Por Bernardo Javalquinto.- El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Chile, ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), se sitúa consistentemente en rangos cercanos a los 35.000 dólares (cifras de 2024), una cifra que lo posiciona como una de las economías más ricas de América Latina y a la par con algunos países de la OCDE. Sin embargo, tal como señala la crítica popular, este dato choca violentamente con la realidad experimentada por la mayoría de la población: más del 60% apenas logra llegar a fin de mes, constreñido por salarios estancados, un alto costo de vida y una macroeconomía incierta.
Como expertos en el cruce de la economía, la sociología y la antropología, sostenemos que el PIB per cápita es una métrica necesaria, pero profundamente insuficiente y engañosa para medir la justicia social. Su uso acrítico perpetúa una narrativa de éxito macroeconómico que ignora la injusticia distributiva y la precarización estructural que define la experiencia chilena. La justicia social no se mide por la riqueza agregada, sino por la distribución y las oportunidades.
Desde la economía distributiva, el error fundamental reside en confundir la media con la mediana. El PIB per cápita es una media aritmética que divide la riqueza total generada por el número de habitantes. En sociedades con alta concentración de ingresos, esta media es distorsionada por las rentas del 1% más rico.
La realidad del ingreso de la fuerza laboral se refleja mucho mejor en la renta mediana. Si el ingreso per cápita bordea los 35.000 dólares (PPA), la renta mediana de los trabajadores es significativamente inferior, evidenciando que la mitad de los chilenos gana mucho menos que el promedio.
Esta disparidad se cuantifica a través del Coeficiente de Gini, que, aunque ha mostrado mejoras en las últimas décadas, se mantiene en niveles altos (alrededor de 0,43 en 2022) en comparación con el promedio de la OCDE. Este valor indica que una porción muy pequeña de la población concentra una parte desproporcionada de la renta nacional (el 10% más rico concentra más de un tercio de los ingresos).
A esto se suman factores macroeconómicos actuales que exacerban la precariedad de las mayorías:
La sociología de la estratificación examina cómo el sistema económico traduce la desigualdad de ingresos en desigualdad de oportunidades rígida. En Chile, la alta concentración de la riqueza no solo afecta el flujo de caja mensual, sino que determina el destino social de las personas.
El gran drama social no es la pobreza extrema (que ha disminuido), sino la vulnerabilidad crónica de la clase media. El 60% de la población, pese a trabajar y a veces tener títulos profesionales, depende de salarios insuficientes para acceder a vivienda digna, educación de calidad, pensiones adecuadas y salud privada en caso de emergencia, sin incurrir en endeudamiento aplastante.
La desigualdad en Chile es estructural. El sistema de previsión, salud y educación, diseñado bajo principios subsidiarios, obliga a las familias a realizar gastos esenciales con cargo a su propio bolsillo. Los salarios insuficientes se destinan a pagar servicios privatizados, impidiendo el ahorro, la inversión familiar y el ascenso social real.
La antropología política y económica exige ir más allá de los números para analizar la experiencia vivida (habitus) y el significado cultural de la riqueza y la precariedad.
La narrativa de los 35.000 dólares de PIB per cápita, impulsada por las élites, funciona como un “marco de referencia hegemónico” que niega la legitimidad del descontento. Se le dice al chileno de a pie que vive en un país “rico”, lo que genera una doble frustración:
Este quiebre entre la métrica macroeconómica abstracta y la microeconomía de la subsistencia diaria alimentó el estallido social de octubre de 2019. No fue una protesta por pobreza absoluta, sino por dignidad precarizada y percepción de injusticia estructural.
Conclusión: Redefiniendo la Justicia Social
La afirmación de que en Chile hay justicia social basándose en un PIB per cápita de 35.000 dólares es indefendible desde cualquier enfoque serio de las ciencias sociales. El PIB per cápita mide la capacidad productiva del país, pero no su capacidad distributiva ni la calidad de vida de sus ciudadanos.
La evidencia económica demuestra la distorsión del promedio frente a la mediana; la sociología explica cómo esta brecha se consolida en una estructura social rígida y precarizada; y la antropología muestra el profundo costo humano y simbólico de vivir en vulnerabilidad crónica.
La justicia social requiere métricas que reflejen el bienestar de la mediana (salario mediano, acceso equitativo a servicios sociales) y no solo la riqueza acumulada en la cúspide. La negación de esta realidad por parte de las estadísticas promedio sigue siendo una fuente de conflicto en la sociedad chilena.
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