmatismo significó el abandono de las tradicionales concepciones acerca de la integración regional proteccionista. La restauración de los gobiernos democráticos en Chile en marzo de 1990 confirmó el modelo de apertura comercial al orbe ensayado por el régimen militar desde la década de los setenta, al que adicionó las instituciones y reglas de la democracia liberal y los derechos humanos. Fue también el punto de partida para el cultivo de una imagen internacional de Chile como un país exitoso, cuyo símbolo fue el denominado «modelo chileno«, que aunaba el patrón económico liberal, instaurado durante el régimen militar, con un sistema democrático en vías de solidificación.

De esta manera la administración de Patricio Aylwin determinó reinsertar a Chile como actor a nivel internacional, adhiriendo a las corrientes globales con una perspectiva regional. Como país de tamaño geográfico pequeño en su contexto regional Chile privilegió su participación en el ámbito multilateral, transformándolo en instrumento cardinal de su política exterior. El resultado fue una renovada participación en foros internacionales, candidaturas para presidir organismos varios y la atención de cumbres, como parte de una estrategia para recuperar prestigio internacional. En consecuencia, la política exterior atendió los vínculos con MERCOSUR, la Comunidad Andina (CAN).

El gobierno inaugural de la transición declaró que en el ámbito externo pretendía establecer una política fundada en valores universales para garantizar unas relaciones internacionales que atendiera a los derechos humanos ^[26].

En dicha línea, el gobierno retiró en 1991 las reservas aducidas en el momento de su ratificación en 1988 a la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta decisión no es menor, por cuanto Chile se obligó a no eximir de responsabilidad penal a quienes actuaron bajo órdenes de superiores en actos ilegales como los detallados en estos instrumentos internacionales.

El gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle aun cuando siguió estos lineamientos no prestó igual prioridad en su agenta temática a los Derechos Humanos. Sin embargo, la contingencia temática renació con el arresto de Pinochet en Londres^[27]. A partir de esta coyuntura, los derechos humanos se reconstituyeron en clave para la convivencia nacional. Una emergente justicia transnacional demandó la creación de tribunales o cortes internacionales que juzgasen crímenes de lesa humanidad, favoreciendo a las víctimas de países que no encontraran respuestas en los tribunales nacionales. Chile reaccionó por medio de la “Mesa de Diálogo” sobre Derechos Humanos que incluyó a líderes políticos, Fuerzas Armadas, agrupaciones de familiares de las víctimas del régimen militar, y representantes eclesiásticos de todos los credos para colaborar en la reconciliación nacional sobre la base del esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos y un reconocimiento de las responsabilidades en dichas violaciones.

Para el siguiente gobierno de Ricardo Lagos se procuró abordar la cuestión de los Derechos Humanos desde un enfoque multidimensional, promoviendo el desarrollo integral de la persona humana, conjugándose una protección de sus derechos civiles y políticos, y una garantía de las condiciones mínimas necesarias para un ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales^[28].

Chile se comprometió con la iniciativa de Naciones Unidas para convocar a sus Estados Miembros a una Asamblea del Milenio que abordaría los desafíos del siglo XXI. La adhesión a los ODM (Objetivos del Milenio) significó proseguir un trabajo que entre 1990 y 2003 había logrado reducir la pobreza de 38,6 % a 18,8 % y la extrema pobreza de 12,9% a 4,7%, sumado esto la puesta en marcha de política sociales focalizadas como la Reforma de la Salud en base al Plan de Acceso Universal para Prestaciones Integrales y Garantías Explícitas (AUGE); la implementación de un Seguro Obligatorio de Cesantía para todos los trabajadores acogidos a las normas del Código del Trabajo; una Reforma Educacional que garantizaba doce años de escolaridad obligatoria y gratuita; y a una política habitacional para los grupos más pobres que erradicara los asentamientos urbanos espontáneos.

La medida más resonante, al amparo del principio de la “responsabilidad de proteger”, fue la participación de Chile en el proceso de estabilización político-institucional de Haití. Las Fuerzas Armadas chilenas bajo el mandato de la ONU fueron desplegadas en la isla del Caribe; enfatizando el compromiso con la protección de los Derechos Humanos bajo una plataforma multilateral que incentivara la paz, la acción humanitaria, la restauración de las capacidades estatales. Adhiriendo a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Chile prestó ayuda a la sociedad más pobre de la región, en un trabajo conjunto con Brasil, Argentina (ABC) y Uruguay.

Durante la administración de la Presidenta Bachelet, se dio comienzo al proceso de ratificación del Estatuto de Roma y se contribuyó a la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ocupando una de sus vicepresidencias durante el período 2008-2010. Así cristalizaba la voluntad de hacer efectivas en el ordenamiento jurídico doméstico las recomendaciones, compromisos y sentencias de órganos interamericanos de Derechos Humanos, en particular, en lo asociado a la libertad de expresión y la transparencia en gestión pública. La mandataria adquirió notoriedad internacional en determinados aspectos sociales de la política internacional, su interés por los temas de desarrollo recogidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas, particularmente a través de su membresía en la Red de Líderes Mundiales por los ODM 4 y 5 (relativos a la salud infantil y materna), encabezada por el Primer Ministro de Noruega Jens Stoltenberg.

Economía, empresariado y relaciones exteriores

Como se estableció, las orientaciones de la política exterior chilena dirigidas a potenciar su inserción comercial al mundo, en consonancia con su modelo de desarrollo, fueron parte de los consensos entre los actores que dejaban el poder y aquellos que lideraron la transición. Lo anterior debido a que cuando la oposición a Pinochet asumió el gobierno la economía chilena experimentaba altas tasas de crecimiento. El inminente fin de la Guerra Fría se tradujo en el hemisferio en una recepción pasiva de las premisas del denominado Consenso de Washington. Los nuevos responsables del gobierno decidieron entonces preservar la estructura económica heredada, aunque imprimiéndoles ciertos ajustes que permitiera cierta diferenciación de los postulados de la Escuela Económica de Chicago y el esquema de “chorreo” que suponía que exclusivamente el alto crecimiento económico permitía terminar con la precariedad social. Un capítulo nuevo se abrió entonces con el ejemplo que suministró el “milagro alemán” y la adición del apellido social a la economía de mercado: La nueva coalición política gobernante denominada “Concertación por la Democracia”, que combinó en un mismo eje político al socialcristianismo con posiciones cercanas a la socialdemocracia, instaló una lógica económica de inspiración germana, específicamente proveniente de la Escuela de Friburgo y el ordoliberalismo, como respuesta al laberinto institucional legado por el régimen militar sin afectar el orden económico imperante. En lo que Garretón^[29] ha denominado un caso de neoliberalismo corregido, se transitó desde el modelo de las fuerzas del mercado desatadas a una situación con un Estado reteniendo ciertas funciones de fiscalización, básicamente orientadas a inhibir la emergencia de monopolios económicos, más un cierto papel subsidiario respecto a los segmentos más menesterosos de la sociedad.

Por otro lado, en Chile los sucesivos gobiernos democráticos, además de reiterar los principios tradicionales de la política exterior chilena y reposicionar en la agenda la cooperación regional –bajo los referidos lemas de desarrollo democrático y respeto a los Derechos Humanos- sobre todo se esmeraron en privilegiar la inserción económica internacional del país, a partir un modelo del regionalismo abierto, la estrategia predilecta de la inserción chilena en el mundo desde 1990. A este respecto es plausible plantear que aun cuando la política exterior chilena fue orientada durante los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), se esforzó en la superación de los conflictos vecinales, destacó por la institucionalización de los vínculos comerciales. Junto a ello implementó un multilateralismo no selectivo, una diplomacia comercial y las nociones de cláusula democrática^[30]. Al respecto Van Klaveren explica que el entorno de bajas conflictividades interestatales facilitó el aumento del peso de los temas económicos como resultado de la apertura comercial que pretendía continuar la Concertación^[31]. La integración proteccionista de la región fue reemplazada por un nuevo de convergencia en torno a este concepto del regionalismo abierto, la apertura concertada, la negociación política y económica multilateral más la participación en los espacios regionales que se estaban configurando en el orbe. Para ello los gobiernos civiles desplegaron mecanismos que combinaron aperturismo unilateral, multilateral, bilateral y regional; subrayando la gradualidad en el caso de América Latina, que aprovechaba el marco jurídico de ALADI.

El concepto de regionalismo abierto apuntó específicamente al conjunto de acciones orientadas a incrementar la interdependencia, especialmente la cooperación económica entre los países de la región, en el marco de la tendencia sostenida hacia el libre flujo de los factores productivos a nivel global. El origen del regionalismo abierto de Chile era sui generis. Aunque inspirado en el desarrollismo asiático, Chile no lo aplicó en el sentido de aperturas unilaterales concertadas y sin reciprocidad. Tampoco siguió estrictamente el recetario cepalino que recomendaba en los noventas que la integración regional fuera compatible con el comercio mundial. Chile más bien ensayaba el derrotero reciprocitario entre las partes signatarias, aunque sin preferencias regionales^[32].

En otras palabras, el regionalismo abierto supuso que la negociación simultánea de acuerdos económicos con diversos espacios regionales no era mutuamente excluyente, sino que favoreció la generación de regímenes superpuestos, aunque abiertos a la incorporación de eventuales nuevos miembros^[33]. Dicho mecanismo facilitaba mayores rangos de participación e involucramiento externo de un estado, independiente de sus dimensiones, y cuyo resultado esperado era la diversificación de su comercio internacional. De este modo, junto con la reinserción política, la puesta en práctica del principio del regionalismo abierto permitió a Chile tejer una red de acuerdos comerciales que respaldaron esta apertura comercial, garantizando mercados diversos para las exportaciones del país.

No existía entonces aparente contradicción entre suscribir acuerdos con Norteamérica, la Unión Europea y el Asia y simultáneamente declarar la prioridad latinoamericana, si al fondo la apuesta principal era cultivar potenciales nuevas membresías para tejer circuitos globales de comercio transnacional. Finalmente, se entendió que la profundización de los esquemas regionales debía ser compatible con la liberalización del comercio global, descartando la generación de nuevas barreras arancelarias y para-arancelarias en torno a los bienes y servicios extra-regionales.

Teniendo presente el interés chileno por equilibrar los intercambios y diversificarlos destinos comerciales se entiende que la principal región con que Chile comerciaba, la Unión Europea, fuera desplazaba en 2008 por China. Beijing lideró las compras al mercado doméstico chileno, con un 24,2% de participación, en tanto que la Unión Europea obtuvo el segundo lugar con un 17,8%.

El binomio diversificación/autonomía despuntó con fuerza legitimándose en el supuesto pragmatismo de una política exterior vertida en la progresiva suscripción de acuerdos económicos basada en la irrenunciabilidad de un tipo de apertura sin contenido político. La premisa era que por localización y tamaño Chile no podía asumir modelos herméticos y proteccionistas que obstaculizaran su inserción en la economía global. La mirada “pragmática” exigía respecto de la región no plegarse al voluntarismo que predomino en las estrategias de bloque de antaño. Antes de cualquier adhesión a un grupo regional los gobiernos chilenos resguardaron la circulación de flujos considerables de comercio de bienes y servicios, estableciendo políticas económicas coherentes con la apertura comercial, estabilidad económica mínima por parte de los socios bajo una lógica de estímulo a la competitividad. En síntesis Chile esperaba el desarrollo de un contexto regional favorable a la actividad económico-comercial, cuestión que incluso no fue arriesgada en relación al Perú en medio del litigio en la Haya por la delimitación marítima, ocasión cuyo desiderátum fue la acogida por parte del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) del concepto de “cuerdas separadas” enunciado por el Presidente Ollanta Humala^[34]. Los contenciosos limítrofes no contaminarían el clima de inversión e intercambio regional de ambas sociedades. En consecuencia la convergencia regional debía procurar bases económicas sólidas y liberalización similar a la economía chilena.

Como se anticipó, en esta lógica económica despunta con particular fuerza la presencia que los empresarios adquirieron en el proceso de toma de decisiones de política exterior, a veces por medio de instancias institucionales como el Comité de Participación del Sector Privado (CPSP), creado en 1995 y  participando activamente en la Alianza del Pacífico desde 2013 por medio de un Comité empresarial. Otras veces indirectamente a través de un accionar típico de los grupos de presión social como reuniones informales o la práctica denominada “cuarto de al lado” referido al espacio contiguo a la mesa del negociador.

En este marco, los gobiernos chilenos tuvieron como interlocutores sociales a las asociaciones empresariales, la Confederación de la Producción y el Comercio, Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Comité de Empresas Exportadoras de Servicios, Asociación de Exportadores de Manufacturas (ASEXMA) entre otras, haciéndolas corresponsables de las decisiones en los acuerdos económicos^[35]. Las autoridades propusieron la presencia de empresariado y sindicatos en un modelo que ha sido tipificado como neocorporatista. Sin embargo en la práctica no fueron equiparables la participación e incidencia de empresariados y sindicatos en el desarrollo de una estrategia de inserción internacional chilena, como queda claro incluso en la vigente Alianza del Pacífico, con el referido comité consultivo de empresarios, aunque no un capítulo de trabajadores.

Los empresarios, escasamente interesados en la agenda vecinal, y cuando mucho en contingencias exteriores con potencial de afectar sus negocios, comenzaron progresivamente a involucrarse en controversias territoriales como fueron los últimos episodios de delimitación marítima en Chile y Perú, en el que sus principales agentes defendieron la mencionada la política de “cuerdas separadas”. Con todo antes de ello, hacia fines del siglo XX el interés del sector privado requería una interlocución gubernamental capaz de hablar en sus términos.

Sobresale en este sentido la influencia del grupo empresarial a través la agencia estatal responsable de la negociación de tratados comerciales, conocida como Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)^[36]. Ésta lideró este tipo paralelo de diplomacia especializada en asuntos comerciales, que destacó en la promoción económica de Chile ante potenciales inversores, la cooperación internacional múltiple, y particularmente en la celebración e implementación de acuerdos económicos inter estatales^[37]. Para ello fue premunida con unidades especializadas en los tradicionales asuntos económicos bilaterales hasta otras cuya expertise era la promoción de exportaciones.

Los ecos sociales de la política exterior

A pesar del predominio liberal sobre la participación social en política exterior, no se eclipsó por completo otras dinámicas y lógicas de acción social en la arena internacional. Al igual como ocurre con la innovación paradigmática de las disciplinas científicas^[38], el cambio de lógica participativa se refugió, dentro de otras dimensiones, en los márgenes del Estado nación, aprovechando los intersticios de un sistema político centralizado de matriz liberal, desplegó una dinámica de potencial democratizador de la política exterior desde las fronteras como espacio de interacción. El liberalismo económico chileno propiciaba que actores no estatales se asociaran con fines principalmente comerciales o de beneficio sectorial, aún más si dicha sociedad contemplaba participantes extra-nacionales considerando su economía principalmente orientada a los mercados externos.

En dicho aspecto es notable el papel protagónico creciente de los Comités binacionales en el caso de Argentina y Chile. Esta práctica se fundó en la región sudamericana hacia 1979 en un acuerdo en Ciudad del Este entre Paraguay y Brasil. Con relación a Chile los preparativos del Tratado de Paz Amistad de 1984 con Argentina trajeron el establecimiento del Comité de Frontera Paso Cristo Redentor en abril de 1986 a propósito del encuentro de la Comisión Binacional Argentino-Chilena de Cooperación e Integración Física. Sus metas eran: mejorar el tráfico comercial, optimizando la gestión burocrática para el tránsito de personas y mercancías. Hacia los 90 era evidente que las originales demandas económicas habían sido sobrepasadas, por lo que -como explican Silva y Morán- ambos estados comenzaron a discutir asuntos de interés común en el marco de dicho Comité^[39]. Como resultado se redactó un reglamento en 1997 que allanó el camino para un cambio cualitativo verificado en una nueva nominación: Los Comités de Frontera dieron paso a los Comités de Integración, y con ello una multiplicación de sus participantes, agendas y demandas regionales no siempre procesadas por el aparato público centralizado, consolidando la densidad de las micro-relaciones binacionales, aunque con una mayor supervisión de los Estados partes a través de la Dirección de Fronteras y Límites, (DIFROL). En 2006 ya existían ochos de estos comités: NOA-Norte Grande, ATALCAR, Agua Negra, Las Leñas, Paso Sistema Cristo Redentor, El Pehuenche, Región de los Lagos, Integración Austral Así mediante una acción de origen estatal, plasmada en el reconocimiento de los vínculos subnacionales, se dotó con un papel relevante a los gobiernos regionales y provinciales en primer lugar y a diversos sectores sociales después, en un proceso de integración basal con miras a tender, pese las limitaciones institucionales, a cierta gobernanza multinivel de áreas periféricas a los centros nacionales. Se formalizaron las locaciones para reunir autoridades nacionales, provinciales y locales más los representantes de ONGs, universidades y empresariado. La nueva dinámica fue recogida en un nuevo reglamento de Comités de Integración en 2011 que incorporó claramente la inclusión de organismos privados sin fines de lucro y empresariales. El control de la agenta la retuvo un estado desconcentrado por medio de representantes regionales y provinciales.

Lo anterior importó una renovada participación de otros sectores sociales, distintos a los tradicionales del mercado.

En el caso del Norte Grande, los intentos que durante todo el siglo XX buscaban potenciar su desarrollo transfronterizo, en vista a su persistente abandono de parte del centro y al ocaso del ciclo del Salitre, permitieron que surgieran una serie de iniciativas paradiplomáticas en distintos momentos. Éstas intentaban  mejorar la conectividad física con regiones bolivianas, primero por el expediente de las líneas férrea,  ya a mediados de siglo a través de  carreteras para vehículos de ato tonelaje y en la actualidad a través de corredores bioceánicos^[40]. También surgieron iniciativas más ambiciosas que proponían, por ejemplo, una salida al centenario problema de la mediterraneidad boliviana, a través de propuestas de la sociedad civil nortina que además aportaban beneficios para el Norte Grande. La propuesta “Irrigación de la Pampa del Tamarugal”^[41] a través de lagos bolivianos a cambio de un corredor soberano, fue una iniciativa emblemática de la década de 1950.

Ya de vuelta a la democracia, estas iniciativas se robustecieron con el nuevo marco institucional que brindaron los señalados Comités de Frontera, estos operaron de forma similar a lo acontecido con Argentina, salvo por  la incorporación del municipalismo indígena fronterizo en su agenda. Por ejemplo, en el marco del IX Comité de Integración y Frontera Chile- Bolivia de 2008, en su comisión Cultura, Educación y Deportes se indicó dentro del tema “rescate de la cultura popular en las zonas fronterizas”:  sistematizar los estudios generados mediante consultorías realizadas en el contexto del Programa Aymaras sin Fronteras que, conjuntamente a las iniciativas privadas y públicas, están orientadas al rescate de la cultura originaria. Los Gobiernos Regionales y Prefecturas se deberán hacer cargo de la sistematización de la información^[42]. En el punto “Encuentros entre municipios fronterizos de Bolivia y Chile sobre temas Culturales”, destacan que este punto no se ha desarrollado, salvo en el contexto del Programa Aymara sin Fronteras. A fin de que éste tenga el desarrollo esperado se propone el estudio para la creación de una comisión que se reúna dos veces al año, revise los avances en estas materias y fije el calendario de reuniones^[43]. En efecto, en el año 2011 se incorporó una subcomisión denominada “cooperación municipal”.

En este marco toman  un protagonismo estas organizaciones étnicas. En efecto, la Alianza Estratégica Aymaras Sin Fronteras (AE), técnicamente una asociación de municipios rurales que desde una lectura alto andina generó vínculos prioritarios con organizaciones análogas en Bolivia y Perú, congregó a 56 municipios de los tres estados mencionados más un alcance de representación correspondiente a ciento ochenta mil personas. Aunque utilizó el engranaje de los actores gubernamentales no centrales, su origen es social local. Adicionalmente ha maniobrado hábilmente para interactuar sobre el nivel internacional con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONG italiana CESPI, entre otros. En Chile se afincó en las comunas de Putre, General Lagos y Camarones de la región de Arica-Parinacota, más Pozo Almonte, Pica, Colchane y Camiña de la región de Tarapacá. En tanto los departamentos de Tacna en Perú y Oruro, Potosí y la Paz en Bolivia^[44] se plegaron. Su originalidad radica en su esfuerzo por agenciar las dificultades que enfrentan las comunidades fronterizas aymara-descendentes del área de la triple frontera altoandina, tales como déficits en infraestructura y servicios, barreras arancelarias y políticas que obstaculizan el desarrollo sostenible de una forma compatible con la forma de vida ancestral y su particular habitar transfronterizo. En otras palabras es testimonio de un populus creando sus metodologías de participación.

Antes de la emergencia de este tipo de iniciativa, el panorama estaba marcado por la ausencia de planes comunes para la gestión territorial transfronteriza que integrara los usos culturales de la tierra. La diferencia normativa en aspectos fito-sanitarios para el comercio, afectaba a los intercambios históricos de las comunidades aymaras (alpacas y llamas, quinua, plantas medicinales), sumado a un proceso intensivo de despoblamiento de una región que experimenta escasas oportunidades laborales y desconexión del circuito vial. Lo anterior reducía el interés del Estado por un espacio al que sólo se le asignaba un valor geopolítico en tanto y en cuando era fuente de contrabando de artículos electrónicos y vehículos en su dimensión fronteriza^[45].

Esta situación en que se encontraban las comunas fronterizas, rurales, del Norte Grande,  fungió de incentivo para la formación de Aymaras Sin Fronteras en 2001, cuya primera demanda al Estado fue implementar proyectos transfronterizos de mejora económica que incorporaran a la sociedad y cultura Aymara^[46]. AE desplegó una estrategia internacional que, más que resistencia directa o hacer un bypass al Estado, sacaba provecho de las oportunidades que le brinda el sistema doméstico y el internacional.

Por otro lado, la enorme distancia del centro político (dos mil kilómetros en el caso de Santiago) gravitó en el tipo de definiciones reivindicatorias identitarias altoandinas que propuso la rearticulación del espacio vernáculo, al amparo del convenio 169 de la OIT. Lo anterior no significa que Aymaras sin Fronteras se deslizara hacia posiciones autonomistas, sino más bien que reintrodujera un imaginario espacial divergente^[47] de aquellos producidos por las convenciones estatales modernas que dibujaron fronteras. De esta manera se confirma el carácter dual de un tipo de paradiplomacia, instrumental y simbólico, al adicionar a los contenidos económicos (desarrollo sostenible de registro liberal blando) la acción comunicativa dirigida a la reproducción de una identidad colectiva ancestral mediante la autoafirmación de su representación cultural^[48]. Aymaras sin Fronteras es un desafío en sí misma para las élites de los Estados, en tanto cuestiona la centralización de la actividad diplomática^[49], criticando el proceso histórico de la gestión centralizada de los recursos. Más bien elusiva a la cooptación por parte de Estados incómodos con el alcance internacional de dicha experiencia, AE demandó reformas administrativas esgrimiéndolas en foros amplios, como los Comités de Frontera. AE incluso alcanza contornos históricos si consideramos este espacio de interacción transfronteriza fue escenario de la Guerra del Pacífico (1879-1883) con consecuencias en la relación trilateral hasta el día de hoy. Adicionalmente dicha dinámica de reterritorialización, que concierne a territorios de distintos Estados-nación, también es una manifestación de lo que Philips y Soldatos denominó como “interiorización de la política internacional”^[50]. Testimonia la profunda interpenetración de las esferas locales y regionales, nacionales y extranjeras. Lo anterior constituye otro reto, tanto para los gobiernos nacionales como para sus expresiones locales. Mientras los primeros suelen comprender estos procesos como una “amenaza”, los segundos deben cultivar determinadas habilidades en la gestión de la interdependencia transfronteriza y así optimizar su propio desarrollo territorial.

En síntesis, el original proyecto AE articuló un determinado registro de interacción social basado en la identidad para perfilar su papel de actor subestatal transfronterizos que incide en la configuración de cierto tipo de integración sub-regional^[51], orientada a consolidar una identidad que supera las convenciones de cada Estado, y que expresa un patrimonio cultural identitario compartido^[52].

Conclusiones

En las líneas precedentes observamos como desde diversas tradiciones teóricas y sobre todo prácticas concretas la sociedad puede incidir en una práctica tradicionalmente comprendida campo exclusivo de los Estados. Los Derechos Humanos sustentados por el movimiento social, la acción de agentes privados en las definiciones de inserción internacional de Chile y la práctica de fronteras, constituyen tres ejemplos notables de nuestro enfoque. La larga duración del protagonismo privado en la vida económica internacional de Chile puede observarse desde los seminales estudios de Cavieres, sin embargo sus huellas son claramente observables en el predominio económico en la política exterior del último cuarto de siglo. La evidencia la proporciona el conjunto de TLCs suscrito por Chile que hacen de este país el más abierto en términos comerciales de la región y probablemente del mundo. No extraña entonces que el actor empresariado tenga un perfilado protagonismo en la estrategia internacional de Chile. Juno a lo anterior, existen otros espacios con potencial democratizador particularmente desde las fronteras, en que agentes alejados del centro cultivan interacciones transfronterizas. La experiencia Aymaras Sin Fronteras constituye un caso concreto de utilización de instrumentos paradiplomáticos del municipalismo rural indígena con contenido simbólico para re-apropiarse de un hábitat ancestral por medio la reflotación de una identidad cultural altoandina ante agencias estatales y actores internacionales. Aymaras Sin Fronteras devela el desplazamiento de la práctica diplomática como herramienta exclusiva de los estados para realojarse en comunidades sociales de base.

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[1] Doctor en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Investigador Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat. Académico Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. garanda @uchile.cl

[2] EASTON, David The Political System: an inquiry into the state of political science, New York, Alfred a Knopf, 1963.

[3] PUTNAM, Robert “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level” Games. International Organization, 42: 3,1988, pp. 427-460.

[4] La reverberación es un fenómeno acústico que apunta al reflejo de una onda sonora que permanece en el tiempo, a pesar de que la fuente original puede haber dejado de emitirlo.

[5] WAPNER, Paul “Governance in Global Civil Society” in Young, Oran (ed) Global Governance. Drawing Insights from the Enviromental Experience, Cambrige-The MIT Press, 1997,  pp. 70.

[6]  FUKUYAMA, Francis El Fin de la Historia y el último hombre, Barcelona, Editorial Planeta, 1992,  pp. 7.

[7] Anderson, Perry (1981), Las Antinomias de Gramsci. Estado y Revolución en Occidente, Barcelona, Editorial Fotamara, pp. 23.

[8] PORTANTIERO, Juan Carlos   Los Usos de Gramsci, México, Folios Ediciones, 1981, pp. 76-78.

[9] WOLFERS, Arnoldo Discordia y Colaboración: Ensayos sobre Política Internacional,  Baltimore,  El Johns Hopkins Prensa,1962.

[10]  KEOHANE, Robert “Las ideas, tan solo una parte de la explicación”. Revista Desafíos  6, Universidad del Rosario, Colombia,  2002, pp. 12.

[11] En efecto, el realismo neoclásico planta que, aunque no se desconocen las constricciones de la estructura hacia el comportamiento de los estados, (unidades) “no debe ignorar, ni la política interior, ni la cultura nacional   ni la actitud de cada dirigente que tenga responsabilidad en la toma de decisiones” .En:  ZAKARIA, Fareed  De la Riqueza al Poder. Los Orígenes del Liderazgo Mundial de Estados Unidos, GEDISA, Barcelona, 2000, pp.30-31.

[12] Si bien el cambio de régimen aconteció en marzo de 1989, algunas de sus características institucionales – enclaves autoritarios  – persistieron en la década de 1990, inclusive hasta la actualidad. Veáse: GARRETÓN, Manuel Antonio  Neoliberalismo Corregido y Progresismo Limitado. Los gobiernos de las concertación en Chile, 1990-2010, Buenos Aires, Editorial Arcis-CLACSO,2012.

[13] ARANDA, Gilberto  Vicaría de la Solidaridad, una Experiencia sin Fronteras, Santiago, Ediciones CESOC,2004.

[14] Chile comienza a constituirse en la puerta de entrada y salida del comercio vía Pacífico hacia el centro oeste de América del Sur y en el país puente entre este último y Asia. Esta tendencia influyó en la concreción de corredores bioceánicos, entre otras iniciativas logísticas en torno al nuevo comercio intencional surgido desde los 90´.

[15]  ECHEVERRIA, Gloria; ORREGO, Francisco; O’SHEA, Luz  “Los intereses de Chile en el Pacífico”, Revista de Educación, 96, Santiago, 1982,  pp. 12.

[16] OVANDO, Cristian y RAMOS, Romina “Imaginarios geográficos en torno a la franja fronteriza de Tarapacá: el estado y los habitantes/migrantes”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de febrero de 2016, XX, 529.

[17] Desde esta perspectiva, el Estado se justifica como un actor dado, no problemático, monolítico y como actor exclusivo y en donde la política exterior y la diplomacia estarían colmadas por el campo semántico estatal, invisibilizando otros actores  que participan en el escenario internacional, sobre todo  desde otras escalas. Véase: ASHLEY, Robert “Desenredar el estado soberano: una doble lectura de la problemática de la anarquía”., en Andres. SANTA CRUZ (Ed.), El constructivismo y las relaciones internacionales. México, CIDE, 2009.

[18] CORNAGO, Noé “La diplomacia como heterología”. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Leioa, España, Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad del País Vasco, (Manuscrito),2009.

CORNAGO, Noé Diplomacy decentralized: subnational politics and the making of peaceful and durable diplomatic couples in Latin America. Manuscrito. Bilbao, Universidad del País Vasco, 2012.

[19] CORNAGO, Noé “Diplomacy decentralized: subnational politics and the making of sustainable diplomatic couples in Latin America”, Brigitte Vassort-Rousset(ed): Building Sustainable International Couples: Critical Components of a Strategy Towards Peaceful and ConstructiveCooperation. Basingtoke, Palgrave,2013b

[20] OVANDO, Cristian y GONZÁLEZ, Sergio  “La relación bilateral chileno-boliviana a partir de las demandas tarapaqueñas: aproximación teórica desde la paradiplomacia como heterología” . Estudios Internacionales 46 (177), 2014, pp. 35-64.

[21]CORNAGO, Noé “La descentralización como elemento de innovación diplomática: aproximación a sus causas estructurales y lógicas de acción”, en Maira, Luis (ed.). La política internacional subnacional en América Latina. Buenos Aires, El Zorzal,2010, pp.123

 

[22] La democracia se constituyó tempranamente en un lema de la política exterior del país. Ello se manifestó en que Chile, junto a otros países de la región, aprobó la Declaración de Santiago sobre protección de la democracia, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1991.

[23] QUEZADA, Abraham “Inserción Internacional de Chile en la Post-Guerra Fría. Concertación política e integración económico-comercial; dos ejes conceptuales de la política exterior en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006)”. Enfoques, 8, (13), 2010, pp. 119-134.

[24]Aunque, igualmente, cabe tener presente que la firma del tratado con Estados Unidos corrió peligro por la negativa de Santiago a apoyar a este país en la Guerra de Irak, durante la permanencia chilena como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

[25] A fines de la década del 90´ se comienza a erosionar el consenso liberal y surgen nuevos liderazgos de izquierda que cuestionan las bondades del libre comercio. En este marco se promueve la creación de nuevos conglomerados regionales con mayor autonomía de las potencias hegemónicas.

[26] Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (1992) La Política Exterior de Chile: Discursos de S.E. el Presidente de la República don Patricio Aylwin Azócar y del Ministro de Relaciones Exteriores don Enrique Silva Cimma; Santiago de Chile, pp. 5

[27] El ex Jefe de Estado fue detenido el 16 de octubre de 1998 mientras convalecía de una operación en una clínica de la capital inglesa

[28] LAGOS, Ricardo. «Chile en un mundo en cambio», en: Foreign Affairs en Español. Primavera. México, 2001.

[29] GARRETÓN, op. cit., 2012

[30] WITKER, Iván “La política exterior de Chile frente a la teoría de las Relaciones Internacionales. 1990-1999”. Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América, 4, (1), Santiago de Chile, 2005, pp. 53.

[31] VAN KLAVEREN, Alberto (1998) «Inserción internacional de Chile», en Tolosa, Cristián y Eugenio Lahera (eds). Chile en los noventa, Presidencia de la República, Santiago de Chile, pp. 122.

[32] FUENTES, Cristian (2014) «La política exterior de la transición chilena desde sus fuentes internas», Si Somos Americanos, 14, ( 2) , Santiago, 2014, pp. 133-157.

[33] VAN KLAVEREN, op. cit., pp. 126.

[34] Las cuerdas separadas suponía que los diferendos políticos territoriales seguían un carril distinto a los intercambios económicos y no se afectaban mutuamente.

[35] PORRAS, José Ignacio (2003). “La estrategia chilena de acuerdos comerciales: un análisis político”, Serie Comercio Internacional, (36). Santiago: CEPAL, pp. 25.

[36] Creada a fines de la década del 70 por el régimen militar, se constituyó en la expresión formal del Estado en la atención especializada al modelo desarrollo nacional orientado al exterior. Se formó una unidad centralizada y con ciertos márgenes de autonomía en su gestión respecto al entramado de cancillería. Aunque formalmente está incorporada en el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores, su composición responde a los referidos criterios técnicos de especialistas en saberes económicos, y que en la práctica opera de forma paralela al tradicional servicio diplomático oficial, de ahí su apelativo de “Diplomacia paralela”. La consulta a los empresarios se expresó por dicha vía, dado su carácter menos burocrático elitista y más profesional . WILHELMY, Manfred (2015) “Los Empresarios y la Política Exterior”, en Artaza, Mario y Ross, César, La Política Exterior de Chile, 1990-2009. Del aislamiento a la integración regional, volumen 2, Santiago, Ril Editores, pp. 57-78.

[37] AGUAYO, Marco, «El servicio diplomático de Chile principal herramienta de la ejecución de la política exterior chilena», en Artaza, Mario, Ross, César, La política exterior de Chile, 1990-2009: Del aislamiento a la integración global, Santiago, RIL Editores, 2012, pp. 212.

[38] KUHN, Thomas   La Estructura de las Relaciones Científicas (1962), Madrid, Fondo de Cultura Económica,2005.

[39] SILVA , Valeria. y MORÁN León “Relaciones subnacionales. El caso de Chile-Argentina”, en Maira, Luis (ed.). La Política Internacional subnacional en América Latina, Bueno Aires: Libros el Zorzal, 2010, pp. 301.

[40] OVANDO y GONZÁLEZ, op. cit., 2014.

[41] Ver: “Favorable impresión produjo en diversos sectores actitud del gobierno de iniciar gestiones con Bolivia para aprovechar lagos del altiplano”. El Tarapacá. Sábado 2 de septiembre de 1950.

[42] Comité de Integración y Frontera Chile Bolivia, (2008), Dirección de Fronteras y Límites Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: Santiago fuente:  http://www.difrol.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=21

[43] Ibid.

[44] GONZÁLEZ, Sergio, ROUVIERE, Laetitia, OVANDO, Cristian “De Aymaras en la frontera a Aymaras sin fronteras. Los gobiernos locales de la triple-frontera andina (Perú, Bolivia y Chile) y la globalización”. Diálogo Andino 31, Universidad de Tarapacá, Arica, 2008, pp. 31-46.

[45] GONZÁLEZ, Sergio Sísifo en los Andes la (frustrada) integración física entre Tarapacá y Oruro: las caravanas de la amistad de 1958, Santiago de Chile,  RIL,2012,  pp. 298.

[46] VÁSQUEZ, José Antonio “Aymaras sin fronteras… un nuevo reto” publicado el 18 de abril de 2012 <http://joseantoniovasquezm.blogspot.com/2011/04/aymaras-sin-fronteras-un-nuevo-reto.html>, consultado en 15-04-2013.

[47] FILIBI, Igor “Dancing spatialities around a geopolitical continuity: the Silk Road”. 5-Spaces of global capital: Territoriality, markets and democratic politics. Estocolmo, SGIR Pan-European Conference, September 9-11., 2010, pp. 26.

[48] CORNAGO, op. cit.,2010, pp. 123

[49] CORNAGO, Noé, op. cit., 2012.

[50] PHILIP, Christian, y SOLDATOS, Panayotis (dirs.), Au-delà et en deçà de l’État-Nation, Bruselas, Bruylant, 1996, pp. 212.

[51] GONZÁLEZ, op. cit., 2012, pp. 305.

[52] LETAMENDIA, Francisco, FRANCESC Morata, Oscar PAREDES, Elías CONDORI, Vicente Alancoa  Pueblos y fronteras en los Pirineos y el altiplano andino, Madrid: Editorial Fundamentos,2011; ROUVIERE, Laetitia “¿Un territorio político transfronterizo? Formas de legitimación de una experiencia de legitimación de una experiencia de acción política intermunicipal”, Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, 9 (2), 2009, pp.  13-29.

 

Este artículo fue publicado originalmente en un libro de Juan Cáceres y Eduardo Cavieres Figueroa (Eds.) Pensar la Historia. Teoría, Análisis y Prácticas; Homenaje a Eduardo Cavieres Figueroa, Ediciones Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, 2016.