El Estatuto Chileno Antártico y los desafíos de la otra frontera

Por José Orellana Yáñez y Sebastián Sánchez.- Actualmente la atención de la opinión pública nacional e internacional, a propósito de los temas fronterizos, se concentra en la relación entre los procesos migratorios lícitos e ilícitos con las “zonas de fronteras”, “espacios de fronteras”, “zonas transfronterizas” o “límites fronterizos” (este último, expresión geo-matemática institucionalizada en tratados fronterizos y las otras entendidas como interrelación entre actores, instituciones, personas y la territorialidad/espacialidad correspondiente entre una soberanía estatal y otra). Es aquí donde se constata cómo el capitalismo global, regional y nacional opera en algunas de sus manifestaciones, concentrando la atención antes consignada.

En estos territorios están los refugiados que huyen de los conflictos violentos, también los migrantes buscando mejores oportunidades de vida, pero que, por normativa o bien por definiciones políticas, se les impide el paso, logrando verdaderas ciudadelas temporales terrestres y marítimas, donde habitualmente se vulneran los derechos de las personas^[1]. Es desde aquí que se construyen discursos funcionales para campañas políticas y electorales, que justifican la distancia del otro, no sólo como un desconocido, sino que como una expresión negativa para un nosotros o para un yo^[2]. Algunos estados europeos han dado cátedra sobre esta situación (disminución de las fuentes de trabajo, evitar terrorismo, entre otros motivos). EE UU v/s México y Latinoamérica en general ha dado otra cátedra, no sólo con Donald Trump y su muro, sino que como Política de Estado permanente estadounidense. Antes de Trump, ya había muro, éste sólo aprovechó la coyuntura para ganar adeptos, por lo menos en su primera elección^[3].

Chile a su escala, no ha estado exento. “Ordenaremos la casa”, indicaba el candidato Sebastián Piñera en su segunda campaña para llegar a la primera magistratura del Estado y Gobierno chileno. Ya instalado en ella, durante su primer año de mandato, cumplió lo que dijo que cumpliría respecto de los migrantes haitianos. Y en un acto de compromiso democrático y solidario desde sus matrices políticas e ideológicas, creó una visa específica para el pueblo venezolano que migraba hacia Sudamérica (la visa democrática), hecho que nos recordó que la frontera norte no sólo estaba presionada por la clásica migración peruana o ecuatoriana, sino que ahora por venezolanos y venezolanas^[4].

Lo anterior y varios muchos otros casos, concentran la atención de una opinión pública, siempre tan perceptiva respecto de realidades que atentan contra los derechos humanos. Sin embargo, cuesta visibilizar otras realidades, o bien, percibirlas como importantes, cuando no se observan estos fenómenos. La frontera austral de Chile, muy rara vez capta esa atención en la opinión pública, sin perjuicio de que en 1978, estuvimos ad portas de un conflicto armado con la vecina Argentina por las islas Picton, Nueva y Lenox y la proyección de navegalidad del Canal Beagle, junto con el límite marítimo que se institucionalizó en 1984, donde el Vaticano tuvo protagonismo de primer nivel diplomático^[5]. Tampoco se encuentra en la retina de la opinión pública el pendiente fronterizo que también se tiene con Argentina respecto del último trazo de la poligonal que delimita y demarca Campos de Hielo Sur. Por lo tanto, la noticia de que Chile avanzó en consolidar un “Estatuto Chileno Antártico” que entregaría un marco referencial novedoso de cómo consolidar la pretensión soberana chilena sobre el continente helado, no fue una cuestión que hiciera que la opinión pública se interesara intensamente.

Uno que otro medio le entregó cobertura, una que otra opinión se manifestó positivamente sobre este acto geopolítico en el cual avanzó el Estado chileno. Pocos repararon cuando, en cadena nacional de los noticieros de Chile (por lo menos en el Canal Nacional^[6]) el Presidente de Chile a bordo de una embarcación de Guerra desde el Estrecho de Magallanes, daba cuenta del avance-promulgación del estatuto, flanqueado por sus nuevos y flamantes ministros de RR.EE, Andrés Allamand y el de Defensa Nacional, Mario Desbordes, más el de Ciencias y Tecnología, Andrés Couve, estando también la representación del Ministerio del Medio Ambiente, además. Pocos repararon que junto con la gestión del gobierno, se manifestó unánimemente todo el Congreso Nacional por consolidar este estatuto (en sus dos cámaras), lo que supone ser el marco referencial para la creación de nueva y más política pública sobre esta territorialidad que pretende Chile incorporar a su soberanía, teniendo al Tratado Antártico como piedra angular del mismo. De hecho, podría indicarse que es parte del código geopolítico permanente como una política de Estado.

Se afirma que es una síntesis y ordenamiento de normativa dispersa sobre los temas antárticos, la cual, vendría a mejorar las coordinaciones de los actores clásicos que han estado anclados a tales materias, como son los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa con sus agencias específicas. Se agrega el Ministerio de Ciencias y Medio ambiente y más importante aún, se agrega un actor sub-nacional, como es el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica chilena, cuestión explicable únicamente por el exacerbado centralismo del estado y sistema político chileno. Siendo verdad lo anterior, hay que consignar que se agregan otras herramientas que tienen que ver con instrumentos de planificación para el desarrollo de esa territorialidad en áreas diferentes pero todas apuntando a la integralidad. Se visibiliza que presupuestariamente deberían inyectarse recursos, no sólo desde la sectorialidad consignada, sino que desde el gobierno regional. Los desafíos en estas materias no son pocos. Pasar del dicho al hecho es parte de nuestra identidad, ya que mucho de lo que se declara, poco se termina concretando.

El estatuto consignado, y su escasa cobertura ¿sólo da cuenta de que esta frontera nacional no genera el morbo que sí generan las otras a propósito de la vulneración de derechos humanos?, o ¿será que el tránsito de un imaginario nacional referido a que Chile era una larga y angosta franja de territorio a uno de tricontinentalidad (posesiones soberanas en Sudamérica, Oceanía con Rapanui y Antártica continental) y proyección oceánica asociada, aún no calan en las elites públicas y privadas en la profundidad ad hoc para pasar de una cadena nacional por un noticiero, a una cadena nacional en forma para dar cuenta del hecho?

Pero, además, existe otro desafío todavía más complejo (una quimera indicarán varios y varias), como los imaginarios de ambos Estados, que podría avizorárseles como factores explicativos de una escalada de conflictos, a propósito de las agendas nacionalistas y de política de coyuntura, se colocan en una clave de acercamiento o de integración profunda, teniendo como antecedente la existente, para enfrentar lo que históricamente han enfrentado las periferias latinoamericanas en general y parte del CONOSUR, en particular, cuando hay que relacionarse con las estrategias geopolíticas de los estados centrales, los cuales, coordinados con las empresas o corporaciones transnacionales, han hecho de los territorios consignados su cantera de riqueza provocando la pobreza de Chile y Argentina.

Desde la geopolítica convencional, o bien desde el realismo político en cualquiera de sus expresiones, tal pretensión es compleja, si es que no, imposible de implementar. Pues bien, quedaría entonces contribuir a girar los códigos geopolíticos de ambos Estados y asumir otras recomendaciones de la teoría de las relaciones internacionales para que se avance en agendas de integración y acercamiento de ambas unidades geopolíticas, porque desde las clásicas, el resultado es conocido y asegurado. Y si a eso se le agrega el tema no resuelto de Campos de Hielo Sur, la situación se problematiza aún más. En esta clave, el fortalecimiento del gobierno regional por medio de este estatuto, al alero de las reformas de descentralización, debiese ser cosa buena. Ahora, habría que agregar un fortalecimiento por los gobiernos locales y los diversos actores institucionales y sociales que se encuentran involucrados en esa territorialidad gestionando desarrollo para aspirar en el mediano plazo a que se logre este giro en beneficio de la patria toda, y en específico para la región, que no caben dudas, son muy distintos a la percepción que se tiene desde el centro del país.

José Orellana Yáñez es Geógrafo, Cientista Político y Doctor en Estudios Americanos. Docente Escuela de Ciencia Política UAHC.

Sebastián Sánchez es Historiador, Doctor (c) en Estudios Americanos con Especialidad en Estudios Internacionales USACH. Máster en Historia Contemporánea.