El asesinato de Marielle Franco continúa en la impunidad

Por Fernando de la Cuadra[1].- El próximo 14 de marzo se cumplen cinco años de uno de los crímenes políticos más brutales desde la redemocratización del país. Ese día fueron cobardemente asesinados la concejala socialista Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes en una emboscada perpetrada por dos miembros de la Policía Militar del Estado de Rio de Janeiro, que operaban como sicarios de una organización criminal de milicianos con sede en Rio das Pedras conocida como “Escritorio del crimen”. Los dos asesinos, Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz, siguen presos a la espera del juicio que será realizado con la participación de un jurado popular.

Desde esa fecha, ni los investigadores policiales ni la justicia brasileña han conseguido aclarar la siguiente pregunta: ¿Quién mandó matar a Marielle Franco y por qué? A pesar de que está demostrado el fuerte vínculo que existe entre estos dos ejecutores con la familia Bolsonaro, hasta ahora la Policía Federal y la justicia no han podido recoger las pruebas necesarias y suficientes que permitan conocer quiénes son los mandantes del crimen ni establecer fehacientemente la participación del Clan Bolsonaro en la planificación y financiamiento del asesinato.[2]

En parte, ello se debe a un conjunto de obstáculos que se han interpuesto durante toda la gestión del ex capitán (2019-2022) para que los investigadores puedan efectuar su tarea de la manera más acuciosa y detallada posible, con el objetivo de conocer los motivos de los mandantes y la cadena de responsables que existen hasta que se consumó la ejecución del crimen. En estos cinco años, las pesquisas avanzaron a un ritmo extraordinariamente lento y aparte de los dos acusados por haber realizado el asesinato, no existen más personas siendo procesadas. Sin embargo, hoy se sabe positivamente que quienes realizaron este “servicio” estaban obedeciendo órdenes de miembros de una estructura superior que decidió eliminar a la concejala.

El actual Ministro de Justicia, Flavio Dino, declaró recientemente que “existen muchos indicios de que los ejecutores no actuaron solos. Por eso es muy importante retomar y concluir las investigaciones para que haya Justicia plena y también para que todos entiendan que las discrepancias políticas se resuelven en el voto y no a balas, como algunos infelizmente creían y todavía creen”.

El crimen de Marielle Franco representa un caso emblemático de asesinato político. Su muerte impactó no sólo a sus electores de Rio Janeiro, como a todo el país y hasta una buena parte del planeta que tuvo conocimiento de esta barbaridad cometida contra una mujer negra, feminista, luchadora incansable por los derechos humanos de las poblaciones más pobres y vulnerables que habitan en las áreas periféricas de esa ciudad. Desde que fue electa en 2016, Marielle Franco tuvo una actuación destacada en la defensa de la población pobre, negra y LGBTQIA+ que vive en las comunidades y barrios de la Baixada Fluminense.

Ella era una figura en ascensión en el mundo de la política, muy carismática y querida en los territorios donde actuaba. Por lo mismo, se proyectaba con mucha fuerza como una gran líder estadual, que la podría haber llevado a disputar con propiedad un cargo como senadora o inclusive como gobernadora de Rio. No solamente realizaba una labor extraordinaria entre sus electores, sino que también se fue transformando en una referencia nacional entre todos aquellos que eran y siguen siendo objeto de discriminación y violencia desmedida por parte de las fuerzas policiales y las milicias.

Los casos de asesinatos sumarios o de masacres perpetradas por parte de las diversas policías (Federal, Civil, Militar, Rodoviaria) se acumulan por decenas a través de los años. El 6 de mayo de 2021, una tropa de la policía civil de Río de Janeiro entró en la comunidad de Jacarezinho y mató, sin derecho a juicio ni amparo, a 27 personas, todos hombres jóvenes, negros y pobres. La mayoría de estas personas fue ejecutada sumariamente, con disparos en la nuca después de haberse rendido.

Algunos casos tienen mayor cobertura periodística, como fue el desaparecimiento en julio del 2013 de Amarildo de Souza desde el interior de una Unidad de la Policía Pacificadora (UPP) en la favela de la Rocinha[3] o el más reciente asesinato de un conductor de motocicleta en Sergipe, Genivaldo Jesús dos Santos, quien fue asfixiado por gas lacrimógeno liberado dentro del portaequipaje del furgón de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), cuando ya se encontraba esposado dentro del vehículo. El asesinato de Genivaldo impactó a todos por la crueldad infringida contra un prisionero totalmente reducido, sin medios de protección y por el cinismo de los policiales que negaron hasta último momento el uso de gas para asfixiarlo, lo cual fue desmentido posteriormente por las cámaras que filmaron toda la acción criminal de esos miembros de la PRF.

Si Marielle estuviera viva, ciertamente estaría en la línea de frente denunciando estos crímenes bárbaros y los intentos del poder público de ocultar muchos de esos asesinatos. En su disertación del Magister en Administración Pública[4], Marielle ya mostraba con mucho rigor teórico y abundante información, la política de exterminio practicada por el Estado brasileño en contra de comunidades vulnerables, antes y después de la instalación de las UPPs en 38 favelas del estado de Rio. En una parte de sus conclusiones Marielle advertía que “en el campo de la seguridad pública, se presenta la necesidad de alterar el modelo sustentado en la policía por uno sustentado en otra práctica, con relación al espacio público, con una nueva visión de la ciudad basada en los derechos y en las personas”.

Ciertamente, esta visión y las acciones desplegadas por Marielle en el mundo popular, incomodaron a muchos policiales, milicianos, traficantes y agentes del Estado cómplices de la criminalidad en dichos espacios, incluida la familia Bolsonaro que hasta ahora mantiene estrechos vínculos con facciones de milicianos que controlan gran parte del territorio de Rio de Janeiro. Es emblemático en este sentido, que uno de los seguidores más incondicionales de Jair Bolsonaro, el ex diputado Daniel Silveira[5], utilizó una foto bestial en su campaña. En dicha imagen -que se hizo viral posteriormente- se puede ver a Daniel Silveira junto a otro candidato a diputado (Rodrigo Amorim) destruyendo una placa en homenaje a Marielle Franco ante cientos de personas que lo vitoreaban.

Lo anterior no hace más que confirmar el odio que genera entre la ultra derecha, las policías, los narcotraficantes y las milicias, el papel desempeñado por Marielle y otros activistas como ella en el resguardo de las comunidades pobres de Rio de Janeiro. Estos delincuentes consiguieron capitalizar el miedo de muchos electores de zonas ocupadas por el narco o las milicias para elegirse diputados o senadores en las elecciones de octubre de 2018, empujados también por la onda creciente del bolsonarismo. En ese sentido, el crimen de Marielle Franco fue uno de los elementos que hacía presagiar la emergencia de una extrema derecha radical asociada con las actividades ilegales en el país.

Existe un proverbio que nos recuerda que “la justicia tarda, pero llega” y, en este caso, ello no ha sucedido hasta ahora. Después de cinco años en la impunidad, los mandantes de este crimen cobarde se mantienen en el anonimato. Quizás estemos cada vez más cerca de conocer la verdad sobre dicho atentado, a la luz de todos los elementos probatorios que se han ido acumulando a lo largo de este periodo de investigaciones y porque actualmente existe una mayor voluntad por parte del Ejecutivo para aclarar las diversas aristas del asesinato, descubrir a sus mandantes y a sus financiadores. De ello va a depender la credibilidad que pueda recuperar (aunque sea un poco) el cuestionado sistema policial y judicial brasileño.

Notas

[1] Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.

[2] Después del asesinato, uno de los ejecutores, Élcio Queiroz, fue al Condominio Vivendas da Barra, lugar donde habitaba Jair Bolsonaro y le pidió al portero hablar con el habitante de la casa 58 de ese condominio. El entonces diputado Bolsonaro se encontraba en ese momento en Brasilia y la reunión no se llevó a cabo. Luego, el portero –que es originario de Rio das Pedras– desapareció y hasta ahora no se conoce su paradero o si aún está vivo.

[3] Hasta ahora el cuerpo de Amarildo se encuentra desaparecido y la información que se tiene en la actualidad es que él fue carbonizado y sus cenizas esparcidas en un sector de la floresta próxima a la favela Rocinha.

[4] La disertación de Marielle Franco -que posteriormente fue publicada-, se titula “UPP: la reducción de la favela a tres letras: un análisis de la política de seguridad pública del Estado de Rio de Janeiro”. São Paulo: n-1 ediciones, 2018. 160 p.

[5] Actualmente, él se encuentra preso por orden del Supremo Tribunal Federal por desobedecer diversas medidas cautelares, entre las cuales el uso obligatorio de una tobillera electrónica, que Silveira retiró sin consultar previamente a la Justicia. Anteriormente Silveira había sido condenado a ocho años de prisión por realizar agresiones verbales y proferir graves amenazas contra los integrantes del Supremo Tribunal Federal. No obstante, esta condena obtuvo el indulto del entonces presidente Jair Bolsonaro.