Las dudas sobre la Comisión contra la Desinformación

Dudas y riesgos a la libertad de expresión plantea el columnista José María Vallejo ante la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación por parte del presidente Boric.

Por José María Vallejo.- Siguiendo las políticas y el discurso de Podemos en España, y del gobierno del que formaron parte bajo la égida del socialista Pedro Sánchez, la administración de Gabriel Boric ha establecido su propia cruzada civilizatoria contra el ambiguo concepto de la “desinformación”.

No es casual esta afirmación. En 2020, el gobierno de Sánchez inauguraba su “Procedimiento de actuación contra la desinformación”, un tema que fue abordado nada menos que por el Consejo de Seguridad Nacional, un plan diseñado para combatir las fake news que busquen desestabilizar los procesos electorales.

El procedimiento de entonces, aunque no lo declaraba explícitamente, se orientaba al diseño de sistemas de monitoreo y control de las líneas editoriales y contenidos de medios y de cuentas de las redes sociales.

“Los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general juegan un papel esencial en la lucha contra la desinformación, con acciones como la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación en el entorno digital, entre otras…

En este sentido, las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación”, rezaba el protocolo.

Iglesias ha refrendado ello en diversas declaraciones, y le ha dado justificación ideológica:

“Hay un elemento común a todas las extremas derechas: la manera en la que utilizan el poder mediático, convertido en propaganda sin matices. Lógicamente, los medios de comunicación tienen una línea editorial que está determinada por la estructura de propiedad que hay detrás, pero hasta hace un tiempo, había una pretensión de verosimilitud, de cierta deontología; hoy en día, los poderes mediáticos que trabajan junto a la ultraderecha asumen que es legítimo mentir…»

«Lo hemos visto en España, en Argentina, en Bolivia -continúa Iglesias en la entrevista- y lo estamos viendo en Estados Unidos: Donald Trump es un producto de eso. Con algunos líderes como Alberto Fernández y Lucho Arce estamos trabajando en un documento para señalar que la mayor amenaza para nuestros sistemas democráticos es la ultraderecha y el comportamiento de determinados poderes mediáticos que desprecian la verdad. Los demócratas tenemos que agruparnos, estar unidos y defendernos de esta amenaza».

La nueva comisión contra la desinformación en Chile

En consonancia con esa idea, y sólo cinco días después de la debacle electoral del 7 de mayo, se elabora en Chile un decreto que crea una Comisión Asesora, con integración de tres académicos, tres representantes de organizaciones no gubernamentales y un representante de una organización de fact checking. El objetivo es generar estudios y recomendaciones a la secretaría general de Gobierno y al ministerio de Ciencia y Tecnología.

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Parece inocuo y para no despertar más sospechas, se establece que la presidencia de la comisión será de esta última cartera.

Sin embargo, la suspicacia ideológica está en los supuestos y las preguntas detrás de la creación de la comisión.

En primer lugar, para establecer una comisión sobre desinformación, se asume la tesis de que hay una campaña organizada destinada a tal efecto social, más allá de las posiciones y de las líneas editoriales (por extremas que sean) de los medios de comunicación o de las redes sociales.

Aunque pueda haber bases para ello (Cambridge analytics puede ser una prueba), el supuesto siguiente es que la desinformación proviene de una sola fuente: la ultraderecha, asociado quizás a las teorías de Chomsky y Timsit en torno a las estrategias de manipulación mediática de los poderes fácticos.

De acuerdo con ello, la izquierda no es fuente de desinformación organizada. Pero, ¿y el régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro, en Venezuela? ¿Y Corea del Norte? ¿Y Cuba? ¿Y Nicaragua? ¿Y Cristina Fernández en Argentina? Se dirá que, en rigor, algunos de esos ejemplos no son de “izquierda” (aunque las izquierdas latinoamericanas se esfuerzan por saludarlos y defenderlos, ante el solo argumento de que se oponen al “imperialismo” norteamericano).

Lo único que prueban esos ejemplos, es que la desinformación no tiene bandera cuando se trata de manipular y de obtener poder para algunos. La desinformación como fenómeno sólo obedece al poder.

El problema con la desinformación, en tanto fenómeno, es que no es posible combatirlo más que con educación, porque cualquier vía gubernamental que lleve al control o sanción de las líneas editoriales por medios que vayan más allá de las leyes penales (contra la injuria o la calumnia), están a sólo milímetros de la censura y de transgredir la libertad de expresión.

Y es que el concepto mismo de desinformación que se busca combatir es extremadamente ambiguo. Sólo por plantear algunas dudas… ¿desinformación de qué?

Asumir que hay desinformación implica que los ciudadanos carecen de información sobre algo, o que tienen información errónea. ¿Quién y cómo determina qué información es la que es meritoria de tener por parte de los ciudadanos?

Tan importante como eso, ¿cómo se mide esa supuesta desinformación? O sea, ¿cómo sabe que los ciudadanos estamos desinformados (que nos falta información o que tenemos información errónea)? ¿Por el resultado electoral, por ejemplo?

Porque tras el 4 de septiembre de 2022 y tras el 7 de mayo de este año muchos señalaron que la gente votó desinformada, que el resultado se debió a campañas mediáticas. ¿Podríamos llegar a cuestionar un proceso electoral afirmando que los votantes estaban “desinformados”?

Si uno afirma que determinados grupos sociales están desinformados, se asumiría como deber del Estado el proveer de esa información. Se entiende en esa lógica el que la Comisión Asesora recién creada tenga por misión proponer políticas públicas.

Bajo esa lógica, ¿cuáles serían las vías de intervención cuando el Estado detecte que hay desinformación? ¿Bajo qué criterios? Evidentemente la desinformación, como supuesto acto deliberado por parte de un agente particular o una organización, es detectable ex post, una vez que se ha desarrollado.

De tal manera que, si un Estado quisiera controlar la desinformación tiene dos vías: o cerrar la fuente de supuesta desinformación (clausurar redes sociales o medios o sancionarlos), o generar mecanismos preventivos para evitar la desinformación (censura). La tercera vía es de largo plazo y para ella no se requiere una comisión asesora: es educación y alfabetización en el uso de las redes. Tiene que ver con cultura.

La creación de una comisión para estos efectos despierta demasiadas dudas y las circunstancias de su conformación no las despejan.