ElPensador.io.- El estado de guerra institucional entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, luego de un fallo en que se abre la puerta a la posibilidad de cuestionar los fallos de esta última instancia, es apenas el detonante de lo que se transformará en un conflicto de mayor calibre y que puede escalar hasta niveles insospechados.
Analicemos. El fallo del ministro Sergio Muñoz, respaldado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, no es apelable y no es silenciable. El pleno del máximo tribunal no puede quitarle el piso ni invalidarlo. De modo que la controversia no puede ser solucionada ni con una disculpa ni con la renuncia de Muñoz y o de quienes le acompañaron.
El Tribunal Constitucional tampoco no da su brazo a torcer y se afirma en la Constitución para establecer que sus decisiones no pueden ser apeladas ni revisadas bajo ninguna circunstancia.
Si no hay solución pronta, la Corte Suprema se comenzará a llenar paulatinamente de causas del TC sobre las cuales se puede pedir una apelación. Además, nadie podría invalidar a la Suprema, porque significaría una crisis institucional mayor.
¿Cuál es el único camino posible? La intervención del Ejecutivo, impulsando una reforma constitucional lo antes posible. Esta vía, sin embargo, significa una nueva camisa de once varas. Por una parte, se corre el riesgo de que frente a la posibilidad de un cambio la oposición intente someter a la Carta Fundamental a un cambio mayor (después de todo, el apuro es del gobierno); por otra parte, cualquier modificación que implique modificar la esencia del Tribunal Constitucional es un disparo al corazón del documento creado durante el régimen de Augusto Pinochet.
Durante el fin de semana llamó la atención cómo en los medios tradicionales se sumaban editoriales y columnas criticando lo que se calificó como “irresponsabilidad” de la Suprema, y el elemento de fondo que se traslucía era la defensa de la Constitución.
Si el Ejecutivo interviene con una reforma constitucional, necesariamente deberá tomar una postura sobre el fallo de la Suprema y el camino que tome significará mayores conflictos e incluso podría ser seriamente cuestionado… ¿Qué legitimidad tendría una solución desde el gobierno? ¿Qué señal daría el hecho de que el equilibrio de poderes se zanje con un golpe de timón desde La Moneda? ¿Qué costos y transacciones tendrá para el Ejecutivo tener que tomar una decisión?
Con su fallo, la Tercera Sala de la Corte Suprema ha hecho que el gobierno entre a un laberinto, donde le puede esperar un desenlace inesperado y del que no puede salir con alas de cera.
