Por Emilio Oñate.- Los representantes de las distintas fuerzas políticas avanzan en la definición de las bases o principios a tener en cuenta para la elaboración de un nuevo texto constitucional y lo hacen en un contexto que, en general, parece de entendimiento y buena voluntad, teniendo a la vista que esta será seguramente la última oportunidad para tener una nueva Carta política que represente el sentir mayoritario de la ciudadanía.
Es verdad que en estas tratativas se han abordado algunas cuestiones de fondo o, más bien, sustantivas que, en estricto rigor, debieran ser parte de la discusión constituyente propiamente tal; aspectos como la forma del Estado (Estado Unitario) o el reconocimiento y tutela de ciertos derechos y libertades (como el derecho de propiedad, la libertad de conciencia o la igualdad, dan cuenta de aquello). Sin embargo, existen razones para haber llegado hasta aquí.
El triunfo por sobre un 60%, de la opción que rechazó la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional indudablemente generó un efecto atenuador en las aspiraciones refundacionales de algunos sectores. Sin embargo, estas diminuciones de expectativas transformadoras no deben llevarnos a confusión: las causas del estallido social están aún muy presentes en la sociedad chilena, lejos de superarse o disiparse. La desigualdad, la concentración de la riqueza, la desafección hacia las instituciones y la desconfianza hacia los mercados, están muy presentes y de seguro se harán más patentes en un contexto de contracción económica como el actual. Por ello, el definir antes de entrar en la elaboración del nuevo texto constitucional un modelo de Estado social y democrático de derechos si bien invade las funciones propias de una futura instancia constituyente, es una buena señal hacia donde debe encaminarse la reflexión constitucional por cuanto le impone al Estado y sus organismos, una participación activa en el aseguramiento de los derechos sociales para disminuir las inequidades que persistentemente afectan nuestra convivencia.
El Estado social y democrático de derecho se sustenta en el principio de solidaridad y en la redistribución como elementos que buscan la corrección de las desigualdades. Asume que el Estado es un actor relevante en el quehacer social y, por consiguiente, interviniente en las distintas esferas de la comunidad como la economía, entiende que los poderes públicos y, en especial, el Ejecutivo asumen la responsabilidad de otorgar a los ciudadanos prestaciones y servicios adecuados para la satisfacción de las necesidades vitales, lo que la doctrina alemana denominó la “procura existencial”.
Es decir, este modelo reconoce al mercado no reniega de él, sin embargo, éste se encuentra supeditado al Estado, con una fuerte interacción entre ambos. La subsidiariedad es reemplazada por la solidaridad y el Estado contribuye al diseño e implementación de políticas públicas tendientes a disminuir desigualdades, democratizando la sociedad.
Por ello, el proceso constituyente no puede ser entendido como un simple maquillaje al diseño institucional que hoy nos rige, debe entenderse como la necesidad de tener un nuevo texto político, en mi opinión, la consagración de un Estado social y democrático de derecho avanza hacia esa dirección.
Emilio Oñate Vera es decano de la Facultad de Derecho y Humanidades en la Universidad Central
