Por Antonio Elizalde Hevia.- Parte de los avances en la democratización de nuestra sociedad ha sido la obligación de rendir cuentas ante el Servicio Electoral (Servel) de los aportes recibidos para financiar los gastos electorales. Esto ha permitido develar qué intereses hay en juego en medio de toda la retórica desplegada en los procesos en los cuales se debe elegir entre las diversas opciones que se presentan ante el electorado.
Las elecciones presidenciales en segunda vuelta, al igual que en los últimos plebiscitos, al dirimir entre solo dos alternativas, permiten esclarecer posiciones, en especial en ese nebuloso espacio de quienes se autocalifican como independientes.
Una vez generado un acuerdo entre las dos coaliciones de Gobierno respecto a algunos aspectos del texto constitucional propuesto, buscando disipar así las dudas que en parte importante del electorado han creado las falaces e incluso torcidas interpretaciones que se han hecho del texto, se ha producido en forma inmediata la reacción de los sectores derechistas señalando su no disposición a aportar sus votos para aprobar en el futuro las modificaciones que fuesen propuestas.
¿Qué es posible concluir de esto? Primero, que no les interesa el interés nacional, ni «el amor» entre los chilenos, sólo les interesa oponerse a las transformaciones del marco constitucional existente. Segundo, que se hace así evidente que lo que rechazan es la forma y la composición del cuerpo constituyente que la mayoría de los chilenos determinaron y eligieron para redactarla. Tercero, al tenor de sus críticas y argumentos es posible deducir que su malestar proviene del hecho que fueron elegidos como convencionales muy pocos representantes de su sector; que sus propuestas fueron poco escuchadas; y que el texto aprobado no expresa sus intereses y, más bien, los afectará.
Se ha buscado, desde un inicio, generar ciertas imágenes en la opinión pública y lo han logrado gracias a una campaña sistemática de desprestigio de la Asamblea Constitucional, lo cual fue ayudado a la vez por actuaciones desatinadas producto del clima de individualismo extremo existente en Chile. Se especuló con el alto costo del operar de la Convención, con su composición en términos de escolaridad, con los tiempos y plazos que no se iban a cumplir, etc. Hubo casos y actuaciones reprochables, pero al final se cumplió con la tarea asignada. Como los hechos ocurridos demostraron la falsedad de todo lo que se había afirmado antes, comenzaron a construir todo tipo de argumentos, nuevamente falaces, para producir temor y alimentar la incertidumbre que todo proceso de cambios genera en muchas personas.
Lo que resulta inexplicable es que personas que siempre se opusieron a cambiar la Constitución de Pinochet, hoy señalen que quieren una nueva pero que no les gusta la propuesta a aprobar en el plebiscito y que para ello usen como figuras de su campaña a personas que agitan símbolos del pasado y reminiscencias de sus antiguos compromisos políticos, para ponerlos al servicio del proyecto político de quienes se oponen a los cambios.
Si, como señala casi toda la derecha (excepto los partidarios de Kast), están interesados en cambiar la Constitución del tirano, las preguntas que surgen son: ¿Qué es más fácil, cambiarla de inmediato o volver a discutir públicamente si cambiarla o no?
¿Por qué, si sostienen que el texto propuesto contiene cuestiones preocupantes, cuando las coaliciones políticas que llaman a aprobar señalan su disposición a modificar o esclarecer aspectos que generan preocupación a parte del electorado, inmediatamente señalan que no darán sus votos para ello?
¿Por qué asustan al electorado con escenarios de control totalitario del poder, al tenor de sus propias afirmaciones, cuando saben que no existen mayorías parlamentarias para hacerlo?
Las respuestas son sencillas y simples hay que buscar ¿Quién financia qué? El mejor criterio usado en este orden de cosas para saber lo que ocurre realmente en el mundo es seguir la ruta del dinero.